Pleito a la vista

La excarcelación de los siete “voceros de paz” que el Gobierno designó, entre los que se encuentran varios integrantes de la llamada ‘primera línea’ que cometieron delitos en el marco de ola de paros del año pasado así como acusados por invasión de tierras, podría verse interrumpida en próximos días. Según trascendió, si bien ya esta semana comenzó la salida de la cárcel de algunos de los “voceros” que designó el presidente Gustavo Petro, un grupo de abogados y constitucionalistas está preparando una demanda contra el decreto que permitió al Ejecutivo proceder a sacar de la cárcel a estos sindicados. También están en redacción sendas acciones de tutela de víctimas de algunos de los delitos imputados a los siete procesados.

Expectativa judicial

Esta semana comenzó el periodo de vacancia judicial y uno de los temas que primó hasta última hora en las altas Cortes fue el relativo a cuándo comenzará en firme el proceso de estudio y consenso con miras a una nueva reforma a esta rama del poder público. Ya días atrás el presidente Petro y el titular del Senado, Roy Barreras, insistieron en la necesidad de empezar a pensar en una reforma judicial, que podría llevarse al Congreso el próximo año. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene la palabra al respecto.

Política contra hambre

No para el debate sobre el aumento de las muertes de niños por desnutrición, sobre todo en La Guajira. No solo se le piden más acciones contundentes al Instituto de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, sino también hay voces que señalan que el Congreso está ausente en la búsqueda de una solución a esta grave circunstancia. Incluso desde la oposición se acusó al gobierno Petro de estar incumpliendo una de sus principales banderas de campaña, “hambre cero”. De inmediato replicaron desde la coalición parlamentaria oficialista, trayendo a colación que hay proyectos de ley en esa dirección. Recalcaron, incluso, que ya fue aprobado, en la última semana de este primer tramo de la legislatura, en cuarto debate, el proyecto de acto legislativo que busca redimensionar la lucha contra el hambre y la desnutrición, estableciendo para ello una política pública de seguridad alimentaria.

Reforma a mitad de camino

La iniciativa es del partido de La U, que hace parte de la coalición de gobierno petrista. Según el senador Alfredo Deluque, en lo corrido del 2022 el número de muertes infantiles por desnutrición en Colombia se incrementó en un 92%, de acuerdo con las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. Esto, recalcó el congresista, implicaría que este año nuestro país alcanzará la cifra más alta de muertes por desnutrición infantil en el último lustro. Obviamente La Guajira es el departamento más crítico, ya que allí se concentra una cuarta parte de los fallecimientos en menores entre los 0 y 5 años de edad.

Derecho constitucional

De esta forma, la citada reforma constitucional, que deberá surtir los restantes cuatro debates a partir de marzo en el Parlamento, ajusta el artículo 65 de la Constitución, estableciendo la obligación del Estado de dirigir sus políticas hacia el aseguramiento del derecho a la alimentación, la protección contra el hambre y la desnutrición y la promoción de condiciones de seguridad y soberanía alimentaria en el territorio nacional. En ese orden de ideas, el proyecto busca garantizar una infraestructura pública adecuada que provea agua a las comunidades para que puedan cultivar sus alimentos, se generen procesos de auto sostenibilidad y se construyan carreteras y vías terciarias para que entre el Estado y puedan ingresar las ayudas técnicas.