Con veeduría internacional
El anuncio de los gobiernos de Colombia y Venezuela en torno a investigar la veracidad de las denuncias del extraditado condenado líder ex paramilitar, Salvatore Mancuso, sobre la existencia de no menos de 200 fosas comunes de víctimas de esos grupos armados en territorio del vecino país, tuvo eco en la oposición al chavismo. Por ejemplo, la coordinadora política de Primero Justicia, Karim Vera, exigió que se haga una investigación transparente y se incorporen representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos para esclarecer la denuncia hecha por Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Crisis en Táchira
Vera, que también es diputada por el estado Táchira (fronterizo con Colombia), denunció que “tenemos años denunciando las asociaciones criminales que no sólo se mantienen en las llamadas trochas, sino que ha trascendido a gran parte del estado Táchira, entre grupos irregulares y funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos que hacen vida en la frontera y hasta la fecha no ha ocurrido una demostración real por acabar con las bandas que aún se mantienen en las zonas. No es un secreto cómo mujeres, ancianos, niños y hombres han sido víctimas no solo de hurto, sino hasta de secuestro por parte de grupos paramilitares que operan en los sectores a la vista de uniformados y el silencio ha sido la única respuesta para todas esas personas”.
Contrastes con Rusia
Y hablando de los gobiernos Petro y Maduro, un analista político llamaba la atención sobre las posturas contrarias de ambas administraciones esta semana frente a Rusia. En Colombia, como se sabe, el Presidente ordenó enviar una nota de protesta a la embajada de Moscú en Bogotá por el bombardeo de las fuerzas de ese país a una ciudad en Ucrania, en donde resultaron heridos tres ciudadanos de nuestra nación, encabezados por el ex alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. En contraste, la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, de la asamblea venezolana, dominada por el chavismo, ratificó esta semana su apoyo y solidaridad al presidente ruso Vladimir Putin ante lo que calificaron como el intento de golpe de Estado promovido por la empresa privada de seguridad Wagner.
Velásquez y Salamanca
Tras la advertencia que hiciera esta semana la procuradora general Margarita Cabello en torno al aumento de casos de homicidios y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla, lo que en criterio de la jefa del Ministerio Público evidencia que las medidas y acciones de las autoridades competentes no han sido suficientes para disminuir la criminalidad en la región, trascendió que varios congresistas del Atlántico de distintos partidos citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como al director de la Policía, general William René Salamanca, para que expliquen por qué no han funcionado las medidas de seguridad que se adoptaron en el último consejo de seguridad en esa capital.
Cifras impactantes
Las cifras son impactantes: según el ente de control disciplinario el homicidio aumentó en los primeros tres meses del 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, registrando en el 2021 un total de 140 casos, mientras que en el mismo periodo de 2022 se presentaron 171 homicidios. Ya en el 2023, en el primer trimestre del año fueron 201 casos. Igualmente, frente al delito de extorsión, en el 2021 se presentaron 125 casos, en el 2022 fueron 283 y en el 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos. De estos, 243 en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y 5 en Puerto Colombia.