Instalación 20 de julio

A raíz de la nota publicada en esta sección ayer respecto a cómo podría ser la ceremonia de instalación de la tercera legislatura el 20 de julio, ante la dificultad de hacerla de manera presencial en el Salón Elíptico del Congreso debido a las limitaciones a las aglomeraciones que impone la pandemia, un experto constitucionalista le indicó a este Diario que “la clave” para resolver el dilema está en la misma Carta Política, incluso si se trata de realizar la ceremonia formal de manera virtual o en un recinto cerrado amplio o incluso en un campo de paradas militar o policial en Bogotá.

Dos artículos

“… Es simple: el artículo 139 establece que las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones”. Y dos: el artículo 140 señala que el Congreso tiene su sede en la capital de la República pero las “cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado”. Como estamos en Estado de Emergencia, Duque o el Senado pueden tomar la decisión.

“Blanco primario”

Un parlamentario del Centro Democrático tiene una llamativa explicación en torno a por qué el presidente Iván Duque tiene ahora mejor imagen que el expresidente Álvaro Uribe. Según el congresista, no es que al también hoy senador se le haya acabado el llamado “efecto teflón”, sino que hay una evidente “cruzada” contra el expresidente por parte de la oposición y los sectores radicales de izquierda, que lo tienen como “blanco primario”, ya que no pueden atacar a un Jefe de Estado a quien el país ve todos los días “poniéndole el pecho” a la crisis de la pandemia.

Ojo a demandas (I)

Un exministro de Justicia, según comentó un senador de la coalición oficialista, considera que el Estado colombiano no está preparado para abocar la instauración de la cadena perpetua para violadores, asesinos y secuestradores de niños, ya que las falencias del sistema judicial podrían exponer a la Nación a millonarias demandas por parte de las personas que sean condenadas a prisión de por vida pero luego puedan demostrar que no era culpables o que, por un tecnicismo jurídico o una violación evidente al debido proceso, se caigan las penas.

Ojo a demandas (II)

No hay que olvidar, según el parlamentario, que según las estadísticas de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación al comienzo de este año había más de 400 mil pleitos de particulares contra entidades del Estado, exigiendo reparaciones pecuniarias por encima de los 420 billones de pesos. Si bien en una parte los procesos se interponen por cuestiones laborales, la mayor parte tiene son demandas de acciones de reparación directa que tienen que ver con nulidad y restablecimiento del derecho debido a posibles errores cometidos por la justicia o agentes del Estado.