Comisión de Inteligencia

En medio de la crisis por el caso de la exniñera de Laura Sarabia, hasta ayer jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, varios congresistas pidieron la convocatoria urgente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, creada por la ley estatutaria 1621 de 2013 para que el Parlamento ejerza funciones de control y seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines establecidos en dicha norma. La célula está conformada por ocho congresistas (cuatro senadores e igual número de representantes a la Cámara), los cuales deben ser miembros de las Comisiones Segundas. En dicha comisión debe haber, por lo menos, un representante y un senador de los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno.

Habían dicho…

La actual presidenta de dicha comisión es la senadora del Pacto Histórico, Jahel Quiroga Carrillo, quien dijo, en el marco de un debate en marzo pasado, que en años anteriores responsabilizaron a la oposición de ser enemigos internos del Estado. “… Es claro que necesitamos de la inteligencia para proteger a nuestra población. Construir sobre lo ya construido significa no solo reformar la ley sino también reformar la cultura. Quienes ejercen la ley deben, ante todo, proteger al ser humano. La ley debe adaptarse a los estándares internacionales y, al tiempo, a la Seguridad Humana, concepto promovido por el gobierno Petro”, señaló.

Los asistentes

En ese mismo debate, la presidenta de la Comisión Segunda, senadora Gloria Inés Flórez, también del Pacto Histórico, planteó la necesidad de tramitar una ley de defensa nacional. En esa ocasión a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia asistieron el teniente coronel Fernando Guzmán Ramos y el mayor Alexander Malagón Aguillón, ambos en representación de la Inteligencia de la Policía Nacional;  y Luis Edmundo Suarez Soto, asesor del Ministerio de Defensa Nacional. No estuvo Manuel Alberto Casanova Guzmán, quien encabeza la Dirección Nacional de Inteligencia, pero sí algunos delegados de la entidad.

$10 billones en fallos

Cada vez que se habla de la jurisdicción fiscal, uno de los mayores debates se da en torno al cobro coactivo, es decir la capacidad del ente de control para hacer efectivas las multas que se imponen a quienes incurren en faltas al régimen fiscal. Actualmente hay una cartera de 10 billones de pesos para cobro coactivo, según lo indicó Yezid Lozano, contralor delegado para Responsabilidad Fiscal. En el marco de un programa radial de la entidad, Lozano dijo que, aunque la cifra de 10 billones de pesos es significativa, también es importante que las obras en donde se presentaron las anomalías se puedan corregir, recuperar y ser llevadas a buen término.

Lo recuperado

El Contralor Delegado aseguró que en los últimos ocho meses se puede entregar un parte positivo al país en lo que tiene que ver con la recuperación efectiva de una cifra de 316 mil millones de pesos, la cual supera el recaudo que se hizo en el anterior cuatrienio. “Hablamos de recuperación, porque esos dineros son fruto de los resultados del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría en virtud de las facultades que se le han otorgado”, sostuvo Lozano. Manifestó que la cartera recuperada se logra gracias a los hallazgos de los equipos de la entidad de control.