Muy preocupados se encuentran en el gremio minero-energético por las últimas decisiones de las altas Cortes judiciales que afectan a esa actividad que, con crisis de precios a bordo, continúa siendo una de las principales fuentes de impuestos y divisas. Por lo mismo, le pedirán al Gobierno una cumbre al más alto nivel con el Presidente, ministros, directores de agencia y organismos de control y superintendentes. La idea del gremio es que el Estado, como uno solo, les diga si hay seguridad jurídica para adelantar las actividades de la industria extractiva o si, por el contrario, se va a ir ahogando ese rubro económico. Los voceros del sector llevarán a esa posible reunión un estimado de las inversiones que hoy tienen ya en vigencia y la proyección sobre las que requerirán para los próximos diez años.
¿Nuevo Código?
Lo cierto es que en el alto gobierno hay una preocupación porque el sector minero y de hidrocarburos ha perdido seguridad jurídica en forma significativa en los últimos meses, razón por la cual parece que se desempolvará la idea de presentar al Congreso en la próxima legislatura un proyecto de reforma al Código Minero que defina, de una vez por todas, y atenido a las nuevas jurisprudencias de las altas Cortes, qué se puede hacer y qué no. No es fácil una compilación normativa de este aspecto, pero en el Ejecutivo consideran que solo cuando dicho Código esté en vigencia se podría garantizar un mínimo de reglas del juego para que las inversiones en el sector se atengan a un horizonte claro.
Primero, las consultas
Sin embargo, según se lo dijo a EL NUEVO SIGLO un importante empresario del sector minero-energético, “… no creo que tenga lógica empezar a hablar ahora de un nuevo Código Minero, que todos sabemos que hace falta desde hace cinco o seis años… Y lo digo porque si para aprobar dicho proyecto tenemos que meternos en el mismo carrusel de las consultas previas a comunidades afro e indígenas, entonces ese Código va a durar por lo menos dos años empantanado en el Congreso… No podemos avanzar en la nueva legislación para minería e hidrocarburos si antes no reformamos los mecanismos de consulta previa”.
Alerta por corrupción
La facultad que la Corte Constitucional les reconoció a los alcaldes y concejos municipales para que puedan declarar, dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, qué áreas de su territorio pueden ser excluidas de la actividad minera, es considerada por algunos exgobernadores y exalcaldes como “peligrosa” para la transparencia de las administraciones locales. “… No nos digamos mentiras, el fallo que le quitó la potestad exclusiva al Gobierno nacional para decidir sobre las explotaciones mineras y de hidrocarburos abre un boquete muy grande para la corrupción municipal, así muchos no quieran decirlo públicamente… Se imagina cuánto dinero pueden llegar a mover en materia de sobornos y coimas las empresas interesadas en que les dejen explotar aquí o allá, o los sectores que quieren que esas zonas sigan en uso de suelo agroindustrial o urbanístico”, precisó un exgobernador, que pidió la reserva de su nombre.