En defensa del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí. Nueva entrega de la alianza de EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

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Vivimos en un mundo frenético y contaminado, gobernado por una especie que está hecha de los materiales esenciales del universo: una especie de bípedos implumes con estructura molecular de carbono cuyo imperio es llamado el antropoceno o la “era del hombre”.

Esa era -que ya se acerca a los 70.000 mil años, a partir de la aparición del lenguaje, de acuerdo con Yuval Noah Harari- vive en la actualidad tal vez la última oportunidad de salvar la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos.

Vivimos un mundo que sufre duras crisis ambientales y las primeras consecuencias del cambio climático: en Beijing no se puede respirar sin máscara de gas; en el Pacífico Sur existe una “isla de plástico” tan grande como un continente; en EE.UU. y en Europa en cada cambio de estación se viven temperaturas inclementes; en los polos, tanto en el norte como en el sur, los glaciares se derriten más rápido que nunca; y en Suramérica, particularmente en Colombia, enfrentamos quizá el peor de todos los males ambientales: el avance terrible de la deforestación y contaminación de nuestra Amazonía.

Frente a los múltiples problemas que ha desatado el cambio climático y la contaminación del aire, el suelo y los mares, la comunidad internacional ha respondido con un gran llamado a la acción global con la suscripción del Acuerdo de París (2015). En Colombia, la Procuraduría General de la Nación ha tomado atenta nota de estas preocupaciones y para responder a ellas ha construido una estrategia integral llamada Acciones de Cambio por el Planeta (ACP).

En el marco de esta estrategia, coordinada por el Despacho del Procurador General y la Delegada de Asuntos Territoriales, se han planteado varias iniciativas para dimensionar de forma efectiva el mandato constitucional de protección del ambiente, las comunidades étnicas y los territorios. Uno de los principales objetivos de ACP es construir estrategias concretas de protección de la naturaleza, dentro de las cuales combatir la deforestación y la contaminación de la Amazonía es una de las prioridades.

Dentro de dichas iniciativas, que incluyen la protección de ecosistemas biodiversos (Amazonas, Pacífico, Sierra Nevada), la lucha contra el plástico de un solo uso y el cambio climático, entre otras, el litigio estratégico en temas socio-ambientales ha tomado un lugar central a partir del cual se realizan acompañamientos y coadyuvancias judiciales a procesos de construcción de acciones constitucionales sobre temas estructurales a nivel nacional con diversos pueblos étnicos que habitan regiones de gran biodiversidad en el país.

Jaguares de Yuruparí

Es así como, con el objeto de lograr la protección de los ríos amazónicos (entre ellos, el Apaporis) afectados por procesos de minería criminal, contaminación por mercurio y deforestación en la región del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, que comprende aproximadamente tres millones de hectáreas entre Amazonas, Vaupés, Guainía y Caquetá, y más de 30 etnias en la región Amazónica colombiana, hemos presentado una acción de tutela estructural, en asocio con la Fundación GAIA y la Clínica Jurídica de la Universidad de Los Andes, como forma de ejecutar una serie de acciones urgentes para salvar la Amazonía.

El papel de la Procuraduría en este proceso, en desarrollo de su mandato constitucional de defender y proteger los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables del país, ha consistido en asesorar el planteamiento, la estructuración y la redacción de la teoría del caso y de la acción de tutela, así como del sistema de organizaciones acompañantes (ONG, centros de pensamiento, expertos y universidades), con el objeto de lograr una transformación en la forma en que se entiende la relación hombre-naturaleza y Estado-territorio, para proponer una reflexión en torno a la necesidad de construir un instrumento integral de protección que reconozca las complejidades de ambos procesos, incorpore los principales mandatos de la gobernanza y la paz territorial indígena y acerque a todos los actores a una relación armónica de interacción y respeto por la naturaleza.

En concreto, la finalidad de la acción de tutela es lograr que los jueces constitucionales reflexionen sobre la necesidad de crear, dentro de una estrategia de ordenamiento territorial, un instrumento integral de protección del territorio (entendiendo el territorio como un ser viviente que se nutre de las tradiciones y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas), la gobernanza y la autonomía indígena denominado el “macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí”, pensado desde la visión ancestral de sus pueblos, utilizando las herramientas que provee el derecho constitucional contemporáneo.

Tanto la motivación de la acción como las órdenes sugeridas parten de entender que es necesario que se tomen medidas urgentes para lograr la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al medio ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la integridad étnica y cultural, y al territorio de las comunidades amazónicas afectadas por procesos de minería criminal y deforestación. Medidas específicas en materia de ordenamiento territorial e integración de instrumentos de protección territorial que hagan posible y efectiva una transformación en la forma en que se dimensionan la biodiversidad, la tierra, los resguardos, los recursos naturales y la región Amazónica. 

Reflexiones

Una de las reflexiones éticas más importantes del siglo XXI es, sin duda, la protección de la naturaleza y, con ella, del planeta Tierra. Es indispensable que dicha reflexión sea abierta y participativa, que permita la construcción y articulación integral de nuevas herramientas de organización territorial pensadas desde los conocimientos ancestrales, los usos, las tradiciones y las cosmogonías de las comunidades étnicas que habitan las regiones con mayores problemáticas socio-ambientales, como alternativa de reforma a las actuales normas de ordenamiento. Ello porque en estas no existen medidas que permitan la protección de los territorios habitados ancestralmente por comunidades étnicas, así como tampoco existen instrumentos integrados de protección territorial en materia ambiental, de tierras y recursos naturales que permitan una organización armónica entre diferentes actores (urbanos, rurales, étnicos) de la región y el vasto y rico ecosistema compartido por todos.

Desde una dimensión étnico-antropológica se trata de pensar en establecer nuevas reglas de juego para todos los actores y comunidades del país que les permitan organizar y organizarse en los territorios de forma armónica, equitativa y con criterios de conservación del medio ambiente.

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* Abogado constitucionalista, Catedrático universitario.

Asesor del Despacho del Procurador General de la Nación y de la Delegada para Asuntos Territoriales.