Desde el mismo momento en que Colombia, años atrás, fue el principal impulsor de la propuesta base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nuestro país se ha distinguido por abanderar estrategias para combatir el cambio climático, sobre todo al ser una de las naciones más vulnerables a los efectos del calentamiento global.

De hecho en Colombia esa cruzada termina siendo más complicada porque no solo hay que enfrentar los fenómenos depredadores ‘normales’ de los recursos naturales, sino que el conflicto armado y las economías ilícitas regionales se han convertido hoy en la mayor amenaza a la biodiversidad, obligando casi que a militarizar la lucha contra estas amenazas.

Así las cosas, el país se debate entre los logros y las alertas en este campo. Y una nueva prueba de ello se dio ayer, ya que mientras por un lado el Gobierno presentaba un positivo corte de cuentas ante la ONU en materia ambiental, un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advertía de un mayor involucramiento de las Fuerzas Militares en la protección ambiental, que tiene ventajas pero también desventajas.

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Buen balance

Como se dijo, el presidente Iván Duque intervino ayer -de manera virtual- en el evento del Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), que se realiza en el marco del 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí sostuvo que se deben combinar todas las herramientas disponibles para “construir un mundo que, realmente, logre contener los efectos del cambio climático”.

Paradójicamente nuestro país apenas aporta el 0,4% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero por su posición geográfica es una de las naciones más afectadas por el desorden climático.

“Queremos invitar al Fondo a identificar nuevos mecanismos que nos permitan conectar el financiamiento de la causa contra el cambio climático, con la posibilidad de relacionarlo con el desarrollo de mercados de capital”, subrayó el Jefe de Estado.

De acuerdo con el mandatario, en América Latina existe una gran oportunidad para tener mercados que estén vinculados a los productos de carbono, así como la posibilidad de que las empresas puedan donar recursos a esta causa, “dándoles los incentivos correctos y adecuados”.

En el foro también participaron de forma virtual Lord Ahmad de Wimbledon, Ministro de Estado para el Sur de Asia y la Mancomunidad y Desarrollo, del Reino Unido; la exministra mexicana Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y Yannick Glemarec, Director Ejecutivo del Fondo Verde para el Clima.

Nuevas energías

El Presidente también enfatizó que “Colombia quiere liderar la transición energética en América Latina y el Caribe”. Señaló que en dos años nuestro país pasó de menos 50 megavatios de capacidad instalada de energía solar y eólica a multiplicar ese potencial por seis. Para agosto de 2022 la meta es que se cuente con más de 2.200 megavatios de capacidad instalada en esas energías renovables no convencionales.

Duque destacó, igualmente, que Ecopetrol en dos años se ha convertido en el principal autogenerador con capacidad solar en Colombia, lo que demuestra la búsqueda de un equilibrio para reducir efectos negativos del cambio climático.

Igualmente, resaltó el esfuerzo del país para lograr una movilidad y transporte limpios, ello a través de la Ley de vehículos eléctricos, cuya utilización se ha venido expandiendo.

Sobre la lucha contra la deforestación, el Mandatario puso de relieve la campaña “‘Artemisa” que combate “las economías ilegales que están destruyendo nuestros bosques tropicales”. Un esfuerzo institucional que ya permitió reducir la tasa de deforestación en 20 por ciento.

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Otro de los avances en materia de política ambiental que resaltó Duque ante el foro de la ONU es la medida para que los campesinos reciban un pago por servicios ambientales y protección de los bosques tropicales.

También trajo a colación el Pacto de Leticia, que elevó a nivel presidencial los compromisos y las metas para esta protección de la mano de las comunidades indígenas para identificar soluciones basadas en la naturaleza.

En su corte de cuentas sobre la protección de la biodiversidad, el Gobierno también resaltó la economía circular.

Por otra parte, tras subrayar que en el país está el 50 por ciento de los páramos del mundo, el Jefe de Estado expresó que Colombia como anfitriona de la PreCop 2021 “quiere plantear una estrategia para que el mundo entero pueda reconocer la importancia de los páramos y que podamos movilizar recursos para la protección”.

Agregó que también se trata de vincular a las comunidades que viven en los páramos para que “participen activamente en las soluciones basadas en la naturaleza”.

También se refirió a las biodiverciudades que hace partícipes a las urbes en la protección de la diversidad, lo que implica pensar en la calidad del aire, en reforestar, en proteger las especies y que los ciudadanos cuiden el medioambiente y “lograr movilizar capital” para la consecución.

Finalmente, resaltó que con la reforma del Sistema de Regalías, por primera vez, “vamos a dedicarle los recursos de las regalías a proteger el sistema ambiental nacional”.

Cifras verdes

Al comienzo de este mes el Ministerio de Ambiente, en su rendición de cuentas, hizo un corte de cuentas sobre los avances en la materia en el último año. Aquí las principales cifras y logros:

1. Gracias a la reducción de la deforestación y la implementación de proyectos de desarrollo bajo en carbono, se logró la reducción acumulada de 11,73 millones toneladas de CO2 equivalente, avanzando en la meta de reducción de 36 millones de toneladas.

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2. Diseño e implementación de la Estrategia de Economía Circular (primera de América Latina y el Caribe) en 19 departamentos y la suscripción de 16 pactos regionales. Además, con el objetivo de reducir la presencia de material articulado en áreas urbanas se ejecutaron 5 planes estratégicos regionales de prevención, reducción y control de la contaminación del aire, logrando una mejora del 7.3%.

3. La cifra de deforestación disminuyó en 2019 en un 19.2% en comparación con el año anterior. Así mismo, la región amazónica evidenció la mayor disminución de deforestación en el país, pasando de representar en 2018 el 70% de la deforestación en el país a un 62% en 2019. Igualmente, la cifra de deforestación en los Parques Nacionales Naturales mostró una disminución, pasando del 12 % en 2018, al 7 % en el 2019 del total nacional.

4. Suscripción e inicio de la implementación del “Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonia” que contempla 52 acciones claves para su cumplimiento. Además, el avance en la meta de país de sembrar 180 millones de árboles. Ya se han plantado cerca de 36 millones de árboles nativos en todo el país.

5. Con más de 1.958 Negocios Verdes a nivel nacional verificados y vinculados al Programa de Generación de Negocios Verdes, la Oficina de Negocios Verdes del Minambiente aseguró que durante el 2020 se espera vincular 250 nuevos emprendimientos.

6. Se han implementado medidas de adaptación basadas en ecosistemas en el 38% de los departamentos a través de proyectos de reducción del riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, que han beneficiado a más de 2 mil familias. Así mismo, la puesta en marcha junto al Ideam de RENARE, la plataforma para registrar las reducciones de gases de efecto invernadero en todo el país.

7. Se firmó el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En julio pasado y con mensaje de urgencia, fue radicado ante el Congreso el proyecto de ley de aprobación de este importante Acuerdo.

FF.MM y protección de ambiente

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó ayer los resultados de un informe titulado “Fuerzas Militares y la protección del ambiente: Roles, riesgos y oportunidades”, en el cual se hace un análisis sobre el aumento en la deforestación este año, la intensificación de las economías ilegales por parte de grupos armados y la forma en que se han agudizado las afectaciones al ambiente y la violencia contra quienes lo protegen. En ese marco se proyecta una visión sobre el papel que debe jugar la Fuerza Pública.

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Según la FIP, si bien en 2018 la deforestación en el país se redujo en un 10%, y en 2019 un 19%, esta baja no ha sido homogénea. Por el contrario, diferentes fuentes advierten de un alza en distintas regiones del país en 2020. Se citó el último reporte del Sistema de Detección Temprana de Deforestación del Ideam, que advierte que solo entre el 5 y el 12 de agosto pasado se detectaron 34 puntos de deforestación en el país.

Los investigadores agregan que este fenómeno sucede en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, “un contexto en que se han intensificado economías ilegales como los cultivos ilícitos, la minería y el tráfico de madera. Grupos armados ilegales y facciones del crimen organizado han consolidado su influencia sobre zonas que son de especial importancia ecológica. Además, los homicidios y amenazas contra autoridades ambientales (como los funcionarios de Parques Nacionales Naturales) y otros líderes ambientales se han incrementado”.

En ese orden de ideas el informe resalta que ha tomado relevancia el papel de las Fuerzas Militares en la protección del ambiente, a tal punto que 22.000 integrantes de la Fuerza Pública están hoy dedicados a esa tarea en el país. De igual manera, los organismos de control y las instituciones del sistema de justicia también han incrementado el número de funcionarios y la especialización en la protección del ambiente. Por ejemplo, la campaña “Artemisa” -iniciada en abril de 2019 contra la deforestación- ha ocupado los titulares de prensa con imágenes de la incursión de tropas en Parques Naturales como Picachos, Chiribiquete, La Macarena y La Paya.

De acuerdo con los investigadores, las causas de fenómenos como la deforestación, la colonización reciente de áreas de especial importancia ecológica y el acaparamiento de tierras ubicadas por fuera de la frontera agropecuaria, son múltiples y se conectan entre sí. Algunas de ellas –agregan- tienen una clara conexión con la seguridad, pero otras dependen de diferentes ámbitos de la política pública.

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Por ejemplo, en la cadena de la deforestación y otros crímenes ambientales hay múltiples eslabones, con distintos recursos de poder. “En estos fenómenos participan actores armados ilegales con capacidad de usar la violencia; agentes legales con poder económico, capacidad de corrupción y de “capturar el Estado”; y poblaciones (campesinas, desplazadas, étnicas) en condiciones de vulnerabilidad”, señala el informe. Así las cosas, la deforestación y afectación de las áreas de especial importancia ecológica de mayor magnitud son, generalmente, impulsadas por sofisticadas redes.

A partir del análisis de lo ocurrido en cinco países donde las Fuerzas Militares se han involucrado en la protección del ambiente (India, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Camerún y Nicaragua), el informe de la FIP identificó los siguientes riesgos:

- Aumento del riesgo sobre los guardaparques, quienes quedan en medio de la confrontación y el fuego cruzado; efectos colaterales sobre comunidades y personas en condiciones de vulnerabilidad, por restricciones a la libre circulación; uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza; aumento de prácticas de exclusión y estigmatización de la población, en especial de comunidades que viven dentro y en inmediaciones de las áreas protegidas; aumento de la desconfianza y tensas relaciones con el Estado; abandono de iniciativas de trabajo conjunto con las comunidades; concentración en los síntomas y no en las causas directas y subyacentes de la deforestación y los crímenes ambientales.

Frente a todo lo anterior, los investigadores advierten los que denominan riesgos de la "militarización verde" en Colombia:

• La protección del ambiente, en clave de seguridad nacional, tiende a relacionarse más con una tendencia hacia el preservacionismo y el endurecimiento de las políticas, que con unas estrategias de conservación más participativas y plurales.
• Cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles (como campesinos y otras comunidades vulnerables), en la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos.
• La intervención de los militares puede ser una herramienta disuasiva en el corto plazo, pero sus impactos pueden resultar poco sostenibles si no se realizan dentro de una estrategia más amplia, que incluya el fortalecimiento del aparato de justicia y la transformación de las condiciones estructurales de las comunidades que habitan los territorios a conservarse.
• El balance costo-beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue, en el marco de la Operación Artemisa, tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad.

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Tras todo lo anterior, el informe señala una serie de recomendaciones:

1. Responder de manera urgente a la intimidación y al uso de la violencia por parte de organizaciones armadas ilegales contra funcionarios, organizaciones e instituciones que trabajan en la protección del ambiente.
2. Mejorar el relacionamiento y la articulación entre las autoridades ambientales y las Fuerzas Militares.
3. Definir la secuencia de las intervenciones a partir del análisis del contexto y teniendo como objetivo una respuesta sostenible. Se requiere definir en qué condiciones se requiere el uso de las Fuerzas Militares y cómo pueden ser aprovechadas sus capacidades.
4. Pasar de un enfoque reactivo de aplicación de la ley a una perspectiva proactiva con investigaciones complejas.
5. Priorizar y concentrar los recursos en las acciones contra los eslabones más fuertes de las redes criminales.
6. A partir de un análisis estratégico, enfocarse en el control de áreas de acceso a las áreas protegidas.
7. Mitigar los efectos colaterales de las operaciones militares, bajo el principio de acción sin daño.
8. Poner el foco en la corrupción.
9. Fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales.
10. Avanzar en la implementación de los mecanismos y estrategias incluidas en el Acuerdo de Paz, y en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyen a la protección ambiental.