El acuerdo campesino alcanzado en Pamplona es la base para avanzar con las comunidades en la delimitación del páramo de Santurbán, en Norte de Santander. Crear un pacto social por la protección del agua que respete los derechos de las comunidades fue uno de los principales mensajes de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, luego de su correría por este ecosistema, que no realizaba un ministro de Ambiente desde hace unos seis años.

La ministra hizo un llamado a la corresponsabilidad por el agua a todos los actores, en el marco de una convergencia regional que trata de enfocar los recursos en planes concertados que permitan avanzar en apoyos económicos y sociales para materializar los procesos de reconversión y protección del agua.

Este acuerdo, que proyecta un modelo de gestión integral del territorio, deberá seguir una ruta común que garantice recursos, establezca modelos de agricultura y ganadería sostenible y priorice las zonas donde se produce el agua.

“Lo que debemos hacer es una producción agropecuaria que proteja el agua, el páramo y la economía del campesino y la campesina. No queremos volver estas zonas grandes áreas de agricultura, ni grandes zonas de migración de gente a esos ecosistemas. Hay que sostener a los campesinos, darles mejor calidad de vida, generar derechos sociales y apoyarlos para que tengan compensación, producción sostenible con el páramo y desarrollo económico”, afirmó Muhamad.

Durante su gira, la ministra hizo un recorrido por varios puntos de la zona donde se ubican los túneles en los que operaba la multinacional Eco Oro y se encuentran abandonados, hecho que permite el desarrollo de minería ilegal y continúa generando graves afectaciones al ecosistema.

“Ni por disposición legal, ni por disposición de los jueces, ni por disposición de las autoridades ambientales, se puede sacar por delimitación del páramo a ningún campesino o campesina de sus predios; los campesinos son parte del páramo”, aseguró Muhamad.

“No me interesa la concertación con la gran minería. Me interesa primero, como autoridad ambiental del país, ordenar el territorio alrededor del agua con las comunidades que lo habitan. Ya estamos preparando los actos administrativos para tomar decisiones de fondo sobre la gran minería y los ecosistemas estratégicos del país”, agregó la funcionaria.

Aunque la postura del Gobierno Nacional es clara frente a la explotación de hidrocarburos y minerales en los páramos, la cartera de Ambiente había informado que se habían suspendido los procesos de delimitación de este ecosistema, “con el objetivo de revisar las solicitudes y sugerencias expuestas a este Ministerio durante la audiencia pública realizada en Bucaramanga, y de esta forma dar nuevas orientaciones y ajustes al proceso de delimitación”.

Finalmente, señaló que una comisión intersectorial de expertos adelanta estudios en la zona y que de manera interinstitucional se buscan soluciones contundentes para resolver esta situación.

El Ministerio de Ambiente presentará en los próximos días el nuevo cronograma para las mesas de trabajo y reuniones de concertación con las comunidades y actores involucrados, ante el Tribunal Administrativo de Santander. Este proceso estaba suspendido desde el 18 de octubre de este año, cuando el Ministerio informó que se revisarían solicitudes y sugerencias para adelantar el proceso.

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Pronunciamiento de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación envió, en articulación con la Defensoría del Pueblo, un informe al Tribunal Administrativo de Santander sobre el incumplimiento del proceso de delimitación del páramo de Santurbán ordenado por la Corte Constitucional, donde alertó que transcurridos cinco años, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sigue sin concluir el proceso y emitir acto administrativo de delimitación del complejo de Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

El Ministerio Público también advirtió en su informe que estas dilaciones en el proceso de delimitación del ecosistema han favorecido actividades de minería ilegal, “acentuando la problemática socio-ambientales, el deterioro del tejido social y la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen de agua potable el área metropolitana de Bucaramanga; así como generando afectaciones en la salud de los santandereanos”.

Es importante tener en cuenta que 48 municipios se abastecen con agua proveniente de Santurbán, beneficiando a una población aproximada de 2.3 millones de personas. Además, el agua que baja desde Santurbán es afluente importante para el lago Maracaibo en Venezuela. El parque Santurbán es proveedor de agua para la central termoeléctrica de Tasajero. Su afluente de agua es clave para el cultivo de miles de hectáreas de café y los cultivos de arroz en el municipio de Zulia.

De igual forma, el ente de control precisó que es preocupante que se desconozca la orden judicial, “dando lugar a una incertidumbre jurídica que vive hoy una de las despensas agrícolas más importantes del oriente colombiano, y que solo favorece a quienes desarrollan actividades mineras ilegales en este ecosistema”.

Y agregó que “también sugirió un pronunciamiento claro y contundente del H. Tribunal frente a la conducta reprochable de autoridades municipales como la Alcaldía de California, que de manera abierta y sistemática han entorpecido el proceso de avance de la concertación en dicho municipio”.

Si bien la Procuraduría ha iniciado las averiguaciones disciplinarias de su competencia, solicitó que el Tribunal imparta una orden perentoria al respecto y dé traslado a otros órganos de control para que se investigue esta situación irregular.

Delimitación de Santurbán

La delimitación del Páramo de Santurbán se vio modificada por medio de la Sentencia T-361 de 2017, de la Corte Constitucional, y es el resultado de la tutela interpuesta por la representante legal de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y varios miembros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán en contra del Ministerio de Ambiente.

La Corte en esta Sentencia decidió proteger el derecho fundamental de participación ambiental de los demandantes y de todas las personas que se pueden ver perjudicadas con la delimitación del Páramo de Santurbán. Esto dejó sin efectos la Resolución 2090 de 2014.

Es decir, que se debe realizar un proceso amplio y extenso para poder determinar cuáles son los límites de este páramo, cuáles serán las áreas protegidas y cuáles podrán ser explotadas.