Que pudiéramos pensar el hecho de que en las ciudades se están observando especies animales que, en varios estudios se consideraban extintos o en vía de extinción, mientras los indicadores de los observatorios ambientales de zonas como la Orinoquía o el Chocó biogeográfico muestran deterioros en los ecosistemas observados; es sin duda alguna una muestra evidente de que en estas últimas zonas no se está observando con igual cuidado la cuarentena como en los centros poblados.
No es para nada normal que en los indicadores mencionados se observe un incremento paulatino en las zonas deforestadas y una disminución en los parámetros ambientales del agua, es más, tampoco es normal que los indicadores de captura de gases de efecto invernadero estén disminuyendo en medio de la pandemia, es decir que hoy se este capturando un poco menos de CO2 del que se captura en un día promedio.
Lo que se puede colegir de todo esto es que, mientras en las ciudades y los centros poblados se están aumentando las medidas de distanciamiento social y de protección, en los bosques y en zonas apartadas se ha descuidado el control y la vigilancia, permitiendo así un resurgimiento de la minería criminal y de la tala ilegal, con las consiguientes consecuencias para nuestro entorno.
Es evidente que esta pelea es dispareja desde todo punto de vista; por un lado, se encuentra la institucionalidad representada en los entes de control ambiental y en la fuerza pública y del otro los movimientos ilegales y criminales que financian su operación con este tipo de acciones. La institucionalidad se encuentra limitada por las medidas de aislamiento y la obediencia a las normas que la emergencia impone, mientras los ilegales o mejor expresado criminales, campean sin control aumentando sus actividades y exponiendo a las poblaciones a unas consecuencias sanitarias impredecibles.
Mientras en una explotación minera legal, o en una explotación silvopastoril debidamente autorizada, se exigen protocolos estrictos que se deben cumplir para proteger a los trabajadores, a sus familias y a su entorno, los trabajadores de minas y tala criminales no tienen que cumplir con ningún tipo de normas y propagan el virus, además de los problemas sociales derivados de sus acciones.
Entre tanto, de manera responsable, las autoridades ambientales mantienen el distanciamiento social y procuran realizar su trabajo a distancia, manera que no tiene ningún efecto real sobre la problemática. ¿Sería mucho pedir que el Ministerio de Ambiente promueva un bloque de fuerza pública que agilice y aumente los controles en campo, mientras los funcionarios de las CAR pueden retomar sus funciones?
@alvaro080255