El Gobierno dio vía libre a tres nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los departamentos de Cundinamarca y Meta, que benefician a más de 10 mil campesinos y sus familias, impulsando su organización social, ambiental y productiva.
La decisión fue tomada en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ayer, donde se constituyó y delimitó la Zona de Reserva Campesina en Sumapaz, situada en la Localidad 20 de Bogotá y que beneficia a 1.770 habitantes con un área de 22.765 hectáreas (ha).
Así mismo, se establecieron en el departamento del Meta la Zona de Reserva Campesina Güéjar-Cafre, ubicada en el municipio de Puerto Rico, que beneficia a 1.246 habitantes, en un área de 33.694 ha, y la ZRC Losada-Guayabero, ubicada en los municipios de La Macarena y Uribe, que beneficia a 7.646 campesinos y cuenta con 163.906 ha.
Al respecto el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo, señaló “que es un excelente mensaje para las comunidades campesinas, que no implica solamente el relacionamiento del Estado y las comunidades, sino también entre diferentes actores de la sociedad y su ambiente”.
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Esta figura fue creada hace muchos años, desapareció con la guerra en la década de 1940 pero se retomó para darles garantías a los campesinos organizados y aumentar la productividad. Esto es la reivindicación de sus luchas y sus derechos", resaltó Fajardo.
En lo que lleva el actual gobierno se han logrado implementar cuatro Zonas, que corresponden a más de 397.000 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Cauca, Cundinamarca y Meta. Además, hay que recordar que hace unas semanas se implementó la ZRC La Tuna en Santa Rosa (Cauca) con una extensión de 176.000 hectáreas.
Por su parte, el director general de la ANT, Gerardo Vega Medina, resaltó que “la constitución de las Zonas de Reserva Campesina La Tuna (Cauca), Güejar-Cafre, Losada-Guayabero (Meta) y Sumapaz (localidad 20 de Bogotá) destaca el interés de las comunidades campesinas por adoptar prácticas agropecuarias coherentes con el uso del suelo de estos territorios, evitará conflictividades a futuro e impulsará el desarrollo de actividades productivas sostenibles desde lo social, ambiental y económico, entre otras bondades de estas territorialidades”.