Expertos e investigadores resaltaron en la Pre-COP16 en la UNAL Bogotá Región: Biodiversidad Étnica, Cultural y Ecosistémica, algunos de los factores que están afectando los ecosistemas, como las políticas de "economía verde" impulsadas por organismos internacionales que han demostrado ser insuficientes para abordar los problemas estructurales, así como la fragmentación ecológica en Bogotá que refleja la desconexión entre las decisiones urbanísticas y la participación ciudadana.
En la declaratoria de cierre, Ana María Acosta, estudiante de Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional (UNAL), expuso que en medio de una crisis global que afecta todas las expresiones de vida en la Tierra, expertos destacan la necesidad urgente de cambiar el modelo de desarrollo económico que actualmente pone en peligro la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para regenerarse.
Esta reflexión parte del reconocimiento de la complejidad biológica, que incluye la diversidad genética (diferencias dentro de las especies), la variedad de especies, la interacción entre comunidades y ecosistemas, y también la diversidad cultural y étnica de los pueblos que viven en armonía con la naturaleza. Toda esta diversidad es esencial para mantener la vida en el planeta.
Sin embargo, el contexto actual está llevando a la destrucción de muchos de estos sistemas vitales. A pesar de iniciativas internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, que desde 1992 ha buscado proteger la biodiversidad, estos objetivos no se están cumpliendo de manera efectiva ni local ni globalmente.
Para los expositores, uno de los principales problemas es el modelo de desarrollo económico y la falta de cuestionamiento sobre los intereses corporativos y económicos, en el que se aborda la crisis ambiental como un asunto separado de otras problemáticas como el cambio climático, lo que impide encontrar soluciones integrales.
¿Solución o parte del problema?
También señaló que en Colombia, por ejemplo, el país ha seguido las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial para implementar políticas de "economía verde". Estas políticas intentan integrar el medio ambiente con el mercado, proponiendo que el crecimiento económico puede ser compatible con la protección ambiental.
Sin embargo, expertos advierten que este enfoque no resuelve los problemas más profundos, ya que sigue basándose en principios inamovibles como la necesidad de crecimiento económico continuo, la confianza en la tecnología para resolver todos los problemas ambientales, y el uso del mercado como principal herramienta de respuesta a la crisis ambiental.
“Es evidente que no podemos encontrar soluciones a estos graves problemas utilizando las mismas herramientas económicas e instrumentos de política que nos han llevado al agotamiento y sobreexplotación de los servicios que provee la naturaleza, generando inmensas desigualdades y conflictos sociales”, afirmó Acosta en su intervención.
En el ámbito local, Bogotá y su región enfrentan problemas similares, como la falta de participación ciudadana en la planificación urbana y proyectos de expansión que han fragmentado ecosistemas vitales, como los humedales que conectan los páramos y las cuencas hídricas de la región. La falta de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ha llevado a conflictos entre los intereses de las empresas y las comunidades locales. Además, la violencia contra los líderes ambientales que defienden estos ecosistemas está aumentando.
“Proyectos como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), los planes parciales de expansión urbana, y las aulas ambientales en la reserva de los cerros orientales, entre otros, son consecuencia de un escenario de planificación ajeno a la ciudadanía de a pie. El grupo económico o mesa de negocios ProBogotá ha planificado un proyecto de Bogotá-Región al año 2051”, agregó la estudiante.
Frente a este panorama, los expertos y activistas hicieron un llamado a que los movimientos ciudadanos se involucren y promuevan alternativas sostenibles. Las soluciones deben surgir de la participación activa de las comunidades, quienes mejor entienden las necesidades de sus territorios.
Para lograr un cambio real, es necesario también que las instituciones públicas se abran a la participación colectiva, garantizando que las decisiones que afectan al medio ambiente se tomen de manera transparente y en beneficio del bienestar común, y no solo de los intereses privados. Este llamado busca que tanto las instituciones como la sociedad trabajen juntas para proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible para todos.