Frente a las graves denuncias de inseguridad y violencias por razones de sexo y género, por hechos ocurridos en los buses de Transmilenio, la Procuraduría General de la Nación requirió al alcalde mayor de Bogotá, adoptar acciones contundentes para prevenir estas situaciones y garantizar la seguridad e integridad física y sexual de los usuarios del transporte público en la capital.
De acuerdo con la información publicada en medios de comunicación, a comienzos de febrero una mujer fue acosada sexualmente por un hombre cuando se movilizaba en un bus de Transmilenio. A los pocos días se conoció también, que una joven universitaria denunció haber sido víctima de acoso sexual en otro articulado, a la altura del Museo Nacional, mientras se dirigía hacia su destino.
Al respecto, el ente de control manifestó su preocupación, pues en los dos casos reportados se advierte el riesgo en que se encuentran las niñas, jóvenes y mujeres que viven en Bogotá y utilizan este sistema de transporte masivo, lo cual demanda de las entidades públicas actuaciones para prevenir esta situación, a la que están expuestas las usuarias y usuarios de este medio de transporte local, y sobre las cuales se debe tener dispuesta una ruta de atención inmediata.
La misma petición fue hecha al comandante de la Policía Metropolitana, a quien la Procuraduría solicitó informar si, conforme al Protocolo de prevención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público en Bogotá, en los casos relacionados, se desplegaron acciones, si las víctimas pidieron información o protección, y si se les brindó algún tipo de atención.
En la comunicación enviada, la Entidad instó al primer mandatario distrital y al comandante de la Policía de Bogotá, a actuar de manera articulada con las demás instituciones competentes para atender y solucionar de manera pronta y efectiva estas situaciones.
El Ministerio Público puntualizó que los mencionados funcionarios deberán entregar un informe en el cual se detallen las medidas que se adoptarán, con el propósito de prevenir y sancionar estas violencias que a diario ocurren en el sistema de transporte público.