La creación de una subcomisión que estudie más a fondo el proyecto que autoriza la asignación u otorgamiento de terrenos baldíos que se encuentran en reservas forestales fue la decisión adoptada por las comisiones quintas de Cámara y Senado, tras el estudio y presentación de la iniciativa.

La proposición presentada por la senadora Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), fue aceptada por los congresistas que integran la célula encargada de asuntos medioambientales, luego de acordarse que aún hay temas por aclarar con respecto al proyecto de ley.

El representante por Vichada, Marco Rodríguez, del Partido Liberal, dejó ver su apoyo al proyecto durante la discusión y respaldó la proposición de la congresista Martínez al afirmar que no por falta de conocimiento del mismo debía posponerse la aprobación de la iniciativa que, según él, “le da la posibilidad a los campesinos de adquirir el título de las tierras”.

El proyecto, autoría de los ministros de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, busca autorizar a la Agencia Nacional de Tierras para asignar o adjudicar terrenos baldíos, es decir, terrenos que carecen de dueño y por ende pertenecen a la Nación, que se encuentren en reservas forestales protectoras – productoras sin que sea necesario adelantar el trámite de sustracción.

Dicha asignación se deberá hacer con el fin de que en los terrenos se adelanten proyectos productivos, que cuenten con un manejo de bosques sostenible y responsable. De no cumplirse, se adelantarán los respectivos trámites de sustracción.

El ministro Murillo afirmó que "espera generar cerca de dos millones de hectáreas  que están en zona de frontera agrícola y que nos va permitir cerrar esa frontera para garantizar acceso a la tierra, pero también impulsar actividades productivas en manejo forestal sostenible, en producción de los bosques, en generación de parcelas agroforestales y silvopastoriles”.

Uno de los mayores aportes de este proyecto es que contribuiría a la mitigación y adaptación al cambio climático mediante el desarrollo de proyectos que incluyan actividades productivas asociadas al manejo forestal sostenible.

Durante la exposición de su informe de ponencia, el senador Guillermo Macías, del Centro Democrático, detalló quiénes serían los beneficiaros de dicha adjudicación de terrenos, destacando a los campesinos o trabajadores rurales sin tierra o con tierra insuficiente, teniendo como prioridad a la población victimizada, asociaciones de víctimas, mujeres rurales, población desplazada, asociaciones de trabajadores, entre otros, que hayan ocupado o trabajado el terreno durante más de cinco años.

Pese a que la decisión de las comisiones quintas del Congreso fue que el proyecto continúe su trámite, durante la discusión el representante por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, del Centro Democrático, presentó ante la célula legislativa una ponencia negativa y solicitó el archivo de la iniciativa.

Aunque la proposición fue negada, Molano manifestó que el proyecto no contenía la suficiente información respecto al inventario de los baldíos en el país y que la iniciativa debería “garantizar que la titulación de los terrenos sea efectiva con posibilidades de desarrollo económico”.

Finalmente, las comisiones fueron citaron para hoy, a las 9:30 de la mañana, a fin de definir el curso del proyecto.

Actualmente en el país existen 54 millones de hectáreas de zonas de reserva forestal. Pero allí han sido asignadas tierras a campesinos para que realicen trabajos agropecuarios que degradan los suelos y afectan la biodiversidad.

Al final, el problema resulta también en un conflicto social porque los campesinos no pueden ser propietarios formales y están expuestos a multas de las autoridades ambientales justamente por el uso de esa tierra para actividades que causan daños al ecosistema.

Lo que busca el proyecto de ley es que los campesinos puedan ser propietarios y realizar labores que no afecten al medio ambiente.