Recuerdo que en mis años de infancia comencé a notar que al acompañar a mis padres a misa los días domingo, el sacerdote dedicaba parte importante del sermón a regañar a todos aquellos que no estaban en la iglesia o que simplemente no eran practicantes. Nunca entendí el sentido de esa perdida de tiempo dado que dichos sermones llegaban a oídos de los pocos que estábamos en la iglesia y que pretendíamos cumplir con las normas de la misma; hoy veo una gran semejanza entre ese recuerdo y la situación de hoy por hoy en el sector ambiental.
En nuestro país las normas ambientales no son solo suficientes, sino que en algunos casos resultan exageradas y de alguna manera ayudan a trabar el desarrollo sin llegar a proteger realmente el medio ambiente; el problema, tal y como lo he expresado reiteradamente en estas columnas, no radica en la ley sino en el control que las instituciones tienen sobre el manejo ambiental del territorio, en ese aspecto se centra el verdadero problema.
Si una empresa legal, o un ciudadano de bien, requieren de un permiso o licencia, las trabas que pone el establecimiento hacen que en gran parte de los casos la iniciativa privada desista, esto a costa de la falta de generación de empleo y de riqueza; muchos entonces no continúan con sus emprendimientos y otros toman el camino de la ilegalidad; la consecuencia es que el daño aumenta y se toman medidas nuevamente para endurecer la legislación y los trámites, medidas que van directamente en contra de quienes permanecen en la legalidad y que no son los que causan el deterioro del entorno.
En Colombia el control está en manos de las Corporaciones Autónomas Regionales, entes con diversos tipos de recursos que dependen de diversos factores, pero en muchos de los casos sin real capacidad de control del territorio; algunas de ellas llegan a tener menos de un funcionario por cada municipio vigilado y deben responder por la vigilancia de zonas extensas, sin tener los recursos requeridos para la movilidad de sus profesionales. Profesionales que, no está por de más decirlo, no obedecen en todos los casos a perfiles que garanticen su idoneidad en el tema.
En el desespero por controlar el daño, y sin las herramientas para lograrlo, se propone tomar medidas desesperadas que afectaran directamente el desarrollo del país y que perjudicarían únicamente a quienes estén dispuestos a moverse dentro de los límites de la legalidad; por ejemplo, se propone generar una moratoria minera en Colombia, poniendo como argumento principal el hecho de que Costa Rica se decretó, con mucho éxito, dicha moratoria. Claro está que quienes defienden dicha tesis no recuerdan que en Costa Rica el sector Minero solo alcanzaba el 0,07% del PIB, lo cual hacía éste sector totalmente despreciable desde el punto de vista de la economía, además de olvidar que el planeta no puede mantener la supervivencia de la especie humana sin minería, ella está asociada desde siempre a la historia de la humanidad; La edad de piedra requirió necesariamente de la piedra (minería) para su desarrollo y así siguieron la edad de oro, la edad de los metales, etc. El género humano está entonces desde siempre ligado a la explotación minera, ligadura que es prácticamente imposible de romper.
También se ataca la extracción de combustibles fósiles, olvidando que el mundo se mueve con energía y las principales fuentes de la misma, dentro del marco de los sistemas convencionales, son los combustibles fósiles; el petróleo y el carbón; estoy de acuerdo en llegar a disminuir la producción, pero para ello debemos primero asegurar la economía nacional, ¿En dónde están los proyectos de energías alternativas y el apoyo gubernamental al desarrollo sostenible del país?
@alvaro080255