El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional denunció el apoyo de organizaciones chilenas a manifestantes que pretenden desestabilizar y generar nuevamente "violencia".
"Hay una red internacional que busca cooperar y actuar para desarrollar acciones que desestabilicen, acciones que generen violencia y acciones que instiguen el delito y la destrucción de sistemas de transporte público", declaró el ministro de Defensa, Diego Molano.
Del mismo modo, el ministro aseguró que "el fin de semana se conoció una convocatoria por redes sociales entre una organización chilena y organizaciones de las primeras líneas" para protestar contra el alza en $150 pesos al trasporte público de Bogotá.
Dicha convocatoria se llevó a cabo por transmisión en vivo, en la que participaron agitadores de Chile y Colombia con el objetivo de afectar el transporte público no pagando del pasaje de Transmilenio y atacando a los sistemas de transporte masivo.
Al día siguiente de esa convocatoria los mismos protagonistas del video salieron a las calles a promover una "colatón en Transmilenio" al tiempo que incentivaban actos violentos para destruir la ciudad.
Finalmente Molano precisó que "ya van más de 250 capturas por orden judicial de integrantes de estos movimientos, la mayoría de ellos con medida de aseguramiento en centro carcelario".
Según el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, "algunas" de las primeras líneas "tienen relación directa" con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz.
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Los delitos que se les imputan a los capturados son "terrorismo, secuestro, concierto para delinquir y otros relacionados con daños en bien público, privado y ataque a servidor público", añadió Vargas.
La AFP entrevistó en diciembre a algunos de los jóvenes detenidos quienes denuncian una "cacería de brujas" en represalia por sus manifestaciones contra el gobierno.
El pronunciamiento del gobierno coincide con la publicación de un informe de Human Rights Watch que denuncia cómo "policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas".
Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques, 44 civiles y dos policías.