Tras conocerse varios escándalos sobre posibles actos de corrupción en varios contratos del Estado, el Gobierno nacional publicó una circular que determina los nuevos lineamientos para realizar contratación de los servicios con el Estado.
Los cambios fueron confirmados por la jefe del Gabinete, María Paula Correa, quien advirtió que se aumentarán los controles para evitar que se repitan posibles irregularidades en el Estado como el caso de la economista Karen Váquiro, quien tenía más de 20 contrataciones con varias entidades estatales.
“Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, expide directiva presidencial 01.22. Fortalece controles y prevención en procesos de contratación pública”, explicó la funcionaria en redes sociales.
Inicialmente, “se deberá verificar si el contratista, esto es, la persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza, para lo cual deberá apoyarse en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles”, como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) o el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).
“Lo anterior con la finalidad de verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”, se lee en la directiva.
Posteriormente, el Gobierno reiteró “la obligación de las entidades nacionales y territoriales de garantizar el registro en el Sigep de la totalidad de los contratistas a vincularse y la plenitud de la información solicitada en los mismos, en cumplimiento de la normatividad vigente”.
Para ello, la oficina de Función Pública “deberá, garantizar que la plataforma Sigep permita el diligenciamiento integral de los campos obligatorios que se encuentran establecidos por la normativa vigente”.
Asimismo, las entidades estatales indistintamente de su régimen contractual, están obligadas a publicar en el Secop, “la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos”, así como “los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales, relacionados con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”.
También, se estableció que Colombia Compra Eficiente le deberá enviar semestralmente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) la información que esté en el Secop de los contratos ejecutados, para que cruce las obligaciones parafiscales.
En cuanto al desarrollo del principio de debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, “las entidades harán seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución, para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión de riesgos en la toma de decisiones”.
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Igualmente, el Dapre habilitará el reporte donde conste si el servidor público tiene familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado.
“El servidor público deberá mantener actualizada su información en el Sigep. Todo lo anterior con el fin de generar las posibles alertas a partir de la interoperabilidad de sistemas de información del Estado y en cumplimiento de la normatividad vigente”, mencionaron.
Finalmente, el Gobierno advirtió que en caso de que la entidad identifique irregularidades en el proceso contractual, deberá reportar la información correspondiente ante las autoridades competentes.
“Se invita a todas las entidades territoriales, así como a aquellas que pertenecen a las ramas legislativa, judicial y órganos autónomos, a que acojan las directrices objeto de la presente Directiva y dispongan las actividades pertinentes con sus mecanismos de planeación y ejecución”, puntualiza el documento.
Caso Marroquín-Váquiro
Por otra parte, la Procuraduría General ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Andrés Mayorquín Bocanegra, quien se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y será indagado por posible tráfico de influencias y otras conductas.
En un comunicado, el ente de control indicó que se investigará si el exfuncionario también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, esto debido a los contratos adjudicados a su cónyuge, Karen Váquiro, en 17 entidades del Estado.
En este sentido “el Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias”.