Con una carta blanca del Congreso de la República, al aprobarle la mayor reforma tributaria de la historia a una administración, el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía, con una escalada de impuestos tanto a las empresas como a las personas, conseguir en cuatro años cerca de $80 billones.

Esa ambición cambió por completo con el transcurso de los meses, al ir introduciendo propuestas e iniciativas con otras reformas sociales, (laboral, salud, pensiones), que causaron el efecto contrario a lo que se perseguía: mayores recursos con los grandes capitales.

Con la idea de tener a la mano ingresos desbordados, el Gobierno igualmente comenzó a gastar de forma inusual, pero no tanto en inversiones en obras que impulsaran el desarrollo y el empleo, sino en el funcionamiento y en su operatividad.

Presupuesto

De acuerdo con un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la ejecución del presupuesto del actual gobierno se desplomó y llegó a los niveles más bajos desde 2016. Señala el informe con una referencia que mientras en los primeros tres meses del periodo entre 2016 y 2022 el gobierno de turno ya había logrado comprometer 35,6 % del total PGN sin el rubro de servicio de deuda (el gasto que está determinado por la gestión del Gobierno), en 2024 ha sido de apenas 27,3 %.

“En particular, dado que el PGN pasó de $423 billones en 2023 a $502 billones este año, los pagos realizados por el Gobierno por concepto de gasto de funcionamiento e inversión crecieron 22 % anual en lo corrido del año a marzo”, indicó. Y remarcó que, si la ejecución fuera la histórica, el gasto habría crecido casi 40 % anual. Sin embargo, en el mismo período el recaudo de impuestos aumentó en apenas 4 %.

Así, un nivel de gasto aumentando más de lo que lo hacen los ingresos se ha traducido en una menor caja para el Gobierno, lo que se ha hecho evidente en los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) en el Banco de la República, hasta el punto que en algún momento el propio Gobierno dijo que estaba ilíquido.

Al analizar el impacto de esa reforma tributaria, junto con el Plan de Desarrollo que en las cifras contemplaba $1.154,8 billones para los cuatro años de gobierno, se encuentra que parte de los objetivos del Gobierno, con la transformación de convergencia regional, la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones, así como la transformación productiva, internacionalización y la reindustrialización del país para llevarlo a la bioeconomía mediante la transición energética, se han quedado cortos.

No se debe descuidar que la reforma tributaria del gobierno Petro significó una mayor carga impositiva a las empresas, sobre todo al sector de hidrocarburos, como era el plan de la transición energética.

De acuerdo con cálculos del Minhacienda, el 57 % de los recursos en 2023 deberían provenir de los impuestos a las empresas de petróleo y carbón.

Inflación

Por otra parte, uno de los primeros retos en materia económica que enfrentó el Gobierno fue la inflación, que se encontraba ad portas de pasar al doble dígito y que en junio de 2022 llegó a 9,67 %. Desde ahí empezó a escalar hasta marzo de 2023, cuando tocó el techo de 13,34 %.

Desde entonces, los últimos dos meses registrados por el DANE mostraron una corrección a la baja, hasta 10,6 %, pero no como se había planteado de llegar al menos este año a un dígito.

Deuda externa

Por otra parte, la deuda externa, que en agosto de 2022 llegó a US$177.066 millones, que representaban 51,5 % del PIB, fue escalando progresivamente ante las necesidades de endeudamiento del Gobierno.

En agosto de 2023 la deuda llegó a US$190.537 millones, es decir, el 56,1 % del PIB, mientras en la última cifra oficial de este año se registra que alcanzó US$198.034 millones (54,1 % del PIB).

Crecimiento

Un balance realizado por el Grupo Proindustria señala que la economía colombiana, aún debilitada por los efectos de la pandemia, no ha logrado recuperarse completamente. La lenta reactivación se debe a un contexto internacional adverso, la continua incertidumbre generada por los anuncios del Gobierno y la falta de efectividad de las pocas medidas implementadas.

Sostienen en su análisis que “tras dos años de Gobierno, los resultados económicos son preocupantes. La política monetaria, altos costos de financiamiento y bajos niveles de confianza tienen a la economía colombiana estancada”.

En el primer año de Gobierno (agosto 2022-julio 2023) la economía creció a un ritmo anual promedio del 2 %; para el segundo año (agosto 2023-julio 2024) se estima que el crecimiento estará alrededor del 1,3 %. Lo más preocupante es que el ingreso por habitante experimentó una caída del 0,41 %, deteriorando la capacidad de consumo de la población.

La inversión

El menor crecimiento, que incluso registró cifras negativas como la del tercer trimestre de 2023, que empujó un PIB del cierre de ese año en 0,6 %, se explica en gran medida por la caída de la inversión. En 2023 la formación bruta de capital se contrajo un 24,8 %. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024 con una caída de 13,4 %.

Por otra parte, las actividades secundarias (construcción y manufactura) son los sectores con peor desempeño. De acuerdo con el Indicador de Seguimiento de la Economía, estas actividades decrecieron por 13 meses consecutivos (marzo 2023 a marzo 2024).

En 2024 el bajo crecimiento de la economía ha estado determinado por el sector público. Las industrias manufactureras cayeron un 5,9 %, el comercio cayó un 0,8 %, la explotación de minas y canteras cayó 1,5 % y la construcción tuvo un lánguido crecimiento de 0,7 %.

Intereses

Para contener la inflación, el Banco de la República decidió, como es tradicional, enfriar el consumo llevando la tasa de intervención de 1,75 % en septiembre de 2021 a 13,25% en mayo de 2023.

Posteriormente, debido a la desaceleración de la inflación y una demanda interna en caída, el Banco decidió reducirla desde diciembre de 2023. Desde entonces se completaron cinco recortes consecutivos, dos de ellos con reducciones de 50 puntos básicos. Para finales de julio la tasa llegó a 10,75% %.

Déficit fiscal

Las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público prevén un déficit de 5,3 % del PIB para 2024. Las necesidades de financiamiento para cubrir este déficit y pagar las amortizaciones llevarán la deuda a 57 % del PIB en 2024. A pesar de que el Ministerio manifiesta que con este déficit se cumpliría la regla fiscal, se ha programado un ajuste del gasto primario sin Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) por cerca de $20 billones para lograrlo.

No obstante, el Gobierno todavía incluye como ingreso $10 billones provenientes de arbitramentos de litigios, los cuales son considerados ingresos no estructurales por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Esto significa que estos recursos no deberían programarse para financiar gasto estructural. Por consiguiente, para que la programación fiscal en 2024 cumpla con la regla fiscal se requiere una reducción adicional en el balance primario de por lo menos $$10 billones.

Balanza comercial

Por otro lado, la balanza comercial también fue un factor clave en la desaceleración económica y un persistente déficit comercial que resalta la baja competitividad del país en el mercado global.

El déficit de la balanza comercial se redujo de US$$14.536 millones en 2022 a US$$9.676 millones en 2024 por cuenta del deterioro de la actividad económica y de un contexto internacional complejo.

Cayeron las importaciones mucho más que las exportaciones, porque se contrajo la inversión (bienes de capital e intermedios) y bajó el consumo. Mientras que las exportaciones cayeron un 12,5 % entre 2022 y 2023, las importaciones cayeron un 16,8 %.

Esta tendencia no se ha revertido en la primera mitad de 2024: entre enero y mayo las exportaciones cayeron un 2,52 % y las importaciones cayeron un 4,73 %.

Ante este contexto de desaceleración, el Gobierno se ha demorado en tomar medidas comerciales para proteger a los productores nacionales.