EN LOS 24 meses del gobierno Petro una constante ha sido la tensión del Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial, expresada en varios choques y controversias considerados innecesarios por constitucionalistas y otros expertos, dada la separación de poderes públicos prevista en la Carta del 91. También el mandatario ha cuestionado en varias ocasiones a la Fiscalía en tiempos de Francisco Barbosa, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral.

Con el Congreso

El mandatario recibió críticas, entre otros de los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, César Gaviria y Juan Manuel Santos, quienes señalaron que no tiene fundamento el planteamiento que hizo a finales de mayo pasado, de que el Acuerdo de Paz del 2016 contempla en caso de incumplimientos poder convocar una constituyente sin necesidad de pedir el aval del Congreso.

“Es posible que una constituyente pudiera resolver problemas del Acuerdo de Paz. Ese no es un camino que sea prohibido”, dijo el jefe de Estado. Incluso anunció que denunciaría ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el incumplimiento del Estado colombiano en puntos como la reforma agraria.

El presidente ya había planteado en marzo pasado la necesidad de una constituyente, aunque en esa oportunidad justificó que era porque el Congreso, según él, no quería aprobar las reformas que los colombianos avalaron cuando lo eligieron.

El Congreso y distintos sectores políticos rechazaron la constituyente porque la consideran innecesaria y porque manifestaron que el presidente pretende es brincarse el Congreso con tal de lograr las reformas que quiere hacer, sin asumir que no contar con las mayorías le obliga todavía más al Gobierno a concertar los proyectos para que sean aprobados.

Ya antes el presidente Petro había pedido al pueblo salir a las calles a defender las reformas, lo cual fue interpretado por la oposición como una presión al Congreso para que las aprobara.

Lo más reciente, el jefe de Estado planteó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implementar en el Congreso un mecanismo de ‘fast track’ para el trámite abreviado de varios proyectos de ley para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

El Congreso rechazó en su mayoría también este ‘fast track’ y advirtió al mandatario que los proyectos del Gobierno se debatirán conforme lo establece la Constitución y la Ley Quinta.

Otro aspecto en esa tensión que se ha generado con el Congreso es que el Gobierno ha implementado por medio de decretos algunas disposiciones de proyectos suyos que se hundieron o medidas que necesariamente deben pasar por el Legislativo.

Por ejemplo, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que “vamos viendo cómo hacen la reforma a la salud sin pasar por el Congreso. Para hacerlo intervinieron cajas de compensación y crearon pánico para que les entregaran el control de la Nueva EPS”.

Tras hundirse la reforma a la salud, la Superintendencia intervino a EPS Sanitas y la Nueva EPS.

También en el caso de la reforma de salud el Gobierno anunció nueve decretos para implementar algunos aspectos del proyecto que se hundió hace algunas semanas, como aumentar el porcentaje del giro directo a clínicas, hospitales e IPS.

Algo parecido sucedió con un decreto que expidió el Gobierno por medio del cual el presidente asumía las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en su intención de bajar las tarifas de energía.

Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió ese decreto porque dijo que se requiere que el Congreso cambie la normatividad y, si así lo considera, delegue en el presidente la facultad de regular las tarifas, hoy competencia de la CREG.

Con esta talanquera que puso el Consejo de Estado, el Gobierno anunció que presentará un proyecto para reformar la Ley de Servicios Públicos.

Corte Constitucional

El Alto Tribunal tumbó el Decreto Legislativo 1085 de 2 de julio de 2023, por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, lo que automáticamente produjo la caída de 11 decretos que bajo la sombrilla de la misma el Gobierno adoptó en distintos sectores.

La Corte determinó que el Gobierno no sustentó suficientemente la necesidad de acudir a un estado de emergencia para La Guajira y advirtió que varias de las normas que en ese sentido expidió se tienen que hacer en el Congreso.

El jefe de Estado arremetió contra esta decisión de la Corte: “Ahora lo estamos viendo, impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas”.

También el Gobierno reprochó que la Corte tumbó el artículo de la reforma tributaria que impedía que las petroleras y carboníferas dedujeran en el impuesto de renta las regalías que pagan al Estado por la explotación de estos recursos.

El mandatario dijo que el fallo de la Corte le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y “vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”.

Consejo de Estado

Como se dijo el Consejo de Estado le advirtió al presidente Petro que no puede por el camino de un decreto asumir funciones de la CREG para controlar las tarifas de energía.

Frente a esta decisión el mandatario arremetió diciendo que “el magistrado Roberto Serrato, amigo del procurador Ordóñez, que lo último que hizo antes de salir de su puesto en el Consejo de Estado fue tumbar el decreto en donde yo asumía las facultades constitucionales de ser rector de los servicios públicos en Colombia”.

Como consecuencia, cerca de 30 exconsejeros de Estado rechazaron en una carta la reacción del presidente por este fallo. “En el jefe de Estado y de Gobierno recae la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todo el ordenamiento jurídico. Lo invitamos a que no desconozca su deber de utilizar las vías estrictamente legales establecidas para controvertir las decisiones judiciales”, señalaron.

El mandatario también ha controvertido fallos del Consejo de Estado que anularon la elección de congresistas del Pacto Histórico, el partido de gobierno, por doble militancia, como Alexander López y Roy Barreras.

“¿Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es un golpe blando”, dijo Petro.

Corte Suprema y Fiscalía

La reciente elección del fiscal general produjo un choque entre el presidente y la Corte Suprema, después de que el pasado 8 de abril el Alto Tribunal se vio sitiado por cientos de personas que en los alrededores del Palacio de Justicia buscaron presionar para que ese día se escogiera el reemplazo de Francisco Barbosa, de una terna que presentó el mandatario.

El presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra, manifestó por estos hechos que “hemos pedido que a lo que sucedió el día jueves no se le quite la trascendencia y la gravedad del hecho, porque evidentemente fue un hecho de agresión y de violencia contra la Corte”.

Esta declaración contrastó con lo que manifestó el presidente: “no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados”.

En tanto que, en mayo del 2023, la Corte Suprema hizo al presidente un llamado a respetar la autonomía de la justicia y la separación de poderes, después de que dijo que era el jefe del entonces fiscal Francisco Barbosa.

Procuraduría y Consejo Electoral

El presidente ha tenido varios enfrentamientos con la procuradora Margarita Cabello por algunas de sus decisiones, especialmente por suspender o destituir funcionarios de elección popular, lo cual según el mandatario no debe ocurrir después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que estas sanciones deben ser por sentencia judicial y no por un órgano administrativo como es el Ministerio Público.

Igualmente, el presidente fustigó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por una ponencia en que dos magistrados piden investigarlo a él y a su campaña por las presuntas irregularidades en la financiación en 2022.

El Consejo de Estado ya determinó que el CNE puede adelantar esta investigación, y que en caso de que encuentre responsabilidad del mandatario, debe trasladar el proceso a la Comisión de Acusación de la Cámara, que tiene la competencia sobre los jefes de Estado.

Petro dijo sobre dicha ponencia en el CNE que “el presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”.