El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU exigió este viernes la liberación inmediata de la derrocada jefa del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, aumentando la presión sobre los militares que tomaron el poder.

Una resolución en este sentido fue adoptada sin votación, al término de una sesión extraordinaria de los 47 Estados miembros del CDH, organizada a petición de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido.

China y Rusia, apoyos tradicionales del ejército birmano, se distanciaron del consenso tras la adopción de la resolución, así como Venezuela, Bolivia y Filipinas.

Durante el debate, la ONU anunció que seguía de cerca la situación de "más de 350 responsables políticos, representantes del Estado, activistas y miembros de la sociedad civil como periodistas, monjes y estudiantes, que están detenidos" desde el golpe de Estado perpetrado el 1 de febrero.

"El mundo entero mira" la represión en Birmania, advirtió Nada Al Nashif, adjunta a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, considerando "inaceptable" el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Al Nashif lamentó también "las medidas draconianas tomadas para impedir las reuniones pacíficas y limitar la libertad de expresión", así como el despliegue policial y militar en las calles.

"Los derechos humanos tienen que ser respetados. Se debe evitar la violencia", declaró el embajador portugués Rui Macieira, en nombre de la UE.

El texto adoptado el viernes por el CDH "pide urgentemente la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y al presidente Win Myint [...] así como el levantamiento del estado de emergencia".

Al contrario de lo que preveía el proyecto de resolución, el texto aprobado no insta al relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania que visite el país a la mayor premura para hacer una evaluación. De todos modos, era poco probable que Birmania aceptara esa visita.

"Lamentamos que durante tanto tiempo se haya vetado la presencia de nuestra oficina en Birmania y pedimos vehementemente a las autoridades militares que otorguen a la Alta Comisionada y al relator especial (...) un acceso ilimitado e inmediato a Birmania", declaró Nada Al Nashif. 

Sanciones selectivas 

En cambio, la resolución exige la "restauración del gobierno electo" en noviembre, pero no reclama sanciones. 

Por su parte, Al Nashif pidió a la comunidad internacional que las sanciones que se tomen sean "selectivas". "Los autores de este golpe son el objetivo apropiado de estas medidas", dijo.

"Es muy importante que no se cause ningún perjuicio a las personas más vulnerables del país y que la lucha contra la pandemia pueda seguir adelante, así como la ayuda humanitaria en las zonas de conflicto", insistió.

El relator especial de la ONU para Birmania, el estadounidense Thomas Andrews, también instó a la comunidad internacional a imponer sanciones selectivas y embargos sobre las armas.

El enviado pidió asimismo que la ayuda humanitaria se destine directamente a la sociedad civil "en lugar de pasar por la junta" y urgió a las empresas internacionales a no trabajar más con los militares.

El embajador birmano en la ONU, Myint Thu, justificó por su parte la acción del ejército vistas "las irregularidades postelectorales".

"Birmania se enfrenta a desafíos extremadamente complejos y a una transición delicada (...) Esperamos con impaciencia que haya una mejor comprensión de la situación que prevalece en el país, así como una cooperación constructiva por parte de la comunidad internacional", dijo.

La junta cuestiona las elecciones legislativas de noviembre, ganadas por abrumadora mayoría por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi.