Más se demoró la ministra de Salud, Carolina Corcho, en radicar y presentar el proyecto de reforma al sistema, que convertirse el contenido en blanco de todos los sectores, incluso desde el mismo Gobierno.

El primero en cuestionarlo fue el exministro de Salud y actual jefe de la cartera de Educación, Alejandro Gaviria, quien manifestó que “todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales”, apunta Gaviria en el arranque de sus reflexiones. Eso no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro”.

Por su parte, la actual ministra de Agricultura, Cecilia López –quien tiene experiencia en el sector salud y durante los años 90 presidió el extinto Seguro Social–, dijo que tuvo oportunidad de expresarle al jefe de Estado su temor porque la iniciativa “repita la corrupción” que se veía hace algunos años en el sector.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), bajo la presidencia de Paula Acosta, lanzó una advertencia respecto al articulado de la reforma a la salud. Según el gremio, "las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero".

Las EPS

Una de las preocupaciones de la Asociación es que mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol como aseguradores. "El proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del sistema", sostiene. Por otro lado, el gremio asegura que nadie asume la responsabilidad y función de gestionar el riesgo en salud y ambas desaparecen.

Para Acemi el proceso de transición que contempla la reforma es una liquidación de las EPS que aún no deja en claro factores como los requisitos de habilitación. Y quedan en el aire preguntas tales como "¿cuánto tiempo tomará? y ¿están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la salud de sus afiliados”.

De otro lado, el centro de pensamiento ANIF sostuvo que “esta semana hemos visto, por fin, los planes que tiene el actual gobierno sobre el futuro del sistema de salud. El panorama es sombrío. No solo porque a todas luces vemos que el tal proyecto de ley no es sino una mera copia de lo que venía circulando hace meses (donde no se ve un ápice de autocrítica ni de moderación) sino también, y más importante aún, porque muestra unas ganas desesperadas de desandar los pasos que hemos recorrido y de implementar propuestas que no son novedosas, que desconocen las lecciones previas y que, simplemente, no funcionaron ¿Por qué habrían de funcionar ahora?”.

¿Borrar lo construido?

De acuerdo con Anwar Rodríguez Chehade, vicepresidente de ANIF y exdirector de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, “retornar a un esquema descentralizado y fragmentado en subcuentas desconoce todo el aprendizaje del sistema en estos años. Antes de la creación de la Adres, los recursos del sistema los manejaba un encargo fiduciario conocido como el Fosyga. En su momento se definieron cinco subcuentas: i) de compensación, ii) de solidaridad, iii) de promoción y prevención, iv) de eventos catastróficos y v) de garantías. La experiencia nos muestra que la ejecución de los recursos en subcuentas era compleja, se generaban excedentes donde no se necesitaban mientras que las necesidades se ampliaban en otras subcuentas”.

Señala Rodríguez Chehade que “la figura de giro directo, incluida en el Plan de Desarrollo y sobre la cual se insiste en el Proyecto de Ley, no es la solución mágica, la “bala de plata” a la que tanto se hace referencia en las discusiones de política pública. Es más, el giro directo como se está contemplando destruye la administración integral del riesgo (en salud y financiero) sobre la cual se basa el sistema de aseguramiento. De hecho, ya la ensayamos en Colombia y fue un rotundo fracaso. Dos ejemplos lo confirman: los recobros en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los regímenes especiales”.

Asegura el directivo que “los recobros de servicios y tecnologías no incluidos en el Plan de Beneficios han sido el mal mayor del sistema desde el punto de vista financiero. Ha sido la principal fuente de acumulación de deuda que, incluso, ha puesto en riesgo el flujo corriente de los recursos. Recordemos: en esta figura el hospital o clínica prestaba un servicio por orden de un juez, la EPS lo pagaba y luego lo recobraba al Fosyga. Ahí no hay ningún criterio de administración de riesgo en salud. ¡Bajo este modelo de ‘administración financiera’ los recobros pasaron de $200 mil millones en 2002 a más de $3 billones en 2010! Ahora, esto es lo que se quiere generalizar en el sistema, una gran central de facturas (ojo, que se generarán en los Centros de Atención Primaria y en los hospitales y clínicas) que sin ningún criterio de gestión de riesgo (nuevamente ni en salud ni financiero) se remitirán a la Adres para su pago. Simplemente bajo este modelo, no hay presupuesto ni chequera que alcance”.

Los pagos

Otra crítica del experto está dirigida al rol de las entidades territoriales que será fundamental para desarrollar el nuevo sistema. “Hasta ahí bien. Lo malo es que hoy no existe esa capacidad en los territorios. También traigo dos ejemplos en esa materia. El primero, relacionado con el pago de lo no cubierto con los recursos de la UPC (recobros del régimen subsidiado) y el segundo relacionado con la capacidad de ejecución que tienen las Entidades Territoriales (alcaldías y gobernaciones) de los recursos del componente de salud pública del Sistema General de Participaciones”, sostiene.

Indica que “la preocupación sobre el futuro del sistema de salud es toda. No ver los aprendizajes del pasado es una clara señal de soberbia, adjetivo que nunca debe acompañar la definición de la política pública, más aún cuando afecta directamente el bienestar de las personas”.

Por último, el vicepresidente de ANIF señala: “Hay un tema que ha pasado totalmente desapercibido, el pago y reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad y las incapacidades por enfermedad general. ¿Qué pasara con los más de $2 billones de recursos que hoy se destinan en el sistema para estos efectos? ¿Tiene el Ministerio la capacidad de hacer gestión de esas solicitudes como lo plantea el artículo 101 del Proyecto de Ley?”.

La preocupación por medicamentos

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos (Afidro) dijo que “en los últimos 30 años, Colombia ha garantizado el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, desarrollados por la industria farmacéutica innovadora representada en Afidro. Hoy los colombianos, sin importar su condición social o económica, ni su ubicación geográfica, reciben los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías”.

Ante ello, el gremio dice que “hacemos un llamado a que la propuesta de reforma a la salud no ponga en riesgo la ruta de atención efectiva para los pacientes, la oportunidad y continuidad en la entrega y dispensación de medicamentos, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la atención de poblaciones de alto riesgo. Reconocemos el criterio científico de los médicos colombianos al momento de elegir las mejores opciones terapéuticas. Vemos con preocupación que se podría estar atentando contra la autonomía médica para prescribir medicamentos innovadores y de vanguardia que atiendan las necesidades de sus pacientes”.