MÁS que indignación hay honda preocupación por el Plan B electoral que pedaleado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobado la semana pasada en México tras meses de intensos debates gracias a la mayoría de la coalición izquierdista en el Congreso y pese a las advertencias que sobre su real trasfondo e impacto fueron lanzadas dentro y fuera del país.

A un año y medio de las elecciones generales, donde se escogerá al sucesor del actual mandatario izquierdista, la oposición asegura que ante la prohibición constitucional de la reelección, López Obrador busca controlar el proceso de las urnas y, de allí, que la reforma aprobada quite presupuesto, funciones y autonomía al órgano encargado del mismo: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante la aplanadora izquierdista parlamentaria, liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que llevó al poder a López Obrador y sus aliados Partido Verde y el Partido del Trabajo, la oposición mexicana confía en que la Suprema Corte deje sin piso esta reforma electoral, contra la cual cursan varias demandas por considerarla un duro golpe a la democracia.

El llamado Plan B recibió la semana pasada el aval del Senado (72 votos a favor y 50 en contra), dos meses después de que fuera aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la primera de estas instancias y ante las dudas de varios parlamentarios de la coalición gobernante se dejó por fuera una polémica cláusula conocida como “vida eterna” que establecía, básicamente, que entre partidos de una misma coalición se puedan transferir votos.

AMLO justica este revolcón al INE, que elimina el 85% de su personal de carrera, reduce su capacidad operativa, recorta en alto porcentaje su presupuesto y le quita la función de sancionar a funcionarios que participen en política, porque dice es “oneroso, foco de corrupción y escenario de fraudes en el pasado”.

López Obrador descalificó de antemano la protesta, al señalar que detrás está un grupo de "corruptos" que quiere volver al poder para seguir robando. El presidente considera que los directivos de INE gozan de privilegios que no tienen otros funcionarios.

El mandatario insinuó incluso que la manifestación era a favor de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), a quien la justicia de Estados Unidos acaba de declarar culpable por narcotráfico.

"Vienen a decir: 'El INE no se toca', pero también 'García Luna no se toca', y en el fondo es 'el régimen corrupto y conservador no se toca'. Para eso es", repitió el gobernante a lo largo de la semana.

La oposición considera que esos recortes afectarán la autonomía del organismo, que también verá limitadas sus facultades para castigar infracciones electorales, pero, sobre todo, es un retroceso democrático, tal cual lo advirtieron también semanas atrás congresistas estadounidenses.

Precisamente tras la aprobación del Plan B en el Senado mexicano, los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU. estimaron que la aprobación de la reforma de la autoridad electoral en México "pone en peligro el futuro de las instituciones democráticas".

Con la aprobación de esta reforma "el Congreso de México ha puesto en peligro el futuro de las instituciones democráticas de su país", afirma el texto firmado por el demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Michael McCaul, al frente de la misma comisión en la Cámara de Representantes.

La iniciativa hace retroceder a México "a su pasado oscuro de elecciones controladas por el presidente no sólo retrasando el reloj de su democracia, sino también el de las relaciones entre nuestros países", añade.

Los dos destacados congresistas rechazan "los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México".

El pueblo mexicano merece, en su opinión, una "autoridad electoral que sea independiente y capaz de llevar a cabo elecciones libres y justas y ser gobernado por líderes que respeten el imperio de la ley".

Menéndez y McCaul estiman que López Obrador, con quien el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden escenifica una buena relación, espera "ser recordado como un demócrata y defensor de los más vulnerables", pero sus "esfuerzos continuos" para "quebrantar la autonomía e independencia del INE ciertamente cimentarán su herencia como todo lo contrario".

Por su parte el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo en Twitter que en México hay "un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales".

"Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer procesos democráticos y el estado de derecho", añadió.

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Indignación

Ante el hecho consumado, pero con la esperanza de que la Suprema Corte lo declare inconstitucional, el domingo miles de miles de mexicanos, convocados por la oposición de derecha protestaron en el zócalo de la capital mexicana y otras ciudades.

Fue la segunda gran concentración contra esta reforma de AMLO ya que a finales del pasado noviembre se registró otra multitudinaria muestra de indignación callejera.

El domingo, más de 500.000 personas, según estimaciones afines a los convocantes, se concentraron en el emblemático Zócalo para rechazar el anunciado cambio que aseguran va en contra del sistema democrático y tiene como único fin que el mandatario izquierdista pueda controlar los comicios del 2024.

Bajo la consigna #MiVotoNoSeToca, una multitud vestida de blanco y rosa (colores institucionales del organismo electoral) llenó gran parte principal plaza pública del país de unos 21.000 metros cuadrados- y varias calles aledañas del centro histórico de Ciudad de México.

"Es un retroceso a la democracia", dijo sobre la reforma Alejandro Rodríguez, abogado de 61 años quien considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere controlar las elecciones presidenciales del año que viene.

Al igual que otros manifestantes, Rodríguez también salió a la calle para "protestar contra el presidente", al que acusa de ejecutar políticas que "perjudican a los mexicanos".

"La reforma ataca todas nuestras instituciones, quiere quitar nuestras libertades", declaró Feliciano Vidal, trabajador independiente de 65 años.

La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, contrario a López Obrador, quien conserva una alta popularidad (60%) y su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de junio del próximo año.

Ramón Cossío, exmagistrado de la Suprema Corte Juan y orador principal del evento, acusó al mandatario de querer "apropiarse del sistema electoral".

Cossío confió en que la Suprema Corte eche abajo la reforma cuando falle las demandas que han sido presentadas ante ese tribunal.

"Confiamos en ellos (los jueces), en su talante democrático, en la decisión que tomarán para preservar la vida democrática del país", sostuvo desde una tarima el exmagistrado, a quien el presidente del país tilda de "corruptazo e hipócrita".

En respuesta a la protesta del fin de semana, López Obrador convocó a sus seguidores a movilizarse el próximo 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la nacionalización del petróleo en México.

Cambios

Los opositores rechazan las modificaciones impulsadas por el primer presidente izquierdista de México y que el autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) resumen en la eliminación del 85% de su personal de carrera y reducen su capacidad operativa.

Dicha entidad también denuncia que la reforma reduce su estructura territorial al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país, de 125 millones habitantes, tenga una sola persona encarga de la oficina electoral.

Estos cambios afectan la actualización y depuración del padrón electoral (conformado por unos 93 millones de votantes), apuntó el ente en un documento.

De igual forma desaparece el personal encargado de capacitar a los jurados de votación y se limita la capacidad para monitorear la propaganda electoral en radio y televisión, agrega.

Igualmente, la reforma acota las atribuciones del INE para sancionar a los funcionarios públicos que se expresen a favor de un candidato en campaña.

Los opositores aseveran que todo ello afecta la independencia del órgano encargado de las elecciones e inclina la balanza a favor del Gobierno de cara a las futuras citas electorales.