CON UNA audiencia pública y en medio del mensaje de urgencia, las Comisiones Primeras Conjuntas iniciaron la discusión del proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria en el Congreso de la República. Se trata de una ley ordinaria que le da base a la tenencia, deslinde y extinción del derecho de dominio de la tierra en Colombia, le da herramientas judiciales a los jueces agrarios para determinar diferendos agrícolas y le da cumplimiento al acuerdo de paz de 2016 en relación con la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado.

Inicialmente, el senador y presidente de la Comisión Primera de Senado, Ariel Ávila, explicó al respecto que “la Jurisdicción Agraria está en su camino final y la ley ordinaria le va a dar reglamentación a esta ley. Se ha generado un debate, estamos hablando de varios artículos que han generado un debate importante, pero creemos que llegaremos a conciliar todo el articulado y, pues, va a ser una realidad para el país en el marco del proceso de paz. Entonces no veo mayor dificultad, hay un debate, eso es cierto, pero vamos a conciliar los artículos que más debate generan sobre esta ley”.

Cabe señalar, que esta ley permitirá la descongestión de los despachos judiciales porque la Agencia Nacional de Tierras entrará a emitir fallos sobre los conflictos relacionados con la tenencia de tierras. Inicialmente, Juan camilo Morales, defensor delegado para asuntos agrarios de la Defensoría del Pueblo, explicó en este sentido que “este es un proyecto favorable hacia la protección de los actores de la ruralidad, porque implementa en una buena medida el acuerdo de paz de 2016, y contribuye al cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos, en aras de atender las controversias en los territorios y un énfasis en la superación de las barreras para que la mujer rural tenga acceso a la justicia. Así mismo, este proyecto de ley garantiza el acceso para el campesinado a la justicia y a los trabajadores rurales que fue decretado por Naciones Unidas en 2018 y apunta a disminuir la conflictividad agraria”.

Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia quién manifestó que “siempre hemos acompañado la creación de la Jurisdicción Agraria, pero esta ley tiene que ser estable y equilibrada y para esto hemos presentado al Congreso, 27 propuestas para 20 artículos de los 80 que contiene el texto de esta iniciativa. En temas relacionados con la resolución de conflictos agrarios rurales, hay varios artículos de la iniciativa que van en contra del acuerdo de paz. Particularmente, el artículo 12 en algunos de sus parágrafos le quita las competencias a los jueces de la República, que echa por la borda las garantías de acceso a la justicia y deja sin fundamento jurídico a la Jurisdicción Agraria. El proyecto debe reflejar el principio de permanencia y los temas de celeridad que vienen en el texto. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de la Sala de Casación de la Corte Suprema que pide ajustar la ley agraria al acuerdo de paz tal y como quedó establecido en 2016”.

Gobierno explica el proyecto

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que “el proyecto busca mejorar las condiciones en la calidad de vida del campesinado colombiano actualmente, y se encuentran como principios agrícolas descritos en al artículo 50 de esta Ley de Jurisdicción, pero que están amparados por la Constitución Política de Colombia. Estamos hablando de una jurisdicción y unos principios que no solo materializan el acuerdo de paz, si no que le permiten al país sistematizar y ordenar el régimen agrario, y permite cambiar el campo en Colombia y cerrar las brechas de desigualdad”.

Posteriormente, la funcionaria agregó que “sin un acceso a la justicia en el campo, y sin una herramienta que permita la restitución de tierras en Colombia, ha sido uno de los motivos que ha generado el mayor ambiente de violencia en las diferentes regiones del país. Las vías institucionales no han resuelto conflictos menores ni tampoco aquellos de mayor complejidad como las invasiones de tierras que hacen parte de maniobras realizadas por grupos armados para generar zozobra, por lo que el Gobierno impulsa esta ley”.