Uno de los temas clave de la agenda que el Gobierno impulsará en el Congreso a partir del próximo 16 de marzo será el agravamiento de penas a la minería criminal y la deforestación, que no solo causan graves daños ambientales, sino que financian el terrorismo.
Precisamente ayer, durante el Encuentro Latinoamericano de Minería, el presidente Iván Duque anunció que “estaremos presentando al Congreso de la República una ley, a partir de marzo, para fortalecer las sanciones por delitos ambientales y donde, también, endurezcamos las sanciones por la extracción ilegal de minerales”.
Al respecto, ya la semana pasada, en la Cumbre de Gobernadores, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, anticipó la radicación de “la Ley de Delitos Ambientales, con medidas fuertes para quienes atentan contra los recursos naturales”.
Sin embargo, ya la Comisión Primera del Senado espera que se comience a debatir un proyecto gubernamental sobre la materia.
Uno de sus ponentes, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, le dijo a EL NUEVO SIGLO que los congresistas han estado dialogando con el ministro de Minas, Diego Mesa, para lograr que el Estado quede dotado de herramientas para combatir la minería criminal, sin perjudicar a los mineros informales, que actúan en la ilegalidad, sin incurrir en las conductas que conectan a los extractores criminales con los grupos armados organizados (GAO).
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“Nos preocupa que se termine criminalizando todos los ilegales” si se da vía libre a una “mala redacción” del articulado, por lo que se está buscando incluir en el proyecto “mecanismos para formalizar”, que el Ejecutivo quede facultado para adelantar “campañas serias de formalización” y, al mismo tiempo, poder “enfrentar las mafias de la minería criminal”.
Un ejemplo de las medidas desafortunadas que se quieren evitar es la de “entregarle a la Policía la facultad de que, sin orden judicial, con apenas una decisión administrativa, pueda cerrar las minas”, señaló Velasco, quien juzgó que cosas de ese calibre “abrirían espacios de corrupción”.
Toda esta discusión gira alrededor del proyecto número 59 de 2020 Senado, “por medio del cual se establecen medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales y demás actividades relacionadas”. La iniciativa fue radicada el 20 de julio por el ministro Mesa y los entonces titulares de las carteras de Ambiente (Ricardo Lozano), Justicia (Margarita Cabello) y Defensa (Carlos Holmes Trujillo).
Además de Velasco, integran la comisión de ponentes los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático), Iván Name (Alianza Verde), Alexander López (Polo Democrático), Juan Carlos García (Partido Conservador), Germán Varón (Cambio Radical), Armando Benedetti (ex La U), Carlos Eduardo Guevara (partido Mira) y Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres).
También hacen parte de ese grupo los senadores Julián Gallo (partido Comunes) y Gustavo Petro (Colombia Humana), quienes se apresuraron a presentar el 8 de octubre ponencia negativa.
En trámite
Según la exposición de motivos, el proyecto de ley busca fortalecer las medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales, con instrumentos que permitan judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con este flagelo que atenta contra el medio ambiente y las comunidades.
“La minería ‘con todas las de la ley’ cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso este proyecto de ley busca poner mano dura contra este delito”, señaló el ministro Mesa tras la radicación de la iniciativa.
De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, el proyecto de ley contra la explotación ilícita de minerales se suma a otros esfuerzos del Gobierno nacional en busca de la legalidad, como la formalización minera. Se estima que muchos mineros tradicionales tienen la voluntad de iniciar este camino. Por esta razón, se han creado herramientas para facilitar el tránsito de alrededor de 27.000 de ellos a la legalidad, de los cuales 12.000 ya han iniciado este proceso.
Con el proyecto de ley se lograría judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este delito en Parques Nacionales Naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por parte de los implicados.
El proyecto de ley cuenta con componentes ambientales, penales, mineros y medidas especiales, entre las que se destacan los agravantes por desarrollarse en zonas protegidas y para financiación del terrorismo. Igualmente tipifica el delito de tenencia, comercialización y uso de mercurio, se incrementan las penas para su judicialización (la pena mínima pasaría de 2 a 5 años) y se adopta como medida especial el cierre de bocaminas a cargo de la Fuerza Pública, previa verificación por parte de la Autoridad Minera, entre otros.
También se crean los tipos penales de aprovechamiento ilícito de minerales y financiamiento o suministro de maquinaria para la explotación ilícita de yacimientos mineros. Asimismo, se incluyen los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente como conductas base del lavado de activos. Otro avance es que se agrava la pena para el delito de receptación, cuando la conducta sea ejecutada sobre minerales extraídos ilícitamente.
Minería criminal
El viernes pasado, el presidente Duque anunció en Tolemaida la entrada en operaciones de un comando de élite de 7.000 militares que "nace con el propósito de doblegar, de golpear y de someter las estructuras del narcotráfico y de las amenazas transnacionales ligadas a la explotación ilegal de minerales, al tráfico de especies, de personas y, por supuesto, a cualquier forma transnacional de terrorismo".
Como lo informó este Diario en agosto, las Fuerzas Militares y la Policía vienen fortaleciendo sus operaciones contra esta actividad criminal que además causa graves daños a la economía nacional. Es así como en un lapso de 18 meses ejecutaron 2.773 acciones contra la minería ilegal, logrando la captura de 4.439 personas y la inmovilización y destrucción de dragas, excavadoras y el decomiso de una tonelada de explosivos.
El coronel David Pabón, comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal, adscrita a la División de Aviación de Asalto Aéreo (Davaa), explicó que se trabaja las 24 horas del día para neutralizar a las organizaciones criminales que se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país.