- Respuesta concreta a focos de insatisfacción social
- Más allá de la intransigencia del “Comité de Paro”
Resultados concretos. Ese es el reto principal que tiene el Gobierno ahora que la llamada “Conversación nacional” está a punto de terminar su primera fase. Sería un error craso del Ejecutivo que estos cuatro meses de diálogo social con múltiples instancias nacionales y regionales no se aterrizaran en reformas puntuales y claramente diferenciadas como producto del ejercicio que se lanzó en respuesta a la ola de paros, marchas y ‘cacerolazos’ que comenzaron en noviembre, pero se extendieron a los primeros días de diciembre. No hay que olvidar que ese pico de insatisfacción de múltiples sectores del país tomó a la Casa de Nariño fuera de base y convocar a esa “Conversación” fue su reacción más inmediata con el fin de “escuchar” las inquietudes del país y tomar las medidas del caso para atenderlas de una forma ordenada, objetiva y, sobre todo, enmarcadas dentro de la hoja de ruta gubernamental, contenida en su Plan de Desarrollo.
De la entrevista dominical con el Secretario del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, encargado por el mandatario Iván Duque como el coordinador de este ejercicio de diálogo social, se pueden extrapolar varias conclusiones respecto al cómo y para qué de la “Conversación nacional”, cuyas dos últimas mesas terminarán de sesionar el próximo fin de semana, según el cronograma fijado por el Jefe de Estado para que este proceso cierre su primera fase el 15 de marzo, ad portas del arranque de las sesiones ordinarias del Congreso, a donde, por obvias razones, serán llevadas varias de las reformas derivadas de las discusiones temáticas en estos cuatro meses.
En primer lugar, Molano insistió en que el diálogo social se aterrizará en una agenda de medidas concreta que resultará de la condensación de todo lo analizado en las mesas nacionales y regionales, informe que le será presentado a Duque en próximas semanas. En segundo término, el Ejecutivo ya tiene andando un primer tramo de alivios sociales relacionado con la disminución de los aportes a salud por parte de los pensionados con mesadas inferiores a dos salarios mínimos, el cronograma para los tres días sin IVA, el mecanismo preliminar para la devolución de este impuesto a los sectores más pobres, el plan de acción para emplear a jóvenes en el Estado y la hoja de ruta para beneficiar a los 120 mil usuarios del Icetex, entre otras medidas. Otra conclusión clave de lo afirmado por Molano es que, si bien, el Gobierno ha mantenido la disposición de diálogo con el llamado “Comité de Paro”, ese proceso se estancó por la insistencia de este último en erigirse como una única instancia interlocutora y negociadora, además de una serie de exigencias imposibles de cumplir por ir en contra del ordenamiento legal y constitucional. Y por último, pero no menos importante, toda la agenda derivada de ese este ejercicio de diálogo social está y estará enmarcada dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo aprobado por el Congreso a un Presidente que llegó al poder con un amplio mandato popular hace 18 meses.
Aunque para algunos sectores la “Conversación nacional” no tiene visos de éxito y prueba de ello sería que el mismo “Comité de Paro” que convocó la movilización del 21 de noviembre tiene citada una nueva protesta para el 25 de marzo, bajo la tesis que el Gobierno no escuchó ni atendió los focos de insatisfacción social, esa óptica no resulta acertada. Esto último porque, es claro que, dicho Comité nunca fue el vocero único y reconocido de todos quienes se manifestaron a finales del año pasado, a lo que se sumó que en su interior hay evidentes signos de politización y no pocas de sus propuestas son inviables desde el punto de vista fiscal o lejos de querer corregir el rumbo de la política gubernamental lo que buscan es imponer un discurso y hoja de ruta para el país que no fue la votada por las mayorías en 2018.
Así las cosas, el principal reto del Gobierno no es si puede buscar un marco de entendimiento con el “Comité de Paro”. El desafío real y prioritario es responder de manera concreta y puntual a los focos de insatisfacción social que hay en el país para evitar que su frustración termine siendo instrumentalizada por sectores radicales. Obviamente es imposible solucionar todas las falencias y superar las múltiples problemáticas que afrontan los colombianos. Sin embargo, se requiere audacia para acelerar muchos programas, políticas y proyectos dirigidos a combatir la desigualdad, el desempleo, la corrupción, el desgreño administrativo, la violación de derechos humanos, la inseguridad, entre otros fenómenos socioeconómicos cuya profundización explica por qué hoy 7 de cada 10 consultados, según las encuestas, descalifica la gestión de la Casa de Nariño. La única forma de revertir esa grave circunstancia es que la “Conversación nacional” pase más rápidamente de las palabras a los hechos. A los resultados concretos.