Esta semana debe radicarse en el Congreso el proyecto con el que el Gobierno quiere recaudar no menos de $25 billones para financiar en primer lugar la atención a la población más vulnerable, fuertemente golpeada por la pandemia, además de cubrir el déficit y apoyar a la población venezolana que huye del régimen de Maduro.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha estado socializando las propuestas con los partidos y los gremios, por lo que se espera que, al menos entre las colectividades afines al Gobierno, el alto funcionario logre un conceso suficiente para el trámite de la iniciativa, pero aun así existe en el ambiente la pregunta sobre si el Ejecutivo tiene margen político suficiente para hacerlo.
Aunque las medidas concretas que finalmente llevará el Gobierno al Congreso solo se sabrán cuando se radique el proyecto, la especulación sobre cuál podría ser ese contenido ha llevado a que al interior de la bancada oficialista se hayan expresado voces que toman distancia de, por ejemplo, cualquier idea de gravar productos de la canasta familiar básica; y ni qué decir de la dirigencia independiente y de oposición.
Como lo ha dicho EL NUEVO SIGLO, ese panorama pone difícil la tarea de los miembros del gabinete que tendrán que hacer gala de sus más sofisticadas armas para lograr consolidar la llamada ‘bancada extendida’ que le garantice al proyecto al menos 66 votos en el Senado y no menos de 110 en la Cámara, con lo que queda claro que al Gobierno no le va a bastar con sus propias fuerzas, porque tendrá el contrapeso de independientes (30 senadores y 65 representantes) y opositores (24 y 21).
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Cambio Radical
La primera tarea sería restar de los independientes a Cambio Radical (16 senadores y 30 representantes), lo que no debería ser difícil, pues sus congresistas suelen acompañar las iniciativas del Gobierno.
Sin embargo, su jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha calificado la iniciativa como un “gran conejo” que, en su criterio, se le ha convertido al Gobierno en “un encarte” pues “no acogerá” ninguna de las conclusiones de la Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus propuestas.
Y este fin de semana volvió a expresarse en contra, señalando que “lo que se va a tramitar es, una vez más, una reforma que se aplicará sobre los de siempre, es decir, sobre el grupo de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias: los asalariados y las empresas formales”.
Además, escribió en su columna, “para colmo, el riesgo de tramitar una reforma en plena campaña electoral es descomunal. Surgirán toda suerte de propuestas populistas. Esta reforma es el verdadero despropósito nacional. Quién lo creyera, se nos anticipó la reforma Petro”.
La otra organización política declarada en independencia es el Partido Liberal (14 senadores y 35 representantes), cuyo jefe único, el expresidente César Gaviria, advirtió en una carta a su bancada que la colectividad no apoyará “ningún proyecto que aumente el IVA a los productos básicos de la canasta familiar”.
Fuego amigo
Las afugias de la Casa de Nariño no se limitan a la ampliación de la coalición, porque en sus propias filas hay al menos dudas sobre algunos tópicos. Para no ir más lejos, el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido de Gobierno, quien por supuesto acompaña la gestión de Iván Duque, le ha pedido a los congresistas del Centro Democrático “consensuar” el tema e insiste en que la nueva propuesta gubernamental “debe ser moderada y consensuada con mayorías”.
Uribe, que no da puntada sin dedal, expuso hace poco la posición de sus correligionarios en el Congreso, al llamarle la atención a los ministros sobre que “el ahorro tiene que ser drástico; y la tributaria moderada y consensuada con mayorías; propuestas que generen rechazo, pensiones a partir de 7 millones por ejemplo, no las aprueba el Congreso, afectan más al Gobierno y al Centro Democrático y oposición se lleva el mérito”.
Entre tanto, el presidente Duque manifestó este fin de semana que el Gobierno nacional necesita extender y garantizar la sostenibilidad de los programas sociales originados en el marco de la pandemia del covid-19 para proteger a los más vulnerables, y agregó que el país también requiere “recuperar crecimiento”.
Necesidades
“Necesitamos recuperar crecimiento, pero también necesitamos seguir protegiendo a los más vulnerables. Entonces, lo que se busca hoy, y lo digo con mucha claridad, es que Ingreso Solidario está vigente hasta el mes de junio; el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) estaba vigente hasta el 31 de marzo, y, fuera de eso, tenemos los programas del Fondo de Solidaridad Educativa, que terminan en junio; tenemos que garantizar la sostenibilidad de la devolución del IVA, y poderles dar esos ingresos extraordinarios a las familias más vulnerables”, explicó.
En este sentido, puso de presente que es “esa necesidad, sumada, por supuesto, a la estabilización de las finanzas públicas, lo que nos lleva a tener una transformación social sostenible”.
Los estimativos del Gobierno apuntan a que con este proyecto de reforma tributaria se lograría mitigar cerca del 66% del aumento de la pobreza en el país, quizás el indicador más sensible en una época tan crítica como la actual.
Para lograrlo, la comisión de expertos que durante varios meses trabajó en el documento que puso a consideración del Ejecutivo, trazó unas directrices bien definidas: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la base de renta de personas naturales. Con estas dos propuestas se busca que una mayor cantidad de colombianos aporte y que los mayores recaudos provengan de quienes tienen mayores ingresos y patrimonios.
También sugieren los expertos que hay que seguir en la senda de abolir impuestos y la disminución del Impuesto a la Renta empresarial.
A cambio, se insiste en gravar las pensiones más altas y replantear los subsidios a las pensiones, y además el Gobierno piensa jugársela con un nuevo Impuesto al Patrimonio y no tocar el cuatro por mil.
Ese impuesto del 3% permanente para patrimonios superiores a $5.000 millones trae un componente de resistencia en muchos sectores pero que a juicio del Gobierno debe discutirse desde su transitoriedad, marginalidad y la posibilidad de permitir deducciones.
Con estos nuevos impuestos, que de ser aprobados entrarían a regir desde el año entrante, la administración Duque busca financiar programas como Ingreso Solidario que se creó en pandemia y está programado para extenderse un par de meses más, o la devolución del IVA que para Planeación Nacional es la mejor forma de llegarles a los colombianos más pobres.