EL ESPALDARAZO del Consejo Constitucional a los pilares de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron es el final del proceso democrático a esta impopular pero inaplazable decisión que evitará el vaticinado colapso del sistema, en un futuro cercano.

Consciente del costo en el apoyo ciudadano y de la conflictividad social que iba a generar –tal cual ocurrió- su determinación de expedir por decreto el aumento de dos años para la jubilación (de 62 sube a 64) y de uno más en la cotización para cobrar una mesada completa (43), el centrista presidente francés reiteró su lema de “mantener el rumbo” y se mostró convencido de que más allá del oportunismo de los partidos opositores y los sindicatos, los ciudadanos entenderán que es una reforma ‘imprescindible’, tal cual lo expresaron los republicanos (conservadores) a través de su presidente, Éric Ciotti, quién también instó a "aceptar" la sentencia del Constitucional y "respetar" las instituciones.

Vale aclarar que estos dos ejes de la reforma no son de inmediata aplicación, ya que el primero comenzará a regir en el 2030 y, el segundo, tres años antes.

El Consejo Constitucional de Francia tumbó seis disposiciones menores de la iniciativa gubernamental, entre ellas el conocido como 'index senior', un sistema con el que se planteaba incentivar la contratación de personas mayores, al igual que dio un portazo a la propuesta de la izquierda de convocar a un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años.

La primera ministra, Elisabeth Borne, encargada por Macron no de sacar avante la modificación al sistema pensional y plantar cara, ante la Asamblea Nacional, partidos y sindicatos, reaccionó tras el dictamen constitucional trinando “Aquí no hay ni vencedores ni vencidos", para luego recordar, por esa misma vía que "cuatro de cada diez trabajadores podrán jubilarse antes de la edad legal", en virtud de unas disposiciones que teóricamente tienen en cuenta las "carreras largas".

Como era de esperarse el respaldo constitucional a la reforma pensional reavivó la agitación política y la protesta social, impulsadas por los partidos de oposición y los sindicatos que ahora pretenden radicalizar su posición y tras descartar la invitación del Presidente a una reunión el martes próximo, convocaron a masivas marchas para el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Las cabezas visibles de la oposición, tanto de la izquierda como de la ultraderecha reaccionaron, como era de esperarse, airadamente e intentado divulgar un falso temor ciudadano.

El excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), cuestionó el dictamen del Consejo, al que considera "más preocupado por las necesidades de la monarquía presidencial que por las del pueblo soberano".

A renglón seguido proclamó que "la lucha continúa" y que no cesará hasta que, como lo expresaron los sindicatos, Macron dé marcha atrás en la prevista normatividad.

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Por su parte la líder ultraderechista Marine Le Pen advirtió que, aunque se haya podido dar carpetazo a la "secuencia institucional", considera que "la suerte política" de la reforma aún no está echada, ya que "el pueblo tiene la última palabra".

A él "le corresponde preparar la alternancia" que podrá revisar "esta reforma inútil e injusta", añadió.

También sostuvo que "la entrada en vigor de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron".

El jefe del partido Comunista, Fabien Roussel se expresó en el mismo sentido y trinó "temo un estallido social".

En contravía se expresó el presidente de Los Republicanos, quien coincidió con el gobierno en que esta reforma es tan necesaria como inaplazable, al margen de los “errores de método” que hayan podido cometerse durante el proceso.

Muchos franceses y expertos auguraban una decisión parcialmente favorable del Constitucional. La relación de fuerzas de sus nueve miembros -escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento- beneficiaba también a Macron.

Sin embargo, el rechazo de Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) cayó como un jarro de agua fría a los adversarios de la reforma.

Pero la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba de algún modo y el jueves presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar.

El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.

Ira sindical

Entre tanto, y también como era previsible, la intersindical que aúpa a los mayores sindicatos franceses anticiparon que de aprobarse la ley, “ninguna organización sindical se reunirá en ningún momento con el Ejecutivo para hablar de otra cosa que no sea la retirada de la reforma de las pensiones".

Además de exigir al Gobierno que no dé 'luz verde' a la reforma y que la envíe de vuelta a la Asamblea Nacional, los sindicatos convocaron a manifestaciones y paros el 1 de mayo, lo que no es novedad alguna ya que desde el mismo momento, hace tres meses, en que el presidente Macron anunció la reforma han mantenido su protesta en las calles y esporádicos bloqueos a vías en neurálgicos puntos del país galo.

 El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, sostuvo en una carta publicada en su perfil oficial de Twitter que "no ha terminado" la lucha contra la reforma y ha tildado de "inédita" la situación actual.

Pese a que Macron no ha promulgado la ley todavía, prometió desde un primer momento que, tras obtener el visto bueno del Consejo Constitucional, lo haría. Así, allegados al Eliseo no descartan que estampe su firma "en los próximos días", inclusive este fin de semana.

La agitación social se avivó tras el fallo de dicho Consejo y anoche se registraron enfrentamientos entre los manifestantes frente al Ayuntamiento de París. Posteriormente la refriega se trasladó a la emblemática Plaza de la Bastilla, mientras que en otras ciudades francesas como Nantes, Rennes o Lyon se reportaron altercados menores, como la quema de llantas, bicicletas y contenedores de basura.

Consciente del descontento de un sector ciudadano, el presidente Macron deberá hacer gala de su experticia política, capacidad de diálogo y poder de convencimientos para reconducir su relación con los sindicatos y acabar el conflicto social.

Sus detractores políticos avivan la ola de protestas acusando al mandatario de gestar “una crisis democrática” al decir el pasado 16 marzo expedir por decreto su reforma, asegurando que iba a ser derrotado ene l Parlamento donde no tiene mayoría absoluta.

Sin embargo, bajo su lema de “mantener el rumbo”, tal cual lo repitió ayer durante una inspección a las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame, incendiada exactamente hoy hace cuatro años, se da por descontado no sólo que Macron desactive el actual malestar social, sino que siga avanzando con el programa reformista anunciado para éste, su segundo mandato, que concluye en el 2027. /Redacción internacional con agencias