El jefe del Ministerio Público anunció la apertura de procesos en ocho departamentos por irregularidades en suscripción de contratos relacionados con la emergencia por el coronavirus

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La apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de ocho departamentos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por la Covid-19, anunció ayer el procurador general de la nación, Fernando Carrillo.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, dijo Carrillo, quien subrayó que “están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres”, señaló.

La Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación mediante herramientas analíticas señalaron que vigilan la ejecución de contratos por la emergencia de la Covid-19. En el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017 contratos, los cuales fueron firmados desde el 20 de marzo, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80.000 millones.

En el departamento del Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investigan las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100.000 mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la Gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19.000 pesos o bolsas de leche a $13.000, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S.

Obra digital

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58.000.000, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar esta pandemia”.

En Cundinamarca, se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de La Palma y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

También, figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500.000.000 con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus Covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.

En entrevista radial el contralor general, Carlos Felipe Córdoba afirmó que se están analizando más de 37.000 contratos en los que se están usando los recursos destinados para la atención por coronavirus en el país y en dicho análisis ya se han encontrado algunas irregularidades. “Gobernaciones y alcaldías están firmando contratos que generan suspicacias en valores irregulares y por no tener información necesaria del contratista”, dijo Córdoba.

Recomendación

La Procuraduría y la Contraloría recomendaron al Gobierno nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las entidades territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención de la Covid-19.

Estos mecanismos, de acuerdo con los entes de control, permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades, así como comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así como coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica.

Además, instaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar y dar celeridad al diseño, estructuración y puesta a disposición de las gobernaciones y alcaldías, de los Instrumentos de Agregación de Demanda necesarios para la compra de bienes y servicios imprescindibles para atender, así como mitigar la pandemia.

En desarrollo del programa Transparencia por la emergencia, los órganos de control recordaron a los ejecutores del gasto que están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos,  la vulneración de los derechos de los ciudadanos, del personal médico y del sector salud.

El propósito de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia.

Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada a la Covid-19, el pago de deudas de las entidades, contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas.

Dijeron que se están verificando conductas que no son admisibles, como: (a) la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies; (b) la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia; (c) la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia; (d) contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados de la Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e Internet que tienen información suficiente; (e) contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales; (f) contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta; y (g) contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.