LA INVESTIGACIÓN por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entró en el tramo de las definiciones en los procesos que se adelantan a eventuales implicados y determinadores. Lo más reciente es que la Corte abrió investigación formal a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente; y también se conoció que la Fiscalía requirió para el próximo 29 de noviembre la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para la ex alta Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
La exfuncionaria se pronunció al respecto el pasado viernes señalando en su perfil en la red X, que “es inaceptable enterarse de una imputación de cargos en mi contra por medios de comunicación, la Fiscalía sabe que no he cometido ningún delito y no tengo nada que esconder”.
Las autoridades pusieron la lupa sobre la contratación que realizó la Ungrd a finales del año pasado para llevar agua a La Guajira por la sequía acentuada por el fenómeno de El Niño, después de que informaciones de prensa dieran cuenta de que 40 carrotanques que compraron estaban parqueados en un batallón en ese departamento porque no tenían las pólizas y otra documentación necesaria para ponerlos en marcha.
Las investigaciones pusieron en evidencia inicialmente las actuaciones irregulares de Olmedo López, entonces director de la Ungrd; y de Sneyder Pinilla, entonces director de Manejo de Desastres, quienes de entrada aceptaron su responsabilidad y ofrecieron colaborar con la justicia buscando beneficios penales.
Estas personas, junto con el contratista Luis López Rosero, fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
El escándalo estalló verdaderamente en marzo pasado, cuando Pinilla reveló a la prensa que en medio de estos hechos de corrupción en la Ungrd se sacaron dineros, supuestamente, para entregar a algunos congresistas con el fin de que votaran a favor las reformas del Gobierno. Señaló a Iván Name de supuestamente recibir $3.000 millones, que dijo se los hizo llegar por medio, presuntamente, de Sandra Ortiz; y que él (Pinilla) personalmente fue al apartamento en Montería de Andrés Calle para entregarle $1.000 millones.
Los funcionarios
La Fiscalía abrió una investigación el pasado 18 de julio al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; a Carlos González, quien días después renunció a la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia; y al exministro del Interior Luis Velasco, por lo que han declarado Pinilla y López.
En la audiencia de medida de aseguramiento, el pasado 30 de agosto, contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, también salieron a relucir los nombres del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Carlos González y César Manrique, quien hace pocos días renunció como director de Función Pública.
La fiscal delegada María Patiño dijo en esa oportunidad que “entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60.000 millones para Iván Leonidas Name Vásquez y por un poco más de $10.000 millones para Andrés David Calle Aguas, contratos que posteriormente se cambiaron por $3.000 millones en efectivo para Name Vásquez y $1.000 millones en efectivo para Calle Aguas”.
En cuanto a la participación que habría tenido el ministro de Hacienda en estos hechos, la fiscal Patiño dijo que Olmedo López “ordenó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y El Carmen de Bolívar, Bolívar, en concreto en el corregimiento de El Salado, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara, de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso”.
La Fiscalía dio a conocer, según declaró López, que el llamado cónclave en donde altos funcionarios del Gobierno le habrían dado a éste instrucciones para entregar dinero a congresistas, se realizó en la Casa de Nariño aprovechando un tiempo previo a un consejo de ministros que fue convocado el 27 de noviembre de 2023.
También, como se dijo, la exconsejera Presidencial para las Regiones fue vinculada a esta investigación. El pasado 13 de septiembre, la llamaron a la Fiscalía a declarar por su solicitud para dar versión de estos hechos, sin embargo, en la diligencia fue presa de un ataque de nervios y entre lágrimas dijo que se sentía mal, que está en tratamiento psicológico, por ello no pudo continuar la audiencia.
Se está a la espera de que la Fiscalía llame a declarar al ministro Bonilla, al exministro Velasco, a Carlos González y posiblemente a César Manrique.
La Procuraduría abrió indagación en julio pasado por presunta participación en el entramado de la Ungrd al ministro de Bonilla, el exministro Velasco y el exdirector de la Dirección de Inteligencia, Carlos González.
Todos los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno calificaron de “mentirosas” las afirmaciones de López y Pinilla, y dicen que así lo demostrarán ante la justicia.
Los congresistas
La Sala de Instrucción de la Corte abrió el pasado 5 de noviembre investigación formal a los congresistas Iván Name y Andrés Calle por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Se determinó que sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.
Esta misma Sala dio apertura la semana anterior de una investigación formal a cinco congresistas y un excongresista, que serán citados a diligencia de indagatoria, por el presunto delito de cohecho impropio.
La decisión cobija a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya; así como los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.
Para esta decisión, se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd.
En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito los aforados habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
La Sala de Instrucción de la Corte anunció que citará a los investigados a diligencias de indagatoria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Los parlamentarios investigados sostienen que faltan a la verdad Pinilla y López, y que no recibieron dinero ni contratos de la Ungrd.
Compulsa de copias
El pasado 16 de julio, la Sala de Instrucción de la Corte recibió compulsa de copias de la Fiscalía en la que se pide indague la posible participación de nueve congresistas en los hechos relacionados con la estructura ilícita que habría funcionado en la Ungrd durante la administración de Olmedo López.
La Fiscalía allegó dos archivos, el primero correspondiente a la información en la que figuran los congresistas Iván Name y Andrés Calle con destino al magistrado Francisco Farfán. Y en otra pieza lo relacionado con el representante Wadith Manzur cuya investigación se encuentra en el despacho del magistrado Héctor Alarcón.
En un segundo oficio se menciona a otros seis aforados: Julio Chagüi, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Muñoz (excongresista) y Juan Gallo.