La Semana Santa del 2021 ha sido la más violenta en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016, así lo dio a conocer este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su quinto Reporte de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación. 

De acuerdo con el alto tribunal, durante este periodo de tiempo se intensificaron las acciones violentas en gran parte del país a causa del expansionismo constante de los actores armados ilegales y el uso instrumental de la violencia masiva por parte de pequeñas estructuras delincuenciales. 

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"En comparación con otros años, es notorio el incremento de acciones ofensivas y letales en contra de la Fuerza Pública y la población civil", aseguró la JEP, que agregó que esto significa un riesgo notable a su trabajo "ya que casi la mitad de los hechos ocurridos durante la Semana Santa fueron en zonas de interés para la Jurisdicción".

En ese sentido, según reveló el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, durante la Semana Mayor, las organizaciones criminales tuvieron un pico en su accionar y en enfrentamientos que sostienen entre ellos para consolidar corredores estratégicos. 

Los municipios más afectados por esta situación son Montecristo y Rio Viejo, en Bolívar; Argelia, Jambaló, Suárez, Caldono, Timbiquí y Toribío, en el Cauca; y El Charco y Tumaco, en Nariño.

De igual manera, el informe señaló un notorio crecimiento que estos grupos han tenido dado teniendo en cuenta que, si bien no se alcanzó el pico de 9 eventos que se presentó en 2019, estos protagonizaron 8 enfrentamientos con la Fuerza Pública, y un hostigamiento.

Asimismo, la JEP resaltó que las confrontaciones han llevado a que afectaciones como los confinamientos (4), las masacres (4), los homicidios a líderes sociales (5) y los desplazamientos forzados (8 al igual que en 2018) hayan alcanzado su máximo durante estos días en comparación a la misma semana en años anteriores.

                                                                                                     _{Fuente JEP}

Adicionalmente, la Jurisdicción resaltó que en informe anteriores ha advertido sobre la expansión de grupos armados como el ELN y el 'Clan del Golfo' en antiguas zonas donde hicieron presencia o donde el desarme de las extintas Farc les ha otorgado la posibilidad de incursionar.

Con respecto a las disidencias y las estructuras narcotizadas, el alto tribunal indicó que estás se han mantenido y fortalecido en la frontera colombo-ecuatoriana o acoplado en otras regiones del país a las dos grandes vertientes existentes, las cuales son coordinadas por alias 'Gentil Duarte' y la 'Segunda Marquetalia'.

A su vez, el documento recordó que a las dinámicas violentas llevadas a cabo por estructuras ilegales, se suman las masacres que se perpetran en municipios medianos como Circasia en Quindío, y Cartago y Jamundí en el Valle del Cauca.

Los hechos violentos en Semana Santa fueron cometidos en las áreas urbanas de los municipios con características sicariales y al parecer motivados por enfrentamientos por el control de negocios ilegales. 

Finalmente, la JEP agregó que estos hechos se presentaron durante el tiempo de descanso teniendo en cuenta que las organizaciones delictivas "perciben estos espacios de tiempo como momentos en los que la fuerza pública no es tan efectiva" y manifestó su preocupación por el riesgo para las organizaciones, comunidades o personas relacionadas con la Jurisdicción.

"Preocupa especialmente la región del pacífico nariñense en donde la confrontación entre disidencias durante esa semana parece el preludio de una larga serie de enfrentamientos entre estos grupos por el control de la zona", concluyó. 

Cabe mencionar que en este informe la JEP también entrega información sobre la gravedad de la situación en Putumayo, los riesgos para la participación efectiva de víctimas y comparecientes en los macrocasos priorizados y amenazas de la participación del alto tribunal en Nariño. 

A su vez, dedica un apartado a las graves violaciones a los derechos humanos y otras afectaciones masivas a la población civil ocurridas durante el periodo del 8 de marzo al 4 de abril de 2021. 

A continuación podrá consultar el quinto Reporte de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP: