Detalles de los resultados y últimas medidas que ha adoptado para proteger la integridad de los líderes sociales en los territorios, entregará este jueves el Gobierno ante la Corte Constitucional, en una audiencia pública dentro del proceso de tutela T-8.018.193 y acumulados.
Para tal fin fueron citados los ministerios del Interior y de Hacienda, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El asunto versa sobre nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la UNP y la Procuraduría General de la Nación.
Los accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran.
Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP; otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no ha sido suficiente dado que los mismos no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural ni territorial.
Igualmente, destacan que esta situación ha afectado la representación de las colectividades y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
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La audiencia abarcará cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección a la población líder y defensora de derechos humanos.
Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cuarto, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.
Según cifras de oenegés, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, han sido asesinados más de 400 líderes sociales en diferentes regiones del país, en las cuales hacen presencia la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.