Colombia atravesó la octava jornada nacional de protesta con marchas y movilizaciones en diferentes ciudades del país, y aunque se registraron algunas alteraciones de orden público ya no con la misma intensidad de los días precedentes.
Sin embargo, el Gobierno nacional comenzó a adoptar una serie de decisiones para mitigar los efectos de los vándalos que han agredido a la Fuerza Pública, destruido la infraestructura económica y generado caos, desolación, bloqueos y desabastecimiento.
Al mediodía de ayer, el presidente Iván Duque entregó una declaración desde la Casa de Nariño en la que aseguró que “la amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales, para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública”.
Duque aseguró que “el vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”.
Por eso anunció varias medias que van desde establecer una línea única de denuncia nacional (323 272-9668); la activación del Grupo Especial de Investigación Contra el Vandalismo y una recompensa de hasta $10 millones por colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos.
Sin embargo, el mandatario agregó en una entrevista radial que no descarta la posibilidad de acudir a la conmoción interior, como le pidieron desde el Centro Democrático.
“Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución y la ley. La Ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen, únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, explicó.
Condena de la CIDH
Por otra parte, ayer se escucharon nuevas voces internacionales de condena a la crítica situación que afronta Colombia desde el pasado 28 de abril.
Al llamado que han hecho la OEA, la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras, ayer se sumó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en un comunicado condenó “el uso excesivo de la fuerza en el marco del paro nacional en Colombia”.
El organismo hemisférico expresó su “profunda preocupación” por las personas desaparecidas y por las más de 140 denuncias de violaciones a los derechos humanos reportadas por la Defensoría del Pueblo colombiana y los presuntos casos de violencia sexual.
La Corte IDH le pidió al Estado colombiano “investigar diligentemente los hechos y, en casos de violencia sexual, con debida diligencia reforzada, y sancionar a los responsables”, y recordó que las vulneraciones de derechos humanos de civiles “deben ser juzgados en tribunales ordinarios”.
Mientras tanto, el presidente interno de Venezuela, Juan Guaidó, también pidió respeto por la protesta pacífica, no solo en Colombia sino en todo el continente. En declaraciones radiales, Guaidó dijo que “todos los abusos deben ser investigados y llevados a luz por las autoridades”, y de paso pidió que la protesta social sea pacífica para que no tergiverse su propósito constitucional.
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Apego a la Constitución y la Ley
Entre tanto, los presidentes de las altas Cortes Jurisdiccionales del país emitieron un comunicado conjunto en el que no solo rechazan los hechos vandálicos de los últimos días que ha cobrado la vida de 24 personas, sino advierten que el uso irracional de la fuerza no es el camino.
“Es momento de asumir con plena responsabilidad esta dolorosa lección que la historia nos repite una y otra vez: la fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales. Son los procedimientos constitucionales y legales –tramitados, acordados e instituidos democráticamente– los instrumentos adecuados para frenar la espiral de violencia, muerte y destrucción”.
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunciaron que hoy se reunirán con el presidente Iván Duque.
Pese a que ya las reuniones del Gobierno nacional se iniciaron con algunos dirigentes políticos, las altas Cortes instan a los líderes del país a que “estos espacios incluyan a todos los actores involucrados en la protesta pacífica y en el malestar social”.
Avanzan las investigaciones
La Defensoría del Pueblo, por su parte, entregó ayer ante la Fiscalía General de la Nación un informe consolidado de sus investigaciones sobre los desmanes que ha dejado el paro nacional.
La Defensoría entregó una lista en la que da cuenta de 24 personas muertas durante los primeros siete días de protestas, 17 de ellas en Cali y Yumbo (Valle del Cauca); con un caso en Medellín, Bogotá, Soacha, Madrid, Ibagué, Pereira y Neiva.
Según el organismo de protección de los derechos humanos, de estas muertes al menos 11 serían responsabilidad de la Policía Nacional por el exceso en el uso de la fuerza y de armas letales para reprimir las protestas.
Además, informó la Defensoría que tiene un registro de al menos 87 personas desaparecidas debido a detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública.
No obstante, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que 47 de los ciudadanos dados por desaparecidos ya están ubicados, algunos en sus casas, otros que habían sido retenidos preventivamente por las autoridades, pero no se conoce el paradero de las otras 40.
El oficial explicó que se han contabilizado 344 personas lesionadas, 68 instalaciones de policía afectadas, una subestación en el Valle del Cauca destruida y medio centenar de buses vandalizados.
El general Vargas agregó que la Institución está colaborando de forma eficaz con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en las investigaciones, y que algunos casos ya quedaron en manos de la Inspección General de la Policía.
Igualmente, Vargas confirmó que en desarrollo de las manifestaciones que ya completaron una semana han muerto 11 personas, como dijo la Defensoría, pero aseguró que “eso no quiere decir que la Policía sea la responsable de esas muertes”, pues son investigaciones que adelantan los organismos competentes.
Mientras tanto, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, reiteró que detrás de los hechos vandálicos de los últimos días en el Valle del Cauca estarían funcionarios públicos que han instigado a los ciudadanos a cometer desmanes.
“Hemos determinado que en varias ciudades donde se han presentado hechos vandálicos en el marco del derecho legítimo de la protesta, que tiene un límite que justamente es que no se pueden cometer delitos a nombre de la protesta, existen funcionarios públicos que han instigado y organizado los desmanes y por ello tendrán responsabilidad penal”, aseguró sin dar nombres propios.
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