La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia condenar al exmagistrado Gustavo Malo Fernández por su vinculación con el llamado ‘Cartel de la toga’, un entramado de corrupción que involucra a otros reconocidos juristas para incidir en decisiones de la justicia a cambio de dinero.
La petición la hizo el Ministerio Público ayer en la mañana durante la audiencia de alegatos de conclusión del juicio contra Malo Fernández, donde el delegado de la Procuraduría, José Fernando Ortega, dijo que el exmagistrado de la Corte Suprema se concertó con el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado Francisco Ricaurte para crear una organización criminal que beneficiaría a aquellos que eran investigados en el despacho de Malo.
En la audiencia virtual Ortega explicó que los testimonios de los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, además del exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, demuestran la participación de Malo Fernández en el ‘Cartel de la toga’.
El exmagistrado Gustavo Malo Fernández fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva.
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Por estos mismos hechos, el pasado 25 de marzo fue condenado a 19 años de prisión el también exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada, y se le impuso una sanción económica de 485 salarios mínimos.
De acuerdo con el concepto del agente del Ministerio Público, quedó demostrado que Malo Fernández “hizo parte de una organización criminal cuyo propósito era beneficiar los intereses de quienes estaban siendo procesados en su despacho, a cambio de altas sumas de dinero”.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes había encontrado “serios indicios” de la participación del exmagistrado en el entramado de corrupción judicial para favorecer a aforados constitucionales. Entre ellos se mencionó a los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
Para la Procuraduría, todos los testimonios –Camilo Ruiz, Sshton y Besaile, además del exfiscal Moreno y el exmagistrado Ricaurte- apuntan a lo mismo: desde el despacho de Malo Fernández se direccionaban los fallos.
Adicionalmente, dijo el delegado de la Procuraduría, el exmagistrado Malo Fernández “actuó de manera consciente y voluntaria” para concertarse con los demás integrantes del ‘Cartel de la toga’, y afirmó que sus actuaciones fueron abiertamente ilegales.
Respecto del delito de cohecho propio dijo Ortega Malo Fernández “no lo cometió de forma directa” sino que se valió de Francisco Ricaurte y de Gustavo Moreno para recibir dineros con el propósito de retardar u omitir actos propios de la investidura que ostentaba. Y en cuanto al delito de prevaricato por omisión la Procuraduría pidió su absolución.
Malo se defiende
En su defensa Malo Fernández cuestionó la imputación de cargos que le hizo la Comisión de Acusaciones del Congreso y aseguró que en su caso no hay pruebas suficientes.
Según dijo, “no se hicieron actuaciones ilegales” en las investigaciones penales de Álvaro Ashton y de Musa Besaile.
La Sala de Instrucción cerrará la etapa de juicio y en las próximas semanas programará la audiencia para dictar sentido de fallo.