EL PRÓXIMO lunes el aparato judicial se reincorpora a las actividades tras vacaciones en la rama. Las Altas Cortes retomarán los procesos; algunos claves y de los cuales el país está esperando decisiones, como en el caso de siete congresistas investigados en la Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), así como en la Constitucional la reforma pensional, bombardeada por una artillería jurídica por supuestas irregularidades en su trámite en el Congreso.

Corte Suprema

1. El caso más sonado en este momento es la investigación que abrió la Corte a siete congresistas y un exparlamentario por la corrupción que se presentó en la Ungrd, en donde según el entonces director de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, se usó la contratación a finales del 2023, con el fin de atender la crisis por el fenómeno del Niño, para entregar dineros y contratos a parlamentarios, supuestamente, para que aprobaran las reformas del Gobierno.

Por estos hechos el Alto Tribunal abrió investigación formal a los expresidentes del Senado y la Cámara, respectivamente Iván Name y Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron $3.000 y $1.000 millones, según Pinilla.

También el Alto Tribunal investiga por presuntamente incurrir en el delito de cohecho a los senadores Liliana Bitar y Juan Gallo; y los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Muñoz, quienes son señalados por testigos de que esperaban beneficiarse de contratos por más de $90.000 millones para, como integrantes de la Comisión de Crédito Público, votar favorable la solicitud del Gobierno de buscar empréstitos con la banca internacional.

2. Igualmente se espera que la Corte defina este año la situación jurídica del exsenador y expresidente esa corporación, Arturo Char, ya sea acusándolo o archivando la investigación, quien fue imputado en junio de 2023 por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado, tras ser salpicado por la excongresista Aída Merlano, quien previamente fue condenada por el escándalo de compra de votos en las elecciones del 2018, cuando ella logró su elección al Senado supuestamente con el apoyo de integrantes del clan político Char.

El proceso está en el despacho del magistrado Francisco Farfán, en donde también reposa una ponencia que radicó la magistrada Cristina Lombana pidiendo archivarlo, aduciendo falta de pruebas.

3. Otro caso que podría avanzar en los primeros meses de este año es la investigación al exsenador Ciro Ramírez, quien está privado de la libertad desde diciembre de 2023 por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido en medios como “Las Marionetas”, por la cual fue condenado el exsenador Mario Castaño (QEPD), en el cual se asociaron algunos políticos, alcaldes y contratistas para redireccionar contratos en varios departamentos, la mayoría por medio del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, que entonces estaba al frente Pier García.

Corte Constitucional

1. Se han presentado más de medio centenar de demandas al Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que establece la hoja de ruta de la administración del presidente Petro. La Corte ha tumbado hasta el momento ocho artículos; sin embargo, queda un importante número de acciones por resolver.

Una de las acciones que está pendiente busca tumbar en su totalidad la Ley 2294 de 2023, con el argumento de que el informe de conciliación de la iniciativa en el Senado no fue publicado en la gaceta del Congreso con un día de anticipación, afectando el principio de publicidad.

2. Otro fallo clave es por la reforma pensional que impulsó el Gobierno y que fue aprobada por el Congreso en medio de polémicas, especialmente por los efectos fiscales. El Alto Tribunal ha admitido cinco demandas contra esta ley.

La principal razón de las acciones que se han presentado es porque la reforma no tuvo discusión en cuarto debate en la Cámara, sino lo que hizo la plenaria fue acoger el texto que venía del Senado.

La procuradora Margarita Cabello en un concepto que entregó a la Corte pidió tumbar la reforma pensional porque dijo que en su trámite se afectó el principio democrático que exige una discusión abierta y plural.

3. Del mismo modo, está en el inventario por resolver en la Corte varias demandas a la llamada Ley de la Paz Total, que es el piso jurídico que tiene el Gobierno para adelantar conversaciones con los grupos armados al margen de la ley.

Una de las demandas es contra el parágrafo 6 del artículo 5 de esta Ley, el cual establece que las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogo cuyo propósito sea la protección de la población civil de los enfrentamientos armados serán vinculantes para las partes.

El demandante dice que esta disposición desconoce la distribución de competencias de producción normativa, pues incorpora al ordenamiento superior los acuerdos y los protocolos de paz, “eludiendo el procedimiento para concederles a dichos cuerpos dispositivos el rango de normas constitucionales”.

Consejo Estado

1. Uno de los fallos de fondo que concita más interés en el Alto Tribunal es por la demanda de nulidad que presentó Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) en contra de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, y el artículo 10 de la Resolución 2366 del mismo año, en las cuales el Ministerio de Salud fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024.

El demandante argumentó que dichas resoluciones fragmentaban los recursos de la UPC vulnerando de esta manera la suficiencia financiera para garantizar el Plan de Beneficios en Salud. También el accionante alegó que dichas resoluciones fueron expedidas sin la consulta pública correspondiente.

En agosto del año pasado, el Consejo de Estado negó las medidas cautelares en esta demanda que pedían suspender dichas resoluciones, pues consideró que debían mantenerse vigentes mientras emite un fallo de fondo, el cual a la fecha no se ha producido.

Esa sentencia es clave por estos días en que la actualización de UPC para 2025, del 5,36%, generó polémica en el sector porque las EPS y otros actores consideran que es insuficiente para sufragar los costos del servicio, por lo que se prevé que vienen en camino más demandas.

2. También se espera una decisión del Consejo de Estado frente a la demanda de nulidad del nombramiento de José Peña como rector de la Universidad Nacional.

En este proceso el Alto Tribunal rechazó la solicitud de suspensión provisional de Leopoldo Múnera, quien se posesionó como rector el 6 de junio de 2024, en un polémico proceso porque el Consejo Superior del alma mater ya había escogido a Peña.

No obstante, el Gobierno no estuvo de acuerdo con la escogencia de Peña, pues apoyó el nombre de Múnera, debido a que ganó una consulta entre los estudiantes y los profesores.

Este fallo en clave porque podría significar el regreso de Peña a la rectoría de la Nacional si el Consejo de Estado rechaza la demanda de nulidad de su escogencia por parte del Consejo Superior.

3. Así mismo, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre la legalidad del Decreto 1374 de 2013 que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.