VALIÉNDOSE DE un derecho de petición el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa 199 organizaciones, le pidió a la Procuraduría General su intervención para la protección al derecho fundamental a la salud, debido a la crisis que se presenta en el servicio. En un documento solicita al ente de control una investigación disciplinaria al ministro Guillermo Jaramillo y el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano.

También Pacientes Colombia pidió a la Procuraduría resolver una serie de preguntas sobre la situación que vive la salud, pues señaló esta asociación que desde el Gobierno nacional no se han resuelto.

El derecho de petición plantea la necesidad urgente de intervención por parte de la Procuraduría debido a las vulneraciones de los derechos fundamentales a la salud, especialmente de los pacientes en situación de vulnerabilidad. Señala que se requiere la intervención coordinada de diversas procuradurías que protegen los derechos humanos y sociales.

“Presentamos el derecho de petición ante la Procuraduría como un llamado a los organismos de protección de los derechos para que intervengan de manera inmediata ante las deficiencias actuales del sistema de salud colombiano y tomen medidas contra las decisiones conscientes que se están adoptando en el Gobierno nacional, que constituyen una violación directa del derecho a la salud y a la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de pacientes, en las decisiones públicas que afectan a la calidad de vida de millones de personas en el país”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Pacientes Colombia también llevó a cabo esta acción ante la Procuraduría General de la Nación para solicitarle que permita y disponga el camino para ayudar a establecer un marco regulatorio claro que proteja los derechos de los pacientes y la sostenibilidad del sistema de salud, pensando en el respeto y la garantía integral y efectiva de los derechos y la correcta gestión administrativa.

La crisis de la salud se ha agudizado en los últimos dos años principalmente debido a la situación financiera que se manifiesta en la creciente deuda de las EPS con clínicas y hospitales; las dificultades financieras que tienen estas empresas que cumplen un papel de aseguradores en el sistema, pues sostienen que la plata que les entrega el Estado es insuficiente para costear los tratamientos, que de $100 que reciben tienen que gastar $108.

Esta situación ha afectado el servicio a los pacientes, pues son cada vez más las demoras en la asignación de citas, poder hacer los tratamientos y la entrega de medicamentos.

La UPC

Se esperaba que la crisis se paliara de alguna manera por la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 que por ley le correspondió hacer al Gobierno, sin embargo, el desencanto fue generalizado porque la mayoría de actores del sector sostienen que el 5,36% es insuficiente. Gremios como Acemi y organizaciones de pacientes urgieron al ministerio a revisar la medida.

La presidenta de Acemi, Ana Vesga, el gremio que agrupa las EPS que atienden el régimen contributivo, dijo que esta decisión marca “el principio del fin” de la sostenibilidad del sistema.

La ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) estimó que la actualización de la UPC este año debía ser de al menos del 16,9% para garantizar la operación del sistema.

También manifestaron su preocupación por que el valor de la UPC para 2025 acreciente la crisis de la salud, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO), la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entre otras.

La procuradora general Margarita Cabello dijo la semana pasada que “la situación que enfrentan los pacientes del sistema de salud es crítica. Estamos ante una crisis marcada por una insuficiencia financiera y operativa que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma como el Gobierno nacional está enfrentando esta situación”.