EN EL comienzo del año creció la incertidumbre sobre la situación de la salud porque distintos actores rechazaron el volumen en la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, que por ley hizo el Gobierno, pues sostienen que el 5,36% es insuficiente.  Gremios como Acemi y organizaciones de pacientes urgieron al ministerio revisar la medida.

La presidenta de Acemi, Ana Vesga, dijo que esta decisión marca “el principio del fin” de la sostenibilidad del sistema.

La ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) estimó que la actualización de la UPC este año debía ser de al menos del 16,9% para garantizar la operación del sistema.

La solicitud de revisar la UPC para este año, el valor que entrega el Estado anualmente a las EPS por cada afiliado para costear el servicio, hasta el momento no ha tenido eco, pues por parte del Gobierno la única reacción ante las críticas fue del viceministro de Salud, Luis Martínez, quien dijo que el porcentaje de actualización se hizo luego de revisar la información que entregaron las EPS sobre los costos de los servicios, aunque sostuvo que “la información de las EPS carece de consistencia”.

Añadió que “se toma la información que reportan las EPS. Si esa información es inconsistente, de manera responsable el Gobierno no puede incrementar más allá de lo que da esa misma información”.

Frente a la petición de organizaciones de la salud al ministerio de revisar la UPC fijada para 2025, el viceministro Martínez dijo que “hay que seguir revisando esta información, por lo pronto tenemos una cifra, pero hoy la decisión tomada es esta”.

Anterior a este pronunciamiento del viceministro, el ministerio dijo que “esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”.

También el presidente Petro dijo que el “incremento de la UPC (del 5,3% para 2025), representa un ascenso real respecto al pasado”. El mandatario explicó que “la tasa de inflación de 5,4% como medida de la UPC ya se produjo. Es inflación causada en el 2024 y no la esperada en el 2025”.

Agregó que “si la inflación esperada es 3% (para 2025), el incremento de la UPC para salud tiene 2,4% de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4%”.

Se espera que el próximo martes, cuando el ministro Guillermo Jaramillo regrese de algunos días que tomó de vacaciones, el Gobierno se pronuncie sobre la solicitud de los actores del sector, ya sea para revisar la cifra de actualización de la UPC este año o para ratificar el 5,36%.

Crecen voces de descontento

La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) manifestó en un comunicado su profunda preocupación “por la crisis que enfrenta el sistema de salud en nuestro país, la cual, entre otras causas, es resultado de financiamiento insuficiente acumulado”.

Añadió que es insuficiente el aumento de la UPC para este año. “Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de los programas de órganos, así como la adecuada administración de medicamento de alto costo para los pacientes trasplantados y la vida misma de los pacientes”.

En tanto que Acemi, gremio que agrupa las EPS del régimen contributivo, así como Asocajas, pidieron en un comunicado al Gobierno que “en los próximos días se convoque a una mesa de alto nivel con EPS, prestadores, usuarios y pacientes, que tenga como propósito la revisión del ejercicio que sirvió de base para definir el incremento de la prima para 2025”.

Enfatizaron que la subestimación de la prima impide la atención de la población y afecta a todos los actores del sistema: talento humano, instituciones prestadoras públicas y privadas, proveedores de tecnología y los aseguradores.

Acemi y Asocajas agregaron que “comenzando el año y con el fin de prevenir una crisis mayor a la que enfrenta actualmente el sistema, solicitamos con urgencia y prontitud este espacio de revisión técnica que permita conocer el análisis adelantado por el Ministerio de Salud, conocer la retroalimentación frente a la información aportada, y que conduzca a un reajuste en el cálculo que sea completo, reproducible y suficiente para 2025”.

En tanto que la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), expresó que “el ajuste de la UPC resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54%. Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”.

Acesi previno que, a partir de enero de 2025, los hospitales públicos se enfrentarán a un déficit financiero que dificultará el cumplimiento de sus obligaciones laborales y operativas. “Esto no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que también compromete la calidad y continuidad de la atención en salud para millones de colombianos”.

Crisis creciente

La procuradora general Margarita Cabello se pronunció, poco antes de que el ministerio actualizara el valor de la UPC para 2025, sobre la grave crisis humanitaria que viven millones de pacientes del sistema de salud.

“La situación que enfrentan los pacientes del sistema de salud es crítica. Estamos ante una crisis marcada por una insuficiencia financiera y operativa que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma como el Gobierno nacional está enfrentando esta situación”, señaló la procuradora.

En relación con los retos del sistema, la procuradora puso como ejemplo la alarmante escasez y desabastecimiento de medicamentos, que se agravó desde 2022. “La UPC insuficiente y el no pago de los presupuestos máximos tuvieron un impacto directo en los procesos de contratación, adquisición y provisión de medicamentos”, dijo.

La jefa del Ministerio Público enfatizó que esta crisis intensificó las barreras de acceso a medicamentos fundamentales para tratar enfermedades catastróficas como el cáncer, el VIH, enfermedades huérfanas y algunas enfermedades crónicas. A pesar de la urgencia, señaló que el Ministerio de Salud y el Invima, como entes responsables de la política farmacéutica, no han desplegado las acciones necesarias para superar esta problemática.

Precisamente, la Procuraduría General acaba de formular pliego de cargos al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos durante 2023.

La investigación adelantada por el ente de control logró establecer que el alto funcionario, quien llegó al cargo desde marzo del mismo año, habría omitido tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2.351 medicamentos e insumos médicos.

EPS intervenidas

Otra cara de la crisis de la salud es que a la fecha están intervenidas siete EPS por la Superintendencia, por encontrar que sus estados financieros no garantizan la adecuada atención de sus afiliados, las cuales atienden a cerca de 25 millones de colombianos. Ellas son Colsanitas, la Nueva EPS, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, SOS.

También las EPS Compensar y Sura pidieron su liquidación porque señalaron que los recursos que entrega el sistema no les alcanza para operar. Sin embargo, recientemente la Superintendencia negó a esta última la solicitud y llegaron a un acuerdo para que siga prestando el servicio.