Con el final de 2024 también se fueron los beneficios del Estado para millones de colombianos, luego de que el Gobierno Nacional anunciara que programas como Mi Casa Ya y Colombia Sin Hambre llegaron a su final, mientras que Renta Joven tendrá una modificación para su operación en 2025, pero igualmente dejará sin beneficios a miles de estudiantes.
La situación ya genera preocupación extrema para gobernadores y alcaldes en el país por el impacto que tendrá en las poblaciones y las maniobras que tendrán que efectuar para suplir las necesidades de las poblaciones afectadas por esta medida.
El motivo principal de estos recortes son los ajustes presupuestales a los que acudió la administración Petro por los problemas fiscales que afrontaría en este nuevo año. Entre los pagos de la deuda externa, con sus correspondientes intereses; el funcionamiento de los ministerios y los programas de paz a los que se les daría prioridad, los 511 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación no alcanzarían para cubrir todas las necesidades, según dijo el Gobierno.
Y aunque el presidente Petro señaló que no habría golpes para los programas sociales, los tres casos en mención sufrieron el primer tijeretazo que servirá, a priori, para destinar estos recursos a otras prioridades. Con esto, 50.000 personas perderán los beneficios en Mi Casa Ya y por lo menos dos millones de hogares se verán afectados; mientras que al menos 250.000 estudiantes de Renta Joven verían conflictos para percibir sus subsidios.
Crisis para las regiones
Desde su anuncio a finales del mes de diciembre, en las regiones ya buscan opciones para suplir, al menos de manera parcial, los subsidios que desde el Departamento de Prosperidad Social no podrán ser emitidos. En este sentido, gobernadores y alcaldes han anunciado estrategias para financiar a quienes perdieron sus beneficios, especialmente en las regiones más apartadas del país.
En Bogotá, por ejemplo, el alcalde Galán anunció una ayuda para dar continuidad con los programas sociales. “En Bogotá, el plan de vivienda Mi Casa en Bogotá, financiado con los recursos de la ciudad, sigue en ejecución de todos los programas, a través de los cuales garantizamos el acceso a vivienda VIP y VIS de las familias bogotanas”, dijo.
En Antioquia, desde la Gobernación se han emitido dos programas diferentes para suplir los subsidios estatales, así como desde la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, se garantizó la continuidad del programa Cero Hambre, que ayuda a más de 220.000 hogares desde mediados de 2024.
Escuchen a Guillermo Herrera el presidente de Camacol sobre lo que ocurre con "Mi Casa Ya" que este gobierno convirtió en "Mi Casa Nunca": Lo que hemos visto es que en estos últimos dos años se han tomado decisiones que han afectado el desempeño del programa". pic.twitter.com/6xeGESilI0
— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) December 19, 2024
No obstante, la crisis presupuestal también ha representado un golpe fiscal para departamentos y municipios que ya reportan recortes para su operación y programas sociales. Valle del Cauca, por ejemplo, sufrió una pérdida de más de 600.000 millones de pesos para este nuevo año; Bogotá y Antioquia, cerca de 570.000 millones; Cauca, cerca de 530.000; mientras que Bolívar, una inversión cercana a los 500.000 millones.
Escala la conflictividad social
Fuentes gubernamentales dijeron a EL NUEVO SIGLO que además de los riesgos que representan en las regiones los recortes, también hay un temor sobre la escalada en los conflictos sociales. Si bien se han creado nuevas estrategias regionales para suplir los subsidios estatales, millones de personas aún se verán afectadas, lo que provocaría para este 2025 mayores protestas y manifestaciones sociales de parte de la ciudadanía.
Según la Defensoría del Pueblo, la conflictividad social incrementó en el país un 43 % durante 2023. Fueron 2.046 conflictos presentados respecto a los 1427 de 2.022, y que para el año 2024 tendrían también un incremento sustancia. El mismo ente reveló que solamente entre el 2 y el 8 de noviembre ocurrieron 95 conflictos de carácter social en 64 municipios de Colombia.
En este sentido, el malestar general por el recorte al presupuesto, y con ello a los programas sociales; la crisis del sistema de salud; los problemas en educación y el alza en combustibles y peajes podría quedar reflejado, casi que de manera inmediata, en bloqueos, plantones, marchas, paros, asambleas permanentes, disturbios y motines.