Las organizaciones firmantes del Acuerdo de Paz emitieron un pronunciamiento en el que expresan su profunda preocupación por la situación crítica que enfrentan miles de excombatientes y contratistas del Estado. Aseguran que muchos de ellos aún esperan el desembolso de recursos prometidos por el Ministerio de Hacienda, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre las familias afectadas.

Las organizaciones enfatizan que la crisis fiscal no debe recaer sobre los sectores más vulnerables. El llamado a la acción se centra en la exigencia del pago de la renta básica, una asignación mensual crucial para más de 12,000 familias en proceso de reincorporación. Estas ayudas han sido fundamentales para garantizar su sustento tras ocho años de incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Las organizaciones afirman que la falta de recursos afecta su calidad de vida y también obstaculiza el avance hacia una paz duradera.

Además del reclamo por la renta básica, las asociaciones han señalado otros problemas graves, como los retrasos en la entrega de tierras y activos productivos necesarios para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos económicos. También critican propuestas recientes del Ministerio de Justicia, como el CONPES 4094, que buscan implementar "Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria", argumentando que estas iniciativas son contrarias a lo acordado en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Nuevamente, las organizaciones instaron al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda a garantizar la implementación efectiva del Acuerdo y a asegurar los desembolsos necesarios para superar esta crisis. Resaltan que es fundamental que las palabras se traduzcan en acciones concretas, ya que el éxito del proceso de paz depende de un compromiso real con los excombatientes y sus familias.