Ante el riesgo de un nuevo paro de los transportadores de carga, el Gobierno volvió ayer a dar un nuevo bandazo en el delicado y costoso tema de las tarifas de los peajes: 31 administrados por el Invías y los 119 que manejan las concesiones privadas por intermedio de 43 contratos de construcción y mantenimiento de carreteras.

En esta ocasión logró un acuerdo con seis concesiones viales que aceptaron la propuesta oficial de congelar por un lapso de seis meses el aumento de los precios y solo subirlos, por el momento, un 2,8%.

Este es un pacto parcial que solo cobija a ocho peajes. De hecho, el objetivo del Ministerio de Transporte es suscribir pactos similares para un total de 22 en doce vías concesionadas.

Lo más paradójico es que estas medidas se anuncian apenas siete días después de que el mismo Gobierno diera a conocer la resolución con el cronograma para el incremento de los peajes este año. De esta forma, desde el 1 de enero se comenzó a aplicar una primera alza de 4,64% (60% del porcentaje pendiente por el congelamiento de tarifas en 2023), a la que se sumará, a mediados del mes, el porcentaje en que haya crecido la inflación en 2024, que muy seguramente bordeará el 5%. Luego, del 1 de abril en adelante, habría un nuevo incremento, que sería del 3,71% (40% restante del no reajuste de hace dos años).

Pero el tema es aún más complicado. En varias vías concesionadas las tarifas en el arranque de 2025 aumentaron muy por encima del 4,64% por efecto de cláusulas contractuales firmadas en 2014 y, una más en 2021, todo esto dentro de los esquemas de recuperación de la inversión y equilibrio financiero.

Aunque los transportadores sabían que había aumentos extraordinarios pendientes es claro que un incremento de los peajes en menos de cuatro meses por encima del 12% golpea de forma drástica la rentabilidad del sector. De hecho, el propio Ejecutivo reconoce que durante el 2024 los costos de transporte de carga mostraron variaciones al alza en promedio para las rutas y categorías vehiculares de un 14%. Esto debido a los aumentos en el diésel, los incrementos previos de los peajes, el encarecimiento de la canasta de insumos y de las escalas salariales.

Sin embargo, esta es una realidad que ya se conocía a finales de diciembre cuando el Ejecutivo determinó el esquema de aumento de peajes para 2025. Es más, muchos de los compromisos que asumió el Gobierno para conjurar el paro camionero de comienzos de septiembre pasado se basan, precisamente, en solucionar ese escenario crítico. Compromisos que ahora, como si fuera poco, algunos sectores de los transportadores alegan que se están incumpliendo y de allí que amenacen con una nueva protesta, la misma que, por el momento, ha sido desautorizada por la cúpula gremial sectorial. De hecho, la reunión ayer del presidente Petro y la ministra de Transporte con los concesionarios responde a la urgencia de la Casa de Nariño de conjurar este riesgo de parálisis, pues serían inminentes bloqueos aislados en algunas zonas del país.

No obstante, el acuerdo al que se llegó ayer con solo seis de los concesionarios –Pero que se aspira a ampliar entre hoy y mañana− deja muchos interrogantes. En primer lugar, la Casa de Nariño no informó el costo de esta nueva congelación de tarifas y cómo se reembolsarán esos dineros a los operadores privados. Una duda más que razonable vista la aguda crisis fiscal en el Gobierno Nacional Central. Tampoco se sabe qué margen de acción real y objetivo tendrá la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para encontrar una fórmula que permita realizar después esos ajustes contractuales pactados entre los años 2014 y 2015, en su mayoría.

Las dudas son aún mayores porque toda esta crisis con las tarifas de los peajes se deriva, en parte, de la intempestiva y caprichosa decisión gubernamental de no aumentarlas en 2023. Una determinación que, tal como lo advirtieron en su momento los gremios, el Congreso, la Contraloría y la Procuraduría, no tuvo soporte técnico ni financiero, generando no solo un desfase de más de un billón de pesos en el erario, sino exponiendo a la Nación a demandas cuantiosas de los concesionarios privados.

Como se ve, estamos ante un nuevo bandazo de la Casa de Nariño en el tema de los peajes, que se suma a otros más en la política de infraestructura vial, esquema de concesiones, vigencias presupuestales futuras, restricción a las alianzas público-privadas e incumplimientos de contratos… En fin, un modelo de Gobierno en donde la improvisación y la perniciosa ideologización terminaron por desacelerar el sector, crear inseguridad jurídica y espantar la inversión.