La crisis del sistema de salud en Colombia sigue agravándose y los principales afectados son, sin duda, los usuarios. De allí que las asociaciones de pacientes de distintas patologías, así como de médicos, enfermeras y especialistas estén prendiendo las alarmas en torno al deterioro drástico en la calidad y oportunidad de la atención, tal y como en el acceso a los medicamentos.

Una de las organizaciones que más ha lanzado advertencias al respecto es Pacientes Colombia, cuyo presidente es Denis Silva. Por un lado, recalcó que el aumento del 5,3% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la columna vertebral del esquema de financiación del sistema, resultó claramente insuficiente, lo que seguramente profundizará la restricción en el flujo de recursos de EPS e IPS y, por ende, se afectará la atención médica a millones de colombianos.

Por otra parte, la misma asociación elevó un derecho de petición en el que solicita a la Procuraduría General su intervención inmediata para la protección al derecho fundamental a la salud. Señalando la necesidad de analizar las actuaciones del ministerio y la superintendencia del ramo, Pacientes Colombia plantea que es urgente de intervención por parte del ente de control disciplinario debido a las vulneraciones de los derechos fundamentales a la salud, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad.

Advirtió, asimismo, de las decisiones gubernamentales que constituyen una violación directa del derecho a la salud y a la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de pacientes, en las determinaciones públicas que afectan a la calidad de vida de millones de personas.

Igualmente, se urgió al Ministerio Público gestionar la posibilidad de establecer un marco regulatorio claro que proteja los derechos de los pacientes y la sostenibilidad del sistema de salud, pensando en el respeto y la garantía integral y efectiva de los derechos y la correcta gestión administrativa.