Revelan que obligaciones de empresa Air-e suman cerca de $2 billones | El Nuevo Siglo
SIGUE SIN resolver la crisis de la energía eléctrica en la Costa Norte, entre otras por la intervención de la empresa Air-e. Foto Air-e
Miércoles, 8 de Enero de 2025
Redacción Política

POCO ANTES de que la Superintendencia de Servicios Públicos tome una decisión si mantiene la intervención de la empresa prestadora de energía Air-e, que sirve a tres departamentos de la Costa Norte, o si procede a su liquidación, el agente interventor presentó un informe de más de 700 páginas, en donde da cuenta de múltiples hallazgos sobre el estado de la compañía y la forma cómo está prestando el servicio. Entre otros reveló que tiene obligaciones por pagar por $1,9 billones.

Precisamente hoy, se tiene prevista una reunión entre el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Márquez, y el agente interventor Edwin Palma, con el fin de analizar dicho informe.

Palma explicó que “la Superintendencia deberá tomar, en los próximos días, la decisión si se debe mantener la administración, si se va a proceder a liquidar la compañía, si se administrará con fines liquidatarios. Es una decisión que está en manos del Superintendente”.

A las empresas Afinia y Air-e les fue adjudicada en 2020 la prestación del servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe, tras la liquidación de la española Electricaribe por las millonarias pérdidas que acumuló y las protuberantes fallas en su labor, entre otras porque dejó de hacer las inversiones necesarias para el desarrollo y la actualización del sistema.

Sin embargo, la crisis en la prestación del servicio de energía en esta región no ha sido superada, no solo por la situación que atraviesa Air-e, sino porque no se ha logrado resolver el problema de las tarifas, las más altas del país.

La Superintendencia de Servicios Público intervino a la firma Air-e el 12 de septiembre pasado, por encontrar que no tenía la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidad del servicio en los departamentos que opera: Atlántico, La Guajira y Magdalena. 

El entonces superintendente Dagoberto Quiroga dijo que “inicialmente se ha establecido un año, que puede ser prorrogable o no, pero eso depende del avance que tengamos en el mismo desarrollo de la intervención”.

Cuando comenzó la intervención las acreencias de la compañía eran de $1,8 billones, que ahora han crecido a $1,9 billones, según el informe que entregó el agente interventor.

El informe

El informe del agente interventor indica que entre los principales hallazgos existen contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros.

Así mismo, dio cuenta de que hay constantes racionamientos que Air-e informa a sus usuarios como “mantenimientos”; igualmente es baja la ejecución del plan de inversiones, hay pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.

“Los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, dijo Edwin Palma.

Agrega el informe que la compañía presenta un “deterioro patrimonial severo”, lo que se manifiesta en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo. En este punto revela el documento que las obligaciones causadas se valoraron inicialmente en $1,9 billones, especialmente por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago.

Por ello, hay un importante número de procesos ejecutivos en contra de la compañía radicados por proveedores, de los cuales 21 están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones.

Por cuarto año consecutivo el resultado financiero acumulado no generó utilidad, lo que según el informe evidenció una incapacidad para generar los recursos que logren garantizar la operación de la compañía. “Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la generación de energía en el mercado”, indica el documento.

Añade que “adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas”.