EL MANDATO del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por múltiples razones durante estos años, quizás una de las principales corresponde a las designaciones de los denominados gestores de paz, la figura contemplada en la Ley 0418 de 1997 que permite la suspensión de órdenes de captura en contra de miembros de grupos armados que adelanten tareas propias de procesos de paz, que estén acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas.
Al respecto, el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático anunció que dedicará gran parte de su gestión a demostrar que la denominada “paz total”, política promovida por el Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, es una farsa y, por ende, a desmontarla. “Pregunté al Gobierno por las tareas e informes de los llamados “gestores de paz”. Evasivo el Gobierno dice que no entregará la información. ¿Que oculta? ¿A quién defiende? Veremos…”, cuestionó el parlamentario.
Razón por la que, EL NUEVO SIGLO habló con el Congresista sobre los motivos que tuvo para tal solicitud y la respuesta específica que recibió por parte del Gobierno.
“La figura de gestores de paz ha existido siempre en la legislación colombiana, no es nueva. Sin embargo, lo que sí es novedoso negativamente para nosotros es que la figura de gestores de paz ha venido siendo abusada por parte del Gobierno nacional. Esa práctica era excepcional para buscar acercamientos o conversaciones con grupos armados al margen de la ley, pero durante el gobierno Petro encontramos una conducta constante y es que iban encontrando personas en actuaciones delincuenciales como lo que sucedió, por ejemplo, en el departamento de Antioquia donde para una caravana con personas que tenían en su posesión armas, oro, posesión ilegal de menores y quedaron como gestores de paz. Lo que quisimos fue empezar a indagar qué están haciendo, cuál es el control que ahora se está presentando sobre las actividades de las personas a las que delegan gestoría de paz u otras, como, por ejemplo, los miembros del Eln”, explicó.
Señaló, además, que el Gobierno ha expresado que no pueden dar la información respecto a esas actividades.
“Consideramos que esto no es cierto, porque una cosa es que nosotros preguntáramos quiénes son las personas, la identificación, en qué lugares están exactamente y eso no es lo que nosotros estamos preguntando. Queremos saber si hay informes de los avances porque hay una normativa que indica que los gestores de paz, una vez reciben esa calidad, le deben estar informando bimensualmente al gobierno en que están, cuáles son sus actividades y derivado de ese cumplimiento o no de esas actas, es cuando los gobiernos evalúan si esa gestoría de paz ha tenido sentido o no, pero aquí ha habido una entrega de gestorías de manera indiscriminada a cuántos grupo se aparezca y los colombianos no sabemos si esa gestorías están teniendo eficacia”, advirtió.
Polémicos nombramientos
En ese sentido, el parlamentario señaló que, a través de medios de comunicación, se ha encontrado a varios gestores de paz en actitud delincuencial. “Reitero el caso de Antioquia en el que un gestor de paz apenas fue capturado, inmediatamente dijo “soy gestor de paz”, lo tuvieron que dejar en libertad cuando iba en posesión de oro, camionetas y otras cosas más.
Es importante recordar que el 23 de julio del 2023, el presidente Gustavo Petro designó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
Al parecer, con la misma se busca esclarecer los diferentes delitos que realizó el grupo criminal durante su accionar en el territorio colombiano.
“Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que, conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho Internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad criminal”, dice el escrito.
Al respecto, Cadavid puntualizó que la percepción es que esta figura está siendo utilizada para que muchos sigan en actividad delincuencial y tengan inmunidad ante cualquier medida de la Fiscalía General de la Nación o en este caso, una aprehensión de policía.
“Ese es el mayor riesgo que nosotros hemos encontrado y en ese caso ya no pareciera una solicitud complaciente del Gobierno, sino un carácter cómplice. No se puede entender que haya personas en actividades delincuenciales y que se sigan expidiendo gestorías de paz que además son expedidas única y expresamente por el presidente de la República, no hay otro funcionario del Gobierno nacional que la pueda expedir”, concluyó.