La Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud solicitó al Presidente de la República la convocatoria urgente de una mesa técnica con la participación de todos los actores del sistema, con el fin de abordar la reciente decisión del Gobierno Nacional sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025. Según los usuarios, esta medida es insuficiente y pone en grave riesgo la salud y la vida de los colombianos.

En una carta dirigida al Presidente, la Mesa de Asociaciones destacó que, al cierre de 2024, se habían emitido múltiples advertencias al Gobierno sobre la necesidad de un fundamento técnico para la determinación de la UPC. Sin embargo, argumentan que la decisión tomada carece de justificación técnica y se realizó en un contexto de falta de gobernanza por parte del Ministerio de Salud, quien tenía conocimiento de la situación desde 2024, sin haber tomado acciones para resolverla.

"La decisión tomada fue todo lo contrario, aparte de que se hizo como muchos gobiernos anteriores el último día del año cuando muchos colombianos nos encontrábamos concentrados en compartir con nuestras familias las festividades de fin de año", indica la carta, lo que refleja la urgencia del asunto y la falta de consideración por las circunstancias sociales y políticas del momento.

Uno de los principales reclamos es que, en el proceso de fijación de la UPC para 2025, el Gobierno tomó en cuenta los informes de entidades prestadoras de salud (EPS) que estaban en procesos de intervención, como Emsanar, Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar. Los usuarios cuestionan la credibilidad de estos informes, alegando que el Ministerio de Salud no intervino adecuadamente, permitiendo que la situación empeorara. "El Ministerio de Salud tenía conocimiento de esta información durante todo el año 2024 a través de reportes periódicos y no advirtió esta situación para subsanarla", señala la carta.

Asimismo, la carta denuncia que la corrupción en el sistema de salud, aunque reconocida, no debe ser utilizada como excusa para decisiones que afecten directamente la vida de los colombianos. "La corrupción la debemos combatir sin contemplación con una clara inspección, vigilancia y control, con transparencia, con decisiones rigurosas y técnicas sin dar paso a la demagogia y a la politiquería", afirman los usuarios, pidiendo que las decisiones sobre la salud no se sigan tomando desde un ámbito político.

El desfinanciamiento del sistema de salud, según la carta, es un problema estructural que no se limita al actual Gobierno, pero ha empeorado bajo su administración. A pesar de la gravedad de la crisis, los usuarios insisten en que el camino hacia la solución pasa por un diálogo constructivo y leal entre los distintos actores del sector, con el fin de defender el derecho a la salud y a la vida de los colombianos. "El único camino cierto para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa el sistema de salud, es el del diálogo leal, sincero, respetuoso, crítico y constructivo", afirman en la misiva.

La Mesa de Asociaciones hace un llamado urgente a la Corte Constitucional para que garantice la protección de estos derechos fundamentales, y a los órganos de control, como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para que contribuyan a encontrar soluciones efectivas a la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Documento