UN LLAMADO hicieron actores de la salud al Gobierno a reconsiderar el 5,36% que adoptó en la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este año, que las EPS consideran insuficiente para costear los tratamientos y medicamentos a su cargo, por lo que alertaron la crisis del sector se agudizará más con un deterioro acelerado. Acemi, el gremio de estas empresas que atienden el régimen contributivo, y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), entre otros, pidieron al ministerio sentarse prontamente y revisar esta cifra.

La UPC es el valor que entrega el Estado anualmente a las EPS por cada afiliado para costear los servicios y medicamentos contemplados en el Plan de Beneficios en Salud. Con el incremento del 5,36% van a recibir en la presente vigencia $1.521.000 las del régimen contributivo y $1.323.000 las del subsidiado.

Esto dista del incremento en la UPC que reclamaron las EPS al Ministerio de Salud antes de que sacara el respectivo decreto, para el cual tenía plazo hasta el 31 de diciembre pasado, y de gremios como la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), el cual estimó que fuera del 16,9% para garantizar la operación del sistema.

La presidenta de Acemi, Ana Vesga, dijo que “lo que van a ver los colombianos es el deterioro acelerado de una situación que ya se siente de desabastecimiento, de falta de atención, de cierre de camas”. La ejecutiva enfatizó que “tiene que ser posible volver a sentarse en este mes de enero con quienes hacemos parte de esta decisión”.

Agregó que “estamos pidiendo hoy es que se replique el ejercicio, que se repita con la presencia del Ministerio de Hacienda, el DNP, pero sobre todo los actores interesados, y que aseguremos que se haga un ajuste correcto de la UPC, porque este número es insostenible para el sistema”.

Explicó que con el valor de la UPC definido para 2025 las EPS enfrentan un déficit que podría llegar a los $9 billones.

Mientras que Juan Giraldo Valencia, director de la ACHC, pidió al Gobierno reconsiderar esta actualización del valor de la UPC, y para ello también tener en cuenta el incremento que hizo por decreto del salario mínimo para este año.

“Creemos que en una coyuntura en la cual se ha incrementado el salario mínimo en un 9,54% e incluso, el índice de precios al consumidor para la salud va a estar alrededor del 6%, se podría utilizar el indicador el valor del incremento del salario mínimo como el mecanismo supletorio para de esa manera garantizar que se puedan mantener unos mínimos vitales dentro del sector prestador de servicios de salud, que es el encargado de atender de manera continua, oportuna y adecuada a toda la población”, propuso.

A su turno, la directora de Acesi (Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos), Olga Zuluaga, expresó que “los hospitales públicos estamos bastante preocupados con el incremento generado por el Ministerio de la Protección Social a través de la resolución de incremento de UPC”. Añadió que “si comparamos el incremento del salario mínimo, que fue del 9,54%, ya hay un gran desfase teniendo en cuenta que el 70% de los egresos de una institución depende del talento humano”.

Alertó la directiva que “así las cosas van a haber un gran desfase entre lo que debemos pagar a nuestro talento humano y lo que nos van a pagar en la UPC, en el entendido que las EPS realmente cumplan con el incremento que define la normatividad, porque ese ha sido uno de los grandes dolores de cabeza cada año para que se cumpla con la normatividad”.

Zuluaga dijo que hay que tener en cuenta también que la mayoría de insumos depende de importaciones. “Con un dólar alrededor de $4.500 realmente los desfases van a ser bastantes para la red pública hospitalaria”. Por ello insistió en que “el indicador para el incremento debe tenerse en cuenta el IPC de salud, que es muy diferente al IPC general. Pero más allá de eso a generar una mesa con los prestadores, toda vez que los costos que estamos teniendo en la prestación superan lo que han generado a través del ministerio”.

También la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) manifestó su preocupación.

Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad de Afidro, mencionó que “la falta de recursos financieros genera un cortocircuito en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero el impacto más grave recae sobre la calidad de vida de los pacientes que no reciben a tiempo sus tratamientos o medicamentos. Desde Afidro, recibimos con preocupación el ajuste proyectado por el Gobierno nacional, ya que no se corresponde con la realidad actual del sistema de salud colombiano. La salud inicia 2025 con un déficit superior a los 19 billones de pesos, problema que está lejos de solucionarse con esta decisión”.

También la mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud le pidió al presidente “estudie la posibilidad de convocar de manera urgente y con su liderazgo, una mesa técnica en la que tengamos participación todos los actores del sistema para poder presentar los argumentos que se tienen, por los cuales consideramos que decisiones como la del incremento de la UPC para el año 2025 es insuficiente y pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos”.

La decisión está tomada

Frente a las críticas y reparos por el bajo porcentaje en la actualización de la UPC el viceministro de Protección Social, Luis Martínez, sostuvo que la información que entregaron las EPS fue insuficiente. 

“Desafortunadamente este año la información de las EPS carece de consistencia, que se generaron unos incrementos abruptos que no son consistentes con la prestación de servicios ni con el estado de salud de la población”, dijo.

Añadió el funcionario que “hay que seguir revisando esta información, por lo pronto tenemos una cifra, pero hoy la decisión tomada es esta”.

En tanto que el jefe de Estado defendió el valor de la UPC para este año, al responder en X al exalcalde Enrique Peñalosa, quien dijo que “el incremento que hizo Gustavo Petro de los recursos para la salud muy por debajo del incremento de los costos, y por debajo del incremento del salario mínimo decretado, es criminal”.

Petro dijo “¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4% este año, si la inflación para este año será del 3%?”. Se preguntó si “quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos”.

Al tiempo se refirió a casos de EPS que según él han manejado irregularmente los recursos de la UPC. “¿Les pareció poquito que Coosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por 400.000 millones”, y que la Nueva EPS “haya escondido 5 billones de deudas en facturas?”, dijo.

Por su parte, el exministro de Salud Alejandro Gaviria dijo que “la UPC no se fija a dedo, no es el resultado de una especulación política ni de los caprichos de un tuitero frenético. Hay una comisión regulatoria, en la que participan el Ministerio de Salud, el DNP, el Ministerio de Hacienda, el IETS y un delegado de presidencia. Esta comisión debe analizar la información y tomar decisiones con base en la evidencia disponible”.

Gaviria enfatizó que “el Gobierno decidió desechar la información disponible y fijar la UPC de manera caprichosa. Esta decisión afectará de manera grave al sector”.