A PARTIR del 20 de este mes y hasta el 10 de enero del 2025 gran parte del aparato judicial entra en receso por la vacancia prevista, lapso durante el cual funcionarán los servicios más esenciales. En el caso de las Altas Cortes quedan a la espera por producirse varios fallos clave.

Corte Constitucional

Se han presentado más de medio centenar de demandas al Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), que establece la hoja de ruta de la administración del presidente Petro. La Corte ha tumbado hasta el momento ocho artículos; sin embargo, queda un importante número de acciones por resolver.

Una de las demandas que está pendiente de fallo busca tumbar en su totalidad la Ley 2294 de 2023, con el argumento de que el informe de conciliación de la iniciativa en el Senado no fue publicado en la gaceta del Congreso con un día de anticipación, afectando el principio de publicidad.

También queda por resolver múltiples demandas contra la reforma tributaria, que el Congreso aprobó a finales del 2022.

Uno de los fallos que está por salir tiene que ver con el impuesto de renta, que en el parágrafo atacado establece una tasa mínima de tributación. El demandante pidió tumbar este aparte por el principio de equidad y justicia fiscal. La Procuraduría coincide en las motivaciones de esta acción, por lo que solicitó a la Corte declarar inexequible dicho parágrafo.

Igualmente, de la reforma tributaria queda para 2025 resolver demandas al impuesto al patrimonio.

Otro fallo clave es por la reforma pensional que impulsó el Gobierno y que fue aprobada por el Congreso en medio de polémicas, especialmente por los efectos fiscales. El Alto Tribunal ha admitido cinco demandas contra esta ley.

La principal razón de las acciones que se han presentado es porque la reforma no tuvo discusión en cuarto debate en la Cámara de Representantes, sino lo que hizo la plenaria fue acoger el texto que venía del Senado.

La procuradora Margarita Cabello en un concepto que entregó a la Corte pidió tumbar la reforma pensional porque dijo que en su trámite se afectó el principio democrático que exige una discusión abierta y plural, esto por lo ocurrido en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara.

En tanto que los departamentos están en ascuas esperando el fallo por una demanda al artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, en que establece el monopolio que tienen para la producción de licores y la facultad para restringir la venta de aguardientes de otras regiones.

Del mismo modo, está en el inventario por resolver en la Corte varias demandas a la llamada Ley de la Paz Total, que es el piso jurídico que tiene el Gobierno para adelantar conversaciones con los grupos armados al margen de la ley.

Una de las demandas es contra el parágrafo 6 del artículo 5 de esta Ley, el cual establece que las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogo cuyo propósito sea la protección de la población civil de los enfrentamientos armados serán vinculantes para las partes.

El demandante dice que esta disposición desconoce la distribución de competencias de producción normativa, pues incorpora al ordenamiento superior los acuerdos y los protocolos de paz, “eludiendo el procedimiento para concederles a dichos cuerpos dispositivos el rango de normas constitucionales”, indica el accionante.

Consejo de Estado

A pesar de que el Consejo de Estado decidió disponer de una sentencia anticipada para resolver la demanda de nulidad del nombramiento de José Peña como rector de la Universidad Nacional, es poco probable que alcance a evacuar este asunto de aquí al próximo 20 de diciembre.

En este proceso el Alto Tribunal rechazó la solicitud de suspensión provisional de Leopoldo Múnera, quien se posesionó como rector el 6 de junio de 2024, en un polémico proceso porque el Consejo Superior del alma mater ya había escogido a Peña.

No obstante, el Gobierno no estuvo de acuerdo con la escogencia de Peña, pues apoyó el nombre de Munera debido a que ganó una consulta entre los estudiantes y los profesores.

Este fallo en clave porque podría significar el regreso de Peña a la rectoría de la Nacional si el Consejo de Estado rechaza la demanda de nulidad de su escogencia por parte del Consejo Superior.

Así mismo, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre la legalidad del Decreto 1374 de 2013 que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.

La Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos de este Decreto, pues para el ente de control es pertinente que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, se abstengan de emitir resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su pronunciamiento sobre el alcance, efectos y límites del Decreto 1374 de 2013, que fue el primer intento para establecer parámetros que permitieran señalar reservas de recursos naturales de carácter temporal.

También quedan para el próximo año varias demandas de pérdida de investidura de congresistas, como Luis López Aristizábal, representante conservador por Antioquia, de quien el demandante acusa que luego de tomar posesión de congresista, continuó ejerciendo como gerente y representante legal de una empresa.

De igual manera, está a la espera definir una demanda de pérdida de investidura en contra del presidente de la Cámara, Jaime Salamanca Torres, porque no se declaró impedido para participar en el debate de la reforma laboral.

Igualmente, el Alto Tribunal dejaría para 2025 resolver la demanda de pérdida de investidura de la representante Adriana Arbeláez, Cambio Radical, por presunto conflicto de interés en la votación del Presupuesto General de la Nación del 2024, cuando se votó una proposición que buscaba aplazar por dos años la entrada en vigencia de los impuestos saludables, que fueron introducidos en la Reforma Tributaria.

Corte Suprema

Durante la vacancia judicial se suspenderá el desarrollo del proceso que abrió la Corte por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en donde según el entonces director de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, se usó la contratación a finales del 2023, con el fin de atender la crisis por el fenómeno del Niño, para entregar dineros y contratos a congresistas.

López aseguró que, en una reunión en noviembre del año pasado en la Casa de Nariño, en la que dijo que participaron algunos ministros y altos funcionarios, le dieron directrices para que entregara dinero y contratos a varios congresistas con el propósito de que votaran a favor las reformas del Gobierno.

Por estos hechos la Corte abrió indagación al expresidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quienes presuntamente recibieron $3.000 y $1.000 millones, según Pinilla.

También el Alto Tribunal investiga por presuntamente incurrir en el delito de cohecho a los senadores Liliana Bitar y Juan Gallo; y los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Muñoz.

A estos parlamentarios que integraban la Comisión de Crédito Público, según Olmedo López y María Benavides, exasesora en el Ministerio de Hacienda, les direccionaron tres contratos, con el supuesto conocimiento del entonces ministro Ricardo Bonilla, para que votaran a favor el aval al Gobierno para solicitar empréstitos a cargo de la nación.

Hace un par de semanas rindieron indagatoria en la Corte los parlamentarios Name y Calle; en tanto que esta semana hicieron lo propio los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes acudieron al derecho a guardar silencio; y la senadora Liliana Bitar.