HOY COMIENZAN las indagatorias en la Corte Suprema a cinco congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público, así como a un exparlamentario que hizo parte de la misma, porque supuestamente habrían recibido del Gobierno contratos para que votaran favorablemente conceptos para empréstitos a cargo de la nación. Hoy comparecerá la representante por las curules de paz, Karen Manrique; mañana, el representante conservador Wadith Manzur; y el miércoles la también senadora conservadora Liliana Bitar.

El próximo lunes el turno le corresponde al representante liberal a la Cámara por Antioquia, Julián Peinado; el próximo martes al senador liberal Juan Gallo; y el miércoles venidero al exrepresentante de la Alianza Verde a la Cámara por el Meta, Juan Muñoz Cabrera.

La semana pasada, declararon en la Corte el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, quienes fueron señalados de presuntamente recibir millonarias sumas de dinero para favorecer la aprobación de las reformas del Gobierno, recursos que salieron de la corrupción que se registró en la contratación que hizo la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a finales del año anterior para atender la crisis por la sequía producto del fenómeno del Niño, entidad dirigida entonces por Olmedo López, y que también participó en estos hechos el por esos días subdirector Sneyder Pinilla.

Los dos exfuncionarios aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía, están privados de la libertad, y en el marco de un acuerdo de colaboración salpicaron por estos hechos a altos funcionarios del Gobierno y congresistas.

López le dijo a la Fiscalía que en una reunión a finales de noviembre pasado en la Casa de Nariño, en la que según él participaron varios ministros y funcionarios de alto rango, le dieron instrucciones para entregar contratos y dinero a varios congresistas.

Señaló que estuvieron en esa reunión, entre otros, Carlos González, quien entonces era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Mientras que Pinilla sostuvo que hizo llegar a Iván Name $3.000 millones, supuestamente por medio de la entonces consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Y que él (Pinilla) personalmente fue al apartamento en Montería del representante Andrés Calle para entregarle $1.000 millones.

Producto de las declaraciones de López y Pinilla, la Corte abrió investigación a los siete congresistas mencionados y al excongresista Muñoz; mientras que la Fiscalía hizo lo propio con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro Luis Velasco; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, y la consejera Sandra Ortiz.

La Comisión

La Corte Suprema indicó que para abrir la investigación a los cinco congresistas y un excongresista se tuvieron en consideración más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales.

“Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la Ungrd”, detalló el Alto Tribunal.

Agregó que a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la Ungrd en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

Señaló también la Corte que la investigación indica que entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del 2023, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa Comisión durante ese año.

Los congresistas, así como funcionarios y exfuncionarios del Gobierno vinculados en este proceso, insisten en que no tienen que ver con esos hechos y que todo son mentiras de Pinilla y López para reducir la pena que recibirán.