La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a Emilio José Tapia Aldana los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la unión temporal Centros Poblados, cuyo objeto era llevar el servicio de Internet a 7.000 escuelas rurales; así como el posible desvío de una parte de los dineros entregados por concepto de anticipo.

Inicialmente, Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.

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Luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos, de los cuales $6.182’651.043 fueron entregados a Emilio Tapia, quien, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos).

El excedente, algo más de 5.063 millones de pesos, el hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato.

Tapia no aceptó los cargos. Actualmente, permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Picaleña, en Ibagué (Tolima).