Según lo previsto por el Gobierno, las inversiones contempladas en el articulado ascienden a $1.096 billones

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El Congreso de la República finalmente aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del Gobierno en materia de inversiones para los próximos cuatro años.

Con 58 de votos a favor y cuatro en contra, el Senado acogió en su totalidad el articulado que había sido aprobado, cinco horas antes, por la plenaria de la Cámara de Representantes. El proyecto pasa ahora a sanción presidencial.

A continuación algunos aspectos clave de lo aprobado.

Arancel a textiles

Los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo imponen un arancel de 37,9% a la importación de confecciones y establecen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.

Salvavidas a Electricaribe

Los artículos relacionados con esta empresa estipulan una serie de medidas, entre ellas, asumir el pasivo pensional de la empresa. El artículo más polémico, el 290, estipula la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio hora de energía eléctrica consumido para los usuarios de los estratos cuatro, cinco y seis, los comerciales e industriales y los no regulados. La sobretasa será temporal, entrará en vigencia a partir de la expedición del PND y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2022.

Facultades extraordinarias

Fueron aprobadas facultades extraordinarias para el Presidente de la República por seis meses. En primer lugar, el Jefe de Estado podrá “fusionar entidades públicas del sector financiero, tales como aseguradoras públicas y fiduciarias públicas como Fonade y Findeter con el fin de evitar duplicidades”.

El Mandatario también podrá reestructurar jerárquica y funcionalmente varias dependencias de la Contraloría, como la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, la Contraloría Delegada para el Sector Social, la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones. Además, podrá crear “nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de personal creando los empleos a que haya lugar”.

IVA a la gasolina

Fue aprobada la reducción del IVA para los combustibles del actual 19% al 5%. Esta disminución del impuesto va en conjunto con la reducción de los subsidios a los combustibles que provienen del Fondo de Estabilización de Precios, cuyo déficit es de unos $14 billones.

Vivienda rural

Se aprobó el traslado del programa de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda, contemplado en el artículo 262.

Cifras del Plan de Desarrollo

Las inversiones del Plan Nacional de Desarrollo ascienden a $1.096 billones. El articulado incorpora estrategias y herramientas para que las decisiones de política locales, regionales y nacionales estén orientadas a la reducción de la pobreza, la generación de empleo, el estímulo al crecimiento económico y a propiciar oportunidades.

La Cámara de Representantes avaló la meta del Gobierno nacional de crear 1,6 millones de empleos y reducir la tasa de desocupación de 12,8% a 7,9%, la más baja desde los años 90. La inversión social contemplada en el Plan busca impactar a 2 millones de niños con educación inicial.

El número de niños, que se beneficiarán del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con el proyecto, pasará de 5,3 millones a 7 millones entre 2018 y 2022. Simultáneamente se duplicarán los estudiantes en jornada única en colegios oficiales al pasar de 900.000 a 1,8 millones. Así mismo se multiplicará por cuatro veces el Programa Jóvenes en Acción llegando a 500.000 cupos.

El Plan estipula un aumento de los recursos para las inversiones en las regiones en el próximo cuatrienio, que alcanza la cifra de $851,9 billones, lo que representa el 77,7% de su valor total.

La región Pacífico, conformada por los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca tendrá $123,7 billones, lo que representa un crecimiento del 36,3% frente al cuatrienio anterior.

Para el Eje Cafetero y Antioquia, el ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, contempla inversiones por $136,6 billones, distribuidos entre Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia (aumento de 38,7%).

En la región Caribe están previstas inversiones en los próximos cuatro años por $182,8 billones, dirigidos a Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, lo que significa un aumento del 32,3% con respecto al anterior PND.

Los departamentos de la región Central (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Distrito Capital de Bogotá), tendrán inversiones por $235,2 billones, es decir, un aumento del 34% con respecto al cuatrienio anterior.     

Los Santanderes, tienen previstas en el Plan de Desarrollo inversiones por $62,0 billones, lo que representa un incremento del 18,5% frente al periodo 2014-2018.

La región Llanos y Orinoquía, de la que hacen parte los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, tendrá recursos por $70,4 billones, 41,1% más que en el cuatrienio anterior.

La Amazonía, región conformada por Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, tendrá según el ‘Pacto por Colombia’, $34,5 billones, lo que significa un aumento del 68,1% en las inversiones.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina están previstas inversiones por $3,5 billones en el cuatrienio 2018-2022, un aumento de 23,5% en comparación con el periodo 2014-2018.

Gremios demandarán arancel a textiles

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, y el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, anunciaron que demandarán ante la Corte Constitucional los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, aprobados por el Congreso, los cuales imponen un arancel de 37,9% a la importación de confecciones y establecen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, para precios por kilogramo a partir de los 20 dólares, en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional.

Los dirigentes gremiales consideran que, al incrementar los aranceles por esta vía, “el Congreso desbordó la atribución legislativa del artículo 150, numeral 19, literal c) de la Constitución Política, que solo permite al Congreso de la República dictar normas generales, señalar objetivos y criterios, e invadió las competencias del artículo 189, numeral 25 de la misma, en cuanto a la facultad del Gobierno nacional de modificar aranceles”.

De acuerdo con Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, “la decisión que tomó el Congreso tendrá un impacto directo en las clases media y baja que tendrán que pagar hasta 25% más en sus compras de vestuario”. “El vestuario es el cuarto rubro con mayor peso en la canasta familiar después de alimentos, vivienda y transporte. Por eso, incrementar los aranceles tiene un efecto regresivo”, puntualizó.

Por su parte, Javier Díaz, presidente de Analdex, reiteró su preocupación por las posibles retaliaciones que esta medida pueda generar por parte de algunos socios comerciales, las cuales afectarían a los exportadores colombianos. “Esta decisión va en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional”, explicó.

Decisión del Senado

El Senado acogió integralmente el texto de la Cámara por tiempos. El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, luego de que fuera aprobado el texto en ese cuerpo legislativo, citó para el miércoles una nueva sesión plenaria, por lo cual si el Senado aprobaba un articulado distinto no habría espacio para la conciliación. El plazo para la aprobación del Plan vencía el próximo martes 7 de mayo.

Varios senadores realizaron sendas críticas a Chacón por esta decisión. Sin embargo, para el senador conservador Efraín Cepeda esto es normal. “Esto que una cámara aprueba y se va ha sido de común ocurrencia durante muchos años. Nosotros mismos, honorables senadores, aprobamos la Ley de Financiamiento y el presupuesto y nos fuimos y le dejamos a la Cámara la aprobación del financiamiento y del presupuesto como venía del Senado de la República. Yo creo que la Cámara nos está devolviendo atenciones”, sostuvo.

Y añadió: “No podemos eludir nuestra cuota de responsabilidad. Aquí perdimos cinco semanas en la discusión de la ley estatutaria de la JEP, que hemos podido adelantar más rápidamente. Solo por el acuerdo político logrado pudimos abocarnos el Plan de Desarrollo, pero hubiésemos podido seguir en la JEP hasta el hundimiento del Plan”.