Reiterando que sin desbloqueos no hay negociación del pliego de emergencia presentado en julio, ayer volvieron a reunirse los voceros del Gobierno y el Comité Nacional de Paro.

Al término del encuentro, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, declaró que “hemos recibido una nueva propuesta de parte del Comité Nacional de Paro y tan rápido como pasado mañana estaremos sentándonos a revisarla”.

Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que el Comité “ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en ello”.

“Ante la negativa del Gobierno de firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica del 24 de mayo, hemos hecho una nueva propuesta al Gobierno nacional, donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos”.

En la mañana, antes de ingresar al auditorio Compensar de la 68, Archila se refirió a las marchas del silencio que se efectuaron en varias ciudades, tras la de Cali el martes pasado, manifestando que “esta mañana, miles de colombianos en representación de millones han enviado un mensaje claro: no más violencia, no más bloqueos, no más destrucción”.

Desbloqueos

Reiterando que, “en Colombia, el derecho a la protesta pacífica está constitucional y legalmente protegido”, Archila señaló que “abusando de este derecho no se pueden violentar los intereses de los demás ciudadanos, privándolos de sus propios derechos”.

Precisó además que los bloqueos son una práctica “ilegal y moralmente inadmisible. La totalidad de estos bloqueos debe terminar inmediatamente”.

“Por ello”, anotó, “lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos. Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno. Les pedimos que se comprometan a realizar cada gestión o conducta que sea necesaria para que se levanten, para que cesen por siempre en Colombia todos los bloqueos”.

“Para nuestra sorpresa, el Comité Nacional del Paro, en lugar de solidarizarse con los colombianos, ha insistido en su apoyo a los bloqueos”, expresó.

La referencia hecha por el consejero Archila corresponde a un comunicado del Comité emitido el viernes en el que argumentó que “los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas”.

Ayer, a través de un comunicado leído también al ingreso de la reunión, los voceros del Comité declararon que “a 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el Gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones”.

Anotaron que después de seis días de alcanzar un preacuerdo, ayer en la madrugada “el Gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes” a ese documento, agregando que, desde su punto de vista, “con los ‘ajustes’ el Gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del Esmad, la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría seguimiento al acuerdo, entre otras”.

“Además, incorporan una exigencia al Comité Nacional de Paro, para que condenemos y criminalicemos los cortes temporales de vías, o mal llamados ‘bloqueos’, desconociendo la postura que hemos hecho pública y las decisiones que se han tomado en varios territorios de reorientar los cortes de vías”, indicaron.

Para ellos, “no se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación”.

Marchas silenciosas

En Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y otras ciudades se hicieron marchas del silencio, como la adelantada el martes pasado en Cali, en contra de los bloqueos viales que generan desabastecimiento y los actos de vandalismo que desembocan en olas de violencia para la ciudad, así como en apoyo a la Fuerza Pública.

Las personas asistieron con camisetas blancas y banderas de Colombia a la calle. Algunas de las consignas que se escucharon entre los manifestantes fueron: “Policía, amigo, el pueblo está contigo”, “Dejen trabajar” y “No más protestas”.

En un mensaje divulgado por redes sociales, el padre Héctor Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), destacó que "Gobierno y Comité del Paro han manifestado su voluntad de continuar en la mesa de diálogo. Los facilitadores, ONU y CEC, siguen ayudando a la búsqueda de fórmulas para avanzar hacia acuerdos".

Por su parte, los 17 embajadores de la Unión Europea anunciaron que “respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión” de ayer “para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia”.

En la misma línea, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos” en Cali desde el viernes “donde 14 personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas por armas de fuego, en actos de violencia mientras la ciudad conmemoraba un mes de paro nacional”.

Para Bachelet, "estos hechos son aún más preocupantes dados los avances que se habían logrado para resolver, a través del diálogo, el malestar social, tras el inicio de un paro nacional contra varias políticas sociales y económicas del Gobierno".

Este fin de semana, la Defensoría del Pueblo, a propósito del anuncio del presidente Iván Duque sobre implementar “el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle”, consideró “relevante recordar que los principios dentro de los cuales se enmarca la asistencia militar se refieren a que la misma es una facultad temporal y excepcional, bajo la cual los miembros de las Fuerzas Militares quedan sometidos a las reglas de uso de la fuerza de la Policía Nacional y actúan bajo las órdenes de una autoridad civil”.

“Por lo tanto, la asistencia militar se debe desarrollar exclusivamente bajo parámetros de uso escalonado y proporcional de la fuerza, como garante y bajo los parámetros de los derechos humanos, con mayor rigor tratándose de asistencia en el marco de la protesta social”, puntualizó la Defensoría del Pueblo que, en ese contexto, estará “atenta a ejercer un control fuerte, estricto e intenso tal como lo establece la orden Octava de la Sentencia STC-7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia y en tal sentido, realizará la verificación previa de los implementos e identificaciones de cada uno de los agentes que participen del ejercicio de asistencia militar a la Policía Nacional, para determinar que los mismos correspondan a aquellos que pueden ser utilizados por el Esmad y la Fuerza Disponible”.