El juez 12 Penal Municipal, de Cartagena, con funciones de control de garantías legalizó la captura de las cinco personas señaladas de ser los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El delito trasnacional fue cometido el pasado 10 de mayo, en la isla de Barú, cuando el funcionario pasaba su luna de miel en Colombia.
Las audiencias de legalización llevaron acabo por separado, en el centro de servicios judiciales, de Cartagena, donde se acusó a los capturados de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
Este proceso avanzó con agilidad puesto a que el juez consideró que las autoridades procedieron de manera adecuada en la captura, registro y allanamiento. Del mismo modo la Fiscalía entregó suficiente material probatorio que vincula directamente a los procesados con el homicidio.
En la audiencia, la fiscalía reveló detalles minuciosos del delito y aseguró que Wender Still Scoth Carillo, venezolano, fue quien disparó en contra del fiscal Pecci; Eiverson Zabaleta Arrieta, cartagenero, tuvo a su cargo el transporte; Francisco Luis Correa, actúo como coordinador y articulador; y María Isabel Londoño y Cristian Camilo Monsalve, habrían sido los ‘marcadores’ o los encargados de hacer el seguimiento del fiscal.
“Dentro de esta investigación se obtuvo información relevante para establecer que estas dos personas –los dos sujetos que llegaron hasta donde se encontraba el fiscal a bordo de una moto acuática-no actuaron solos, sino también con la coautoría de otras personas, algunos que actuaron haciéndole seguimiento a la víctima y otro que fungió como articulador, y financiero dentro de esta investigación, es así que la Fiscalía logró obtener las cinco ordenes de capturas de los indiciados”, detalló el fiscal.
En cuanto a los detalles de la captura, el fiscal precisó que fue gracias a una fuente humana que indicó que los procesados se encontraban en el barrio El Robledo y la urbanización Arroyo de los Bernal, en la ciudad de Medellín.
“El día de ayer (2 de junio) en la ciudad se tuvo información sobre la posible ubicación donde se encontraban estas personas, razón por el cual ese mismo día a las 7:00 de la noche se profiere una orden de registro y allanamiento con fines de captura y con fines de obtener elementos material probatorios para coadyuvar a los elementos que ya se han obtenidos en esta investigación”, precisó.
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En esta misma operación, fueron incautadas armas, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, seis millones de pesos en efectivo, entre otros elementos.
En este mismo procedimiento judicial, uno de los procesados amenazó de muerte a los funcionarios judiciales y por ello el juez 12 Penal Municipal solicitó a las autoridades competentes tomar medidas para garantizar su seguridad.
“Finalmente este despacho quiere dejar una constancia dentro de las actuaciones y es que por parte de unos de los procesados se han hecho manifestaciones amenazantes en contra de los funcionarios que celebran esta actuación, precisamente indicando esa posibilidad de hallar en cualquier lugar de la república de Colombia con el fin de dar muerte”, señaló.