cuatro aspirantes a la presidencia en la cárcel
Detenciones en Nicaragua, un nuevo capítulo hacia el autoritarismo

AFP

El camino hacia el autoritarismo ha sido progresivo en Nicaragua desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007, pero la detención de por lo menos siete opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la Presidencia del país en los últimos días, con la excusa de incitar la intervención extranjera, parece marcar un nuevo punto de no retorno.

Las detenciones del politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro García, el exdiplomático Arturo Cruz, la periodista Cristiana Chamorro, el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri, la activista de la sociedad civil, Violeta Granera y por último del excanciller José Pallais (el día de ayer) se han constituido, de cara a las elecciones que tendrá el país el 7 de noviembre, en un escalamiento en la represión que ha venido aplicando el Gobierno desde hace ya casi 15 años.

Organismos internacionales tales como la ONU y la OEA condenaron de manera enfática las acciones del Gobierno nicaragüense y demandaron la libertad inmediata de los opositores en las últimas horas, pero el panorama no pinta nada bien por dos razones: la primera de ellas, porque lo que está pasando, lejos de ser una sorpresa, es un paso más hacia la degradación de la democracia que comenzó desde que el presidente Ortega asumió el cargo en 2007.

Y la segunda, porque si bien en este caso la presión internacional ha sido consistente y sostenida, no es mucho lo que ha logrado. Analistas consultados por EL NUEVO SIGLO consideran que es muy poco probable que dicha presión resulte en un cambio de comportamiento por parte del Ejecutivo, o que gracias a la misma se retome el cauce democrático en el país centroamericano.

Un largo camino al autoritarismo

Con relación al primer elemento, de acuerdo con el profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos y experto en temas de América Latina de la Universidad del Rosario, Matías Alejandro Franchini, lo que pasó en lo corrido de esta semana en Nicaragua es un paso más en el camino del autoritarismo del régimen de Daniel Ortega quien, desde que asumió la presidencia, comenzó a avanzar en las restricciones a las libertades, a la democracia, a la libertad de prensa, a la operación de otras fuerzas políticas, y por lo menos desde mediados de la década pasada comenzaron a sumarse denuncias de fraude electoral.

“Nicaragua ha ido progresivamente dejando de ser una democracia y transformándose en un régimen híbrido entre democracia y autoritarismo, pero te diría que desde el 2018 con más evidencia. Desde ese momento ya estamos viendo un régimen casi totalmente autoritario”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el internacionalista Franchini, quien añadió que “lo que estamos viendo ahora es un aumento en el nivel de autoritarismo y un escenario totalmente convergente con lo que venía pasando, pero de cara a nuevas elecciones. Es un desenlace natural de los últimos 15 años”.


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A este respecto es clave recordar que en el 2018 el régimen de Ortega se enfrentó a una rebelión popular y a una serie de protestas consecuencia de una reforma social que llevaron a una fuerte represión por parte del Gobierno hacia dichas manifestaciones, dejando un saldo de alrededor de 500 muertos.

En esto coincidió el internacionalista experto en temas latinoamericanos de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, quien refirió que lo que está pasando no es nuevo, tal vez el modus operandi sí, pero efectivamente esto viene de atrás.

“En las protestas de 2018 si no estoy mal se murieron 500 personas, una cifra escandalosa. Entonces tenemos un antecedente de represión masiva por protestas y ahora una exclusión selectiva de personas que pueden rivalizar con Ortega en las presidenciales. Creo que esto confirma una línea autoritaria que ya se venía perfilando, primero en 2018 por la represión a la ciudadanía y un poco antes en el 2014 cuando se incluyó la elección indefinida de Ortega”, dijo Jaramillo a EL NUEVO SIGLO.

Presión internacional 

Las detenciones arriba mencionadas provocaron en las últimas horas nuevas condenas y sanciones internacionales contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la OEA, entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.

Estados Unidos llamó el martes "dictador" a Ortega y dispuso hace dos días sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos al mandatario, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo. El Departamento del Tesoro sancionó a estos por su apoyo al régimen.

"Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar a los nicaragüenses", dijo esta semana el secretario de Estado, Antony Blinken, al anunciar las sanciones.

Ante la situación, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro pidió suspender la participación de Nicaragua del bloque regional porque considera que en el país "se produjo una alteración del orden constitucional", y solicitó al Consejo Permanente, que reúne a los 34 miembros activos de la OEA, realizar una reunión de urgencia para "considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana".

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, observaron en un pronunciamiento conjunto que los procesos penales contra los opositores violentan varios derechos y demandaron su "inmediata" liberación.


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Lo que diga EE.UU. podría tener efecto

Ante este pulso escenario de presiones y repudio por parte de la comunidad internacional, ¿qué podría pasar? ¿Tendrán todas estas presiones algún efecto? 

La historia reciente de América Latina ha demostrado que los excesos autoritarios en la mayoría de los países no son condenados de forma suficiente por la comunidad internacional como para revertir el cambio. El caso más obvio es Venezuela en donde ha habido sanciones, ha habido comisiones de derechos humanos y reportes de la propia Michelle Bachelet y ahí no hubo cambio. La comunidad internacional tiene poca capacidad para modificar la lógica de los asuntos internos de los países y en América Latina en particular esto ha sido difícil”, añadió a este medio el profesor Franchini.

A este respecto, el profesor Jaramillo resaltó que si se comparan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua con las que se han evidenciado en Chile, en Bolivia, en Haití, y en Colombia, por hacer mención de algunos en donde la comunidad internacional no ha hecho nada, “en Nicaragua sí se ha ejercido presión”.

“Ha habido varias rondas de sanciones individuales, primero de la Unión Europea y de Estados Unidos que ha sancionado desde 2014 a personas del gabinete de Gabriel Ortega como Rosario Murillo. De hecho la crítica que yo siempre he hecho es que la OEA no ha dicho nada de muchas situaciones graves, aparte de Venezuela y Nicaragua. Almagro ha sido supremamente activo con Nicaragua pero no ha dicho nada con relación por ejemplo a Bolivia en donde el año pasado hubo dos masacres muy graves. Nicaragua ha sido un caso en el que ha habido un activismo internacional muy grande, pero efectivamente no ha tenido efecto”,  finalizó diciendo.

No obstante, en el caso nicaragüense hay un punto que se debe tener en cuenta: Nicaragua es un país pequeño que depende más económicamente de Estados Unidos que otros países, razón por la cual lo que diga Washington sí podría tener algún efecto en el escenario actual.

“Quizás en este caso, si Estados Unidos asume una posición firme y establece una serie de sanciones, puede que haya un cambio de comportamiento. Sin embargo, me parece muy difícil que haya un cambio de régimen y que eso lleve a la caída de Ortega. Lo que puede haber es alguna presión para que eventualmente Ortega baje los niveles de represión y libere a algunos presos”, finalizó diciendo el internacionalista profesor de la Universidad del Rosario, quien reiteró que hay que prestarle más atención a la posición que asuma Estados Unidos.